Negligencia medica: reclamar los danos en la sanidad publica y privada

La medicina es una obligación de medios, no de resultados. El médico y el centro responden cuando no se aplicaron los medios y cuidados que la ciencia ponía razonablemente a su disposición (la llamada lex artis), no por cualquier resultado adverso. Es doctrina reiterada del Consejo de Estado y de los tribunales: la sanidad no es aseguradora de la curación.

Tampoco se indemnizan los daños que no se podían prever ni evitar según el estado de los conocimientos de la ciencia en ese momento (artículo 34.1 de la Ley 40/2015).

Sí suelen dar lugar a indemnización estos supuestos: el error o el retraso de diagnóstico y de tratamiento contrarios a la lex artis; la pérdida de oportunidad (un retraso o una omisión le privó de una probabilidad seria de curarse o de un mejor pronóstico: se indemniza esa probabilidad perdida, no todo el daño); el consentimiento informado defectuoso (si se materializó un riesgo del que no se le informó por escrito antes de una cirugía o de un procedimiento invasivo, artículos 8 y 10 de la Ley 41/2002, hay un daño indemnizable aunque la técnica fuera correcta); y el daño desproporcionado (un resultado anómalo e inexplicable para lo que era la intervención, que obliga al centro a dar una explicación convincente de lo ocurrido).

La vía es la reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración sanitaria, regulada en los artículos 32 a 37 de la Ley 40/2015 y tramitada conforme a la Ley 39/2015. Se presenta ante el servicio de salud autonómico que le atendió (su unidad de responsabilidad patrimonial), no ante el juzgado: no hace falta procurador y no tiene tasa.

Deben concurrir tres requisitos: un daño efectivo, evaluable económicamente e individualizado; que sea consecuencia del funcionamiento del servicio sanitario (nexo causal); y que usted no tenga el deber jurídico de soportarlo (artículo 32 de la Ley 40/2015).

El plazo es de 1 año, pero con una regla favorable: en daños físicos o psíquicos el año no se cuenta desde el acto médico, sino desde la curación o desde que queda determinado el alcance de las secuelas (artículo 67.1 de la Ley 39/2015). Una declaración de incapacidad permanente, por ejemplo, puede fijar ese momento.

El escrito debe especificar las lesiones, la relación de causalidad con la asistencia recibida, la evaluación económica del daño si es posible y la prueba propuesta (artículo 67.2). Si la cuantía reclamada alcanza los 50.000 euros (o la cifra que fije la ley autonómica), es preceptivo el dictamen del Consejo de Estado o del órgano consultivo autonómico (artículo 81.2).

Si le atendieron en un centro concertado por derivación de la sanidad pública, la reclamación se dirige igualmente a la Administración sanitaria responsable del concierto.

La Administración tiene 6 meses para resolver; si no contesta, la reclamación se entiende desestimada por silencio (artículo 91.3) y queda abierta la vía contencioso-administrativa, que ya es judicial y no está incluida en este trámite.

En la sanidad privada la vía es civil. Si existía contrato con la clínica o el facultativo (lo habitual: cirugía programada, tratamiento odontológico o estético, parto en clínica privada), la acción es contractual (artículo 1101 del Código Civil) y prescribe a los 5 años (artículo 1964.2, redacción de la Ley 42/2015). Si no hay relación contractual con quien causó el daño, la acción es extracontractual (artículo 1902) y prescribe en solo 1 año desde que usted conoció el daño (artículo 1968.2).

La pieza clave es la acción directa del artículo 76 de la Ley de Contrato de Seguro: usted (o sus herederos) puede reclamar directamente a la aseguradora de responsabilidad civil del médico o de la clínica, sin esperar a demandar al causante. El centro está obligado a comunicarle la existencia del seguro y su contenido.

Antes de pleitear se reclama por escrito fehaciente al centro y a su aseguradora: esa reclamación extrajudicial interrumpe la prescripción (artículo 1973 del Código Civil) y abre la negociación. Las aseguradoras suelen pronunciarse en 1 a 3 meses y muchos casos con pericial sólida terminan en acuerdo indemnizatorio sin juicio. Esta reclamación previa es la que Managora prepara y presenta por usted; la demanda civil posterior, si hiciera falta, no está incluida.

La historia clínica es la base de toda reclamación y usted tiene derecho a obtener copia completa, tanto en la sanidad pública como en la privada (artículo 18 de la Ley 41/2002). Se pide por escrito al centro; la primera copia es gratuita y debe entregarse en el plazo de un mes conforme a la normativa de protección de datos. Los límites: los datos de terceros y las anotaciones subjetivas de los profesionales pueden quedar fuera.

Si el paciente falleció, los familiares o personas vinculadas de hecho pueden acceder a la historia, salvo que el fallecido lo hubiera prohibido expresamente.

Pida la historia cuanto antes: el centro solo está obligado a conservarla un mínimo de 5 años desde el alta de cada proceso asistencial (artículo 17 de la Ley 41/2002), aunque varias comunidades amplían ese plazo. La solicitud, además, deja constancia fehaciente de fecha.

El informe pericial médico es la pieza central de la reclamación: un facultativo analiza la historia clínica, determina si se infringió la lex artis y cuantifica las secuelas conforme al baremo. Sin pericial, la reclamación rara vez prospera, porque frente a ella la Administración o la aseguradora opondrán los informes de sus propios servicios. Su coste es aparte y variable según la especialidad y la complejidad del caso.

No existe todavía un baremo específico para daños sanitarios. La ley permite tomar como referencia los baremos de los seguros obligatorios (artículo 34.2 de la Ley 40/2015) y, en la práctica, administraciones, aseguradoras y tribunales usan con carácter orientativo el sistema de valoración de la Ley 35/2015 (el baremo de tráfico).

Ese sistema valora tres bloques: el perjuicio personal básico (días de perjuicio y puntos de secuela según edad), el perjuicio personal particular (perjuicio moral, daños a familiares, pérdida de calidad de vida) y el perjuicio patrimonial (gastos acreditados y lucro cesante). Las cuantías se actualizan cada año: para 2026 han subido un 2,9 % (Resolución de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones de 3 de febrero de 2026).

Por eso no hay una cifra única para una negligencia: el importe depende de las secuelas puntuadas por el perito, de su edad, de los días de curación y del impacto económico acreditado. En los casos de pérdida de oportunidad, además, la indemnización se reduce en proporción a la probabilidad de curación que se perdió.

Desconfíe de promesas de indemnización concreta antes de ver la historia clínica y la pericial: ninguna cifra seria puede darse sin ellas.

Primera realidad: un mal resultado no basta. La reclamación prospera cuando la pericial demuestra una asistencia por debajo del estándar, una información defectuosa o un daño desproporcionado. Antes de reclamar conviene un análisis honesto de viabilidad.

Segunda realidad: los tiempos. En la vía pública, la Administración dispone de 6 meses y es frecuente que desestime o no conteste; el silencio no cierra el caso, abre la vía judicial. En la privada, la aseguradora suele responder en 1 a 3 meses y la negociación con pericial sólida es a menudo la salida más rápida.

Tercera realidad: la cuantía razonable la marca el baremo, no las expectativas. Documente todo desde el primer día: informes, bajas, facturas, desplazamientos y justificantes de gastos, porque el perjuicio patrimonial solo se indemniza si se acredita.

Managora estudia su caso, le indica la vía y el plazo aplicables, prepara la reclamación (la patrimonial ante el servicio de salud o la dirigida al centro privado y su aseguradora) y la presenta por usted, con la cuantificación del daño conforme al baremo de la Ley 35/2015. Puede ver el importe actualizado del servicio en la ficha del trámite de reclamación por daños sanitarios.