Reconocer su divorcio extranjero en Espana: inscripcion directa o exequatur

Sí, sin necesidad de abrir ningún procedimiento especial. El artículo 30 del Reglamento (UE) 2019/1111 (Bruselas II ter) establece que las resoluciones de divorcio, separación legal o nulidad dictadas en un Estado miembro se reconocen en los demás, y en particular que no hace falta procedimiento alguno para actualizar el Registro Civil español cuando la resolución ya no admite recurso en su país de origen. Este régimen se aplica a los procedimientos iniciados desde el 1 de agosto de 2022; para los anteriores sigue rigiendo el Reglamento (CE) 2201/2003 (Bruselas II bis), con el mismo esquema de reconocimiento directo.

Que no haya procedimiento no significa que no haya control. El Encargado de la Oficina del Registro Civil comprueba de forma incidental que no concurre ninguno de los motivos tasados de denegación del artículo 38 del Reglamento: contrariedad manifiesta con el orden público, sentencia dictada en rebeldía sin que el demandado fuera notificado con tiempo para defenderse, o resolución inconciliable con otra entre las mismas partes. Así lo viene aplicando la doctrina de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública en sus resoluciones sobre divorcios comunitarios.

La pieza clave es el certificado del artículo 36, que expide el propio órgano que dictó el divorcio con el formulario del anexo II del Reglamento. Con ese certificado y una copia auténtica de la sentencia no se exige apostilla ni legalización alguna (artículo 90 del Reglamento). Ojo: Dinamarca no participa en el Reglamento, así que un divorcio danés se trata como el de un tercer país. Managora comprueba qué norma cubre su caso, le indica exactamente qué pedir al tribunal de origen y presenta la inscripción por usted.

El exequátur es el procedimiento judicial que homologa en España una sentencia extranjera. Es la vía general para los divorcios dictados fuera de la UE (y los de Dinamarca), regulada en la Ley 29/2015, de cooperación jurídica internacional en materia civil. Si España tiene convenio bilateral con el país de origen, el convenio se aplica con preferencia y puede modular los requisitos (artículo 2 de la propia ley); el análisis es caso a caso.

La demanda se presenta ante el Juzgado de Primera Instancia del domicilio de la parte frente a la que se pide el reconocimiento o, en su defecto, del lugar donde la sentencia deba producir efectos (artículo 52). Es obligatorio actuar con abogado y procurador (artículo 54) e interviene el Ministerio Fiscal. La parte demandada dispone de 30 días para oponerse.

Primero hay un requisito previo: el artículo 44.1 de la Ley 29/2015 solo permite reconocer resoluciones extranjeras firmes, de modo que sin firmeza no hay nada que homologar. Superado ese filtro, el juzgado solo puede denegar el reconocimiento por las causas tasadas del artículo 46: que la resolución sea contraria al orden público, que se dictara con infracción de los derechos de defensa (en especial en rebeldía sin notificación regular y con tiempo suficiente), que el tribunal de origen careciera de una conexión razonable con el litigio, o que exista resolución o pleito incompatible en España. No se revisa el fondo del divorcio: no se juzga otra vez, solo se homologa.

Importante: aun tratándose de un tercer país, muchas veces no hace falta llegar al juzgado. El artículo 96 de la Ley del Registro Civil permite intentar primero el reconocimiento incidental ante el Encargado de la Oficina del Registro Civil, como explicamos en la sección siguiente. Managora estudia su sentencia y le dice con claridad si su caso admite esa vía rápida o si procede acudir al exequátur. La inscripción registral tiene su importe publicado en la ficha del trámite; el exequátur, al ser un procedimiento judicial con abogado y procurador preceptivos y con posible oposición de la otra parte, se trabaja siempre con presupuesto previo y personalizado, sin precio cerrado de antemano.

La inscripción solo procede si su matrimonio consta (o debe constar) en el Registro Civil español: matrimonios celebrados en España o matrimonios de españoles celebrados en el extranjero e inscritos en la Oficina Central o en una Oficina Consular. El divorcio se hace constar sobre esa inscripción de matrimonio, y a partir de entonces los certificados reflejan su estado de divorciado.

El artículo 96 de la Ley 20/2011 exige que la resolución extranjera sea firme y abre dos vías. Primera: inscripción tras superar el exequátur. Segunda: solicitud directa ante el Encargado de la Oficina del Registro Civil, que la practicará si verifica cuatro extremos: la regularidad y autenticidad formal de los documentos, que el tribunal de origen basó su competencia en criterios equivalentes a los españoles, que todas las partes fueron debidamente notificadas con tiempo suficiente, y que la inscripción no es manifiestamente incompatible con el orden público español.

Si el Encargado deniega la inscripción, no se acaba el camino: la propia ley deja a salvo la posibilidad de pedir el exequátur de la sentencia ante el juzgado o de recurrir ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública. Mientras tanto, la resolución puede anotarse en el Registro con valor informativo.

Managora prepara el expediente completo (solicitud, sentencia, certificados, traducciones) y lo presenta ante la oficina del Registro Civil que corresponda a su matrimonio, con seguimiento hasta la inscripción.

Para un divorcio de la UE: copia auténtica de la resolución y certificado del artículo 36 (anexo II) expedido por el órgano de origen; el Reglamento excluye la apostilla y cualquier legalización (artículo 90). La traducción al español puede ser necesaria para los campos de texto libre y para la propia sentencia si la oficina la requiere.

Para un divorcio de un tercer país: sentencia íntegra con acreditación de su firmeza (diligencia o certificado del tribunal de origen indicando que no cabe recurso), apostilla de La Haya si el país es parte del Convenio de 1961 o legalización diplomática si no lo es, y traducción jurada al español de todo lo que no esté en una lengua oficial española (artículo 95 de la Ley del Registro Civil admite la traducción de órgano o funcionario competente).

En ambos casos conviene aportar el certificado literal de matrimonio del Registro Civil español (para localizar el asiento sobre el que se anota el divorcio) y el documento de identidad de quien lo solicita: DNI, NIE o pasaporte. Managora revisa documento a documento antes de presentar nada, para que el expediente no se pare por un defecto formal.

Dentro de la UE, los divorcios formalizados en documento público o mediante acuerdo registrado (por ejemplo, ante notario o autoridad administrativa de otro Estado miembro) se reconocen sin procedimiento especial conforme a los artículos 64 y 65 del Reglamento 2019/1111, siempre que tengan efecto vinculante en el país de origen. Aquí el certificado imprescindible es el del artículo 66 (anexo VIII): sin ese certificado el documento o acuerdo no se reconoce en otro Estado miembro.

Fuera de la UE, el artículo 96.3 de la Ley del Registro Civil extiende el régimen de las resoluciones judiciales a las dictadas por autoridades no judiciales extranjeras cuando en España la materia corresponde a jueces y tribunales. Es el caso de los divorcios administrativos o notariales de terceros países: se examinan con los mismos controles (firmeza o carácter definitivo, competencia de la autoridad, garantías de las partes, orden público).

Los divorcios de jurisdicciones religiosas exigen un análisis especialmente cuidadoso: solo pueden valer si la autoridad religiosa ejerce funciones estatales en el país de origen y la forma de disolución respeta el orden público español; las fórmulas unilaterales que no dan intervención ni garantías al otro cónyuge plantean problemas serios de reconocimiento. Las resoluciones canónicas sobre matrimonio tienen su propio cauce en el artículo 61 de la Ley del Registro Civil. Managora estudia el documento concreto que usted tiene y le dice qué vía es viable antes de iniciar nada.

Para volver a casarse en España: el expediente matrimonial comprueba su estado civil, y si su matrimonio anterior sigue vivo en el Registro Civil español constará usted como casado y el nuevo matrimonio quedará bloqueado hasta inscribir el divorcio.

Para su patrimonio y sus derechos: liquidar y escriturar los bienes adjudicados en el divorcio (el Registro de la Propiedad exige que la sentencia extranjera esté reconocida para inscribir la finca a nombre de un solo cónyuge), delimitar herencias, acreditar el estado civil ante pensiones y prestaciones, y actualizar su situación en trámites de extranjería o nacionalidad. También evita riesgos reales: mientras el registro diga que sigue casado, embargos o deudas del excónyuge pueden acabar salpicando bienes que ya son solo suyos.

Si ninguno de los cónyuges es español y el matrimonio nunca se inscribió en España, no hay asiento que modificar; aun así, el reconocimiento puede necesitarse de forma incidental, por ejemplo para casarse aquí. En cualquier escenario, Managora lo prepara y lo presenta por usted: analiza si su caso permite la inscripción directa o requiere exequátur, reúne los documentos y sigue el expediente hasta el final. Para la inscripción y el reconocimiento registral del divorcio extranjero puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite; si el caso obliga a acudir al exequátur judicial, le entregamos antes un presupuesto cerrado para su caso concreto.