Regularizar criptomonedas no declaradas antes de que llegue Hacienda

Presentar usted mismo, antes de que Hacienda le requiera, una declaración complementaria del IRPF por cada año en el que vendió, cambió o gastó criptomonedas con ganancia y no lo incluyó en la Renta. La Ley General Tributaria (artículo 122) permite completar una autoliquidación ya presentada en cualquier momento, siempre que no haya prescrito el derecho de Hacienda a liquidar ese año. Si ni siquiera presentó la Renta, lo que se presenta es la declaración fuera de plazo, con las mismas reglas. Desde la Renta de 2024, la corrección se presenta como autoliquidación rectificativa, salga a pagar o a devolver; en la de 2023 y anteriores sigue siendo una complementaria. En esta guía, «complementaria» vale para las dos.

La diferencia con esperar es grande. Si regulariza por su cuenta, paga la cuota que faltaba y un recargo por el retraso, pero no hay sanción: el artículo 27 de la ley dice expresamente que el recargo excluye las sanciones. Si Hacienda le detecta primero, paga la misma cuota, intereses de demora y una sanción que empieza en el 50 % de lo que dejó de ingresar.

En Managora lo hacemos de principio a fin con la ficha Regularización de criptomonedas: reconstruimos sus operaciones de todos los exchanges y wallets, calculamos la ganancia o pérdida de cada año, presentamos las complementarias y, si le corresponde, el modelo 721 atrasado. Puede ver el importe actualizado en la ficha. Si ya tiene el cálculo hecho y solo le falta presentar un año, basta la ficha Declaración complementaria de la Renta.

Los que no han prescrito. Hacienda tiene cuatro años para liquidar un impuesto (artículo 66 de la Ley General Tributaria) y ese plazo empieza a contar el día siguiente a aquel en que terminó el plazo para presentar la Renta del año (artículo 67). Como la campaña de la Renta acaba el 30 de junio, cada ejercicio queda abierto cuatro años más desde esa fecha, salvo que el plazo se haya interrumpido.

A 1 de octubre de 2026 siguen abiertos los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025. El ejercicio 2021 ya ha prescrito: su plazo se agotó al cumplirse cuatro años del 30 de junio de 2022, salvo que Hacienda hubiera interrumpido la prescripción con alguna actuación notificada a usted sobre ese impuesto. Conserve, eso sí, el historial desde la primera compra aunque sea de un año cerrado: fija el coste con el que se calcula la ganancia de las ventas posteriores.

Cada año se regulariza por separado. La ley exige que la autoliquidación fuera de plazo identifique el periodo al que se refiere y contenga solo los datos de ese periodo (artículo 27.4). Mezclar ganancias de varios años en una sola declaración hace perder el recargo y convierte el retraso en infracción leve (artículo 191.6).

Toda operación que cambie la composición de su patrimonio genera una ganancia o una pérdida patrimonial (artículo 33 de la Ley del IRPF). Con criptomonedas eso ocurre al venderlas por euros u otra moneda, al cambiar una criptomoneda por otra aunque el dinero nunca pase por euros, y al pagar un bien o un servicio con ellas. Comprar y mantener no tributa en el IRPF.

La ganancia es la diferencia entre lo que obtuvo al transmitir y lo que le costó adquirir, con las comisiones de compra y venta. Cuando ha comprado la misma criptomoneda en varias fechas, Hacienda aplica el criterio FIFO: se entiende que vende primero las unidades que compró primero, sumando las de todos sus exchanges y wallets.

Las ganancias y pérdidas de criptomonedas tributan en la base del ahorro. Para 2025 la escala es del 19 % hasta 6.000 euros, del 21 % de 6.000 a 50.000, del 23 % de 50.000 a 200.000, del 27 % de 200.000 a 300.000 y del 30 % a partir de 300.000 euros. Los tramos son iguales en toda España salvo País Vasco y Navarra, que tienen su propio IRPF.

Las recompensas de staking y de lending se declaran como rendimiento del capital mobiliario, también en la base del ahorro; los airdrops van a la base general, a su tipo marginal. Si no sabe qué operaciones tuvo cada año, la ficha Informe fiscal de criptomonedas de Managora consolida todos sus movimientos y le entrega el resultado por ejercicio con las casillas del modelo 100.

Si presenta la complementaria sin requerimiento previo, paga un recargo del 1 % más otro 1 % por cada mes completo de retraso, contado desde el final del plazo de la Renta de ese año (artículo 27.2). Hasta los doce meses no hay intereses de demora. Pasados doce meses, el recargo es fijo del 15 % y se añaden intereses de demora desde el día siguiente al fin de esos doce meses hasta el día en que presenta, al 4,0625 % anual en 2026.

El recargo se rebaja un 25 % si paga la deuda de la complementaria al presentarla y paga después el recargo en el plazo que indique la liquidación que le notifica Hacienda (artículo 27.5). También se conserva la rebaja si pide al presentar un aplazamiento o fraccionamiento garantizado con aval o seguro de caución y cumple los plazos. Con la rebaja, el 15 % se queda en el 11,25 %.

Que ya no hay recargo, hay sanción. Para la ley, requerimiento previo es cualquier actuación de Hacienda que usted conozca formalmente y que vaya dirigida a comprobar, regularizar o liquidar esa deuda (artículo 27.1). El reglamento sancionador lo dice igual: la regularización es voluntaria si se hace antes de que le notifiquen un requerimiento o el inicio de una comprobación.

La sanción por dejar de ingresar se calcula sobre la cuota no pagada (artículo 191). Es leve, con multa del 50 %, si la cuota no supera 3.000 euros o, superándolos, no hubo ocultación. Es grave, del 50 % al 100 %, si supera 3.000 euros y hubo ocultación. Es muy grave, del 100 % al 150 %, si se usaron medios fraudulentos. A eso se suman la cuota y los intereses de demora desde el día siguiente al fin del plazo de la Renta.

En cuantías muy altas entra en juego el delito fiscal, que el Código Penal fija en una cuota defraudada de más de 120.000 euros por impuesto y año. Aquí la regularización completa también protege: Hacienda no pasa el caso al Ministerio Fiscal si usted reconoció y pagó toda la deuda antes de que le notificaran el inicio de una comprobación (artículo 252 de la Ley General Tributaria).

El modelo 721 es la declaración informativa de criptomonedas situadas en el extranjero (artículo 42 quater del Reglamento de gestión e inspección). Lo presenta el residente en España que, a 31 de diciembre, tenía criptomonedas custodiadas por un proveedor extranjero por más de 50.000 euros en conjunto. El plazo va del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente, y se presentó por primera vez en 2024, por el ejercicio 2023.

En los años siguientes solo se repite si el saldo conjunto sube más de 20.000 euros respecto de la última declaración, o si deja de ser titular. No entra lo que guarda en un exchange que ya informa en España con el modelo 172, ni lo que tiene en una wallet propia cuyas claves controla usted: la norma solo habla de criptomonedas custodiadas por quien guarda las claves por cuenta de terceros.

Las multas antiguas del 720 desaparecieron. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 27 de enero de 2022 (asunto C-788/19) y la Ley 5/2022, al 721 se le aplica el régimen general. No presentarlo cuesta 20 euros por dato, con un mínimo de 300 y un máximo de 20.000 euros (artículo 198.1). Si lo presenta tarde sin requerimiento, todo se reduce a la mitad: 10 euros por dato, mínimo 150 y máximo 10.000 euros (artículo 198.2).

El 721 no lleva impuesto que pagar, así que no se le aplica la multa del 50 % al 150 % del artículo 191; esa es para la cuota de IRPF que dejó de ingresar. Son dos obligaciones distintas y se regularizan por separado. La ficha Modelo 721 de Managora prepara y presenta los que le falten.

Las pérdidas también cuentan, pero solo si constan en la declaración. Las ganancias y pérdidas patrimoniales del año se compensan entre sí; si queda saldo negativo, compensa hasta el 25 % de los rendimientos del capital mobiliario de ese año, y lo que sobre se arrastra a los cuatro años siguientes (artículo 49 de la Ley del IRPF).

La Dirección General de Tributos exige que la pérdida se haya declarado en el año en que se produjo para poder compensarla en los siguientes. Si no la incluyó, se corrige aunque no salga nada a pagar: desde la Renta de 2024, con la misma autoliquidación rectificativa; en la de 2023 y anteriores, con una solicitud de rectificación, que es la vía a la que remite el artículo 122.2 cuando el resultado no es una cantidad mayor a pagar.

Por tres vías. Desde el ejercicio 2023, los proveedores residentes o con establecimiento en España informan a la Agencia Tributaria de los saldos de sus clientes (modelo 172) y de sus operaciones de compra, venta, permuta y transferencia (modelo 173). Hacienda cruza esos datos con lo que usted declara en la Renta.

La segunda vía es el propio modelo 721, que presentan los residentes con más de 50.000 euros en criptomonedas custodiadas fuera de España. La tercera es la cooperación europea: con la directiva DAC8, los proveedores de criptoactivos de la UE recogen datos de sus clientes desde el 1 de enero de 2026 y el primer intercambio entre países está previsto para 2027. A 1 de octubre de 2026 la ley española que la transpone no se ha publicado en el BOE.

Lo que no se regulariza ahora es cada vez más probable que llegue como requerimiento, y desde ese momento el recargo deja paso a la sanción.