Obligaciones fiscales avanzadas de la empresa: operaciones vinculadas (232) y atribucion de rentas (184)

Son tres deberes fiscales menos conocidos que afectan a sociedades y entidades, y cuyo incumplimiento genera sanciones o responsabilidad por deudas ajenas. No tienen nada que ver entre sí salvo que suelen pasar desapercibidos hasta que Hacienda pregunta.

El modelo 232 es una declaración informativa de las operaciones que su sociedad realiza con partes vinculadas (socios, administradores, familiares de estos o empresas del mismo grupo) y con paraísos fiscales. El modelo 184 lo presentan las entidades en régimen de atribución de rentas (comunidades de bienes, sociedades civiles sin objeto mercantil y herencias yacentes), que no tributan ellas mismas sino que reparten sus rentas entre sus miembros. El certificado del artículo 43.1.f de la Ley General Tributaria es el documento que evita que usted responda de las deudas tributarias de sus contratistas y subcontratistas.

Managora identifica cuáles le aplican, calcula los umbrales, prepara la documentación de precios de transferencia y presenta cada modelo en plazo. Puede ver el importe de cada servicio en la ficha del modelo 232, del modelo 184 y del certificado de contratistas.

Están obligados los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes con establecimiento permanente que realicen operaciones con personas o entidades vinculadas (artículo 18.2 de la Ley 27/2014) por encima de determinados umbrales.

Hay que declarar cuando el conjunto de operaciones con la misma persona o entidad vinculada supera 250.000 euros a valor de mercado en el ejercicio. También, con independencia de ese importe, cuando las llamadas operaciones específicas del mismo tipo superan 100.000 euros, o cuando las operaciones del mismo tipo y método de valoración representan más del 50% de la cifra de negocios de la entidad. Son operaciones específicas, entre otras, las realizadas con personas físicas en estimación objetiva con participación igual o superior al 25%, la transmisión de negocios o participaciones no cotizadas, y las operaciones sobre inmuebles e intangibles.

Además, debe presentarse siempre que existan operaciones o tenencia de valores en paraísos fiscales (independientemente del importe) o cuando se aplique la reducción de rentas de intangibles (patent box) con vinculadas. Quedan fuera los grupos fiscales, las agrupaciones de interés económico y las UTE. Junto al modelo, la ley exige conservar la documentación de precios de transferencia que justifica que esas operaciones se valoraron a mercado. Managora prepara ambas cosas.

El modelo 184 es una declaración informativa anual de las entidades en régimen de atribución de rentas: comunidades de bienes, sociedades civiles sin objeto mercantil, herencias yacentes y otras entidades sin personalidad jurídica del artículo 35.4 de la Ley General Tributaria. Estas entidades no pagan impuesto sobre sus beneficios: informan de la renta obtenida y de la parte que se atribuye a cada socio, comunero, heredero o partícipe, que la incluirá después en su propio IRPF, Impuesto sobre Sociedades o IRNR.

Debe presentarlo toda entidad en atribución que ejerza una actividad económica, cualquiera que sea el importe de sus ingresos. Si no ejerce actividad económica (por ejemplo, una comunidad que solo alquila un inmueble), solo está obligada cuando obtiene rentas superiores a 3.000 euros anuales.

Cuidado con las sociedades civiles: desde 2016, las que tienen objeto mercantil tributan por el Impuesto sobre Sociedades (modelo 200) y no presentan el 184. Managora comprueba en cuál de los dos regímenes está su entidad antes de presentar nada.

Cuando usted contrata o subcontrata obras o servicios correspondientes a su actividad económica principal, el artículo 43.1.f de la Ley General Tributaria le convierte en responsable subsidiario de las deudas tributarias del contratista o subcontratista, en la parte de tributos que deban repercutirse (IVA) o retenerse (retenciones de IRPF) por esa obra o servicio. Si el subcontratista no ingresa esos importes, Hacienda puede reclamárselos a usted.

La ley ofrece una vía de escape: esa responsabilidad no será exigible si el contratista o subcontratista le entrega un certificado específico de estar al corriente de sus obligaciones tributarias, emitido por la Agencia Tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura. La responsabilidad queda limitada al importe de los pagos que se hagan sin ese certificado, o después de que hayan pasado doce meses sin renovarlo.

El certificado lo solicita a la AEAT quien va a ser contratado (el contratista o subcontratista), que después entrega copia al pagador. La Agencia lo emite o deniega en tres días hábiles; si no resuelve en ese plazo, el certificado se entiende emitido a favor del solicitante (silencio positivo) y el pagador queda igualmente cubierto respecto de los pagos de los doce meses siguientes. Su validez es de doce meses. Managora se encarga de solicitarlo, renovarlo y archivar la copia de cada factura, de modo que usted quede siempre cubierto.

Cada obligación tiene su ventana: el modelo 232 se presenta en el mes siguiente a los diez meses posteriores al cierre del ejercicio, lo que para las empresas con ejercicio en año natural significa del 1 al 30 de noviembre. El modelo 184 se presenta del 1 al 31 de enero del año siguiente. El certificado de contratistas no tiene fecha fija: se pide cuando se va a contratar y se renueva antes de que caduquen los doce meses.

Los modelos 232 y 184 son declaraciones informativas: presentarlas fuera de plazo, con datos incompletos o inexactos se sanciona conforme al régimen de la Ley General Tributaria para este tipo de declaraciones, con multas por cada dato o conjunto de datos y con importes mínimos y máximos. Presentar de forma espontánea, antes de que Hacienda le requiera, reduce la sanción a la mitad.

Managora vigila el calendario por usted y avisa antes de cada vencimiento. Los importes exactos de cada servicio figuran en las fichas de trámite correspondientes.