CBAM: el ajuste en frontera por carbono si usted importa

El CBAM (en español, MAFC) es el mecanismo que pone al carbono importado el mismo precio que ya paga la industria europea por sus emisiones. Lo creó el Reglamento (UE) 2023/956 y funciona de una forma muy sencilla de resumir: usted declara cuántas emisiones lleva dentro la mercancía que importa y entrega certificados que cubren esas emisiones.

Entre el 1 de octubre de 2023 y el 31 de diciembre de 2025 hubo un periodo transitorio en el que solo había que informar cada trimestre, sin pagar nada. Ese periodo terminó. Desde el 1 de enero de 2026 rige el régimen definitivo: hace falta autorización previa para poder importar (salvo quien queda por debajo del umbral), se calculan las emisiones de todo el año y se entregan certificados que cuestan dinero.

El cambio importa mucho en la práctica porque el control es aduanero. La aduana no deja despachar a libre práctica una mercancía CBAM a quien no acredite su situación en la declaración de importación, así que el problema no aparece en una liquidación futura, aparece en el muelle.

El CBAM cubre seis familias: cemento, hierro y acero, aluminio, fertilizantes, hidrógeno y electricidad. No se decide por el nombre comercial del producto ni por el sector de su empresa, se decide por el código NC de ocho dígitos que figura en el anexo I del Reglamento. Dos referencias que usted llama igual pueden tener códigos distintos y solo una estar dentro.

La forma rápida de comprobarlo es mirar la medida TARIC 775-CBAM asociada a la partida: si salta en el despacho, la mercancía está afectada y hay que consignar un código de documento en la declaración aduanera.

Quedan fuera las mercancías originarias de la Unión Europea y las originarias de Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, además de Büsingen, la isla de Helgoland, Livigno, Ceuta y Melilla. Ojo con una confusión frecuente: Canarias sí está dentro, porque forma parte del territorio aduanero de la Unión aunque tenga régimen fiscal propio. El Régimen Económico y Fiscal de Canarias no exime del CBAM.

También quedan fuera las mercancías destinadas a actividades militares.

Este es el filtro que decide si usted tiene obligaciones o no. El Reglamento (UE) 2025/2083 sustituyó el antiguo umbral de 150 euros por envío por un umbral único de masa: 50 toneladas netas acumuladas por importador y año natural. Si en todo el año no supera esas 50 toneladas sumando cemento, hierro y acero, aluminio y fertilizantes, queda exento de las obligaciones del CBAM, incluida la de solicitar la autorización.

Hay dos matices que conviene tener claros. El primero: el umbral es acumulado y anual, no por operación ni por proveedor, de modo que puede superarlo a mitad de ejercicio sin darse cuenta si no lleva la cuenta. Y si lo supera, responde de las emisiones de todo lo importado en el año, también de las toneladas anteriores; por eso, si prevé superarlo, tiene que pedir la autorización antes. El segundo: la electricidad y el hidrógeno no entran en esa exención, ahí no hay umbral que valga.

La exención tampoco es silenciosa. Aunque esté por debajo de las 50 toneladas, en cada declaración de importación hay que consignar el código que acredita la exención, porque si no la aduana entiende que está importando sin estar autorizado.

El umbral puede moverse: cada año, a más tardar el 30 de abril, la Comisión evalúa si la exención deja fuera como máximo el 1 % de las emisiones implícitas importadas, y lo modifica mediante un acto delegado cuando el valor recalculado se aparta del vigente en más de 15 toneladas, con efectos desde el 1 de enero del año siguiente. Conviene, por tanto, comprobar el valor vigente antes de cerrar la planificación del ejercicio.

La solicitud se presenta en el registro CBAM de la Comisión Europea, con certificado electrónico, y quien la resuelve en España es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que es la autoridad nacional competente a estos efectos. La AEAT no concede esta autorización, la comprueba en el despacho. El MITECO evalúa la solicitud en 120 días naturales desde que la recibe, plazo que puede ampliarse si pide información adicional o si usted ajusta la solicitud.

Puede solicitarla el importador establecido en un Estado miembro o, cuando actúa en representación aduanera indirecta, su representante aduanero. Se exige número EORI en vigor, historial de cumplimiento aduanero y fiscal, y capacidad financiera y operativa. Si la empresa no estaba establecida en los dos ejercicios anteriores al de la solicitud, se le exige además una garantía bancaria a primer requerimiento, u otra de seguridad equivalente, por el valor de los certificados que correspondan a sus importaciones estimadas; el MITECO todavía no ha publicado el documento que concreta cómo se constituye y se calcula. Hay que aportar, entre otros datos, un certificado genérico de estar al corriente con la AEAT con una antigüedad de no más de tres meses. Con un EORI que empieza por ESN (no establecido) no se puede pedir en España: la pide el representante aduanero indirecto.

Hubo una válvula de escape para el arranque de 2026: quien presentó la solicitud a más tardar el 31 de marzo de 2026 puede seguir importando de forma provisional hasta que se resuelva, salvo en electricidad e hidrógeno, con el código Y238. La AEAT indicó como plazo previsto de ese código el 27 de septiembre de 2026: si su solicitud sigue pendiente, confirme con la aduana antes de cada despacho que se sigue admitiendo. No es una solución para quien empiece a importar ahora.

Sin EORI no hay solicitud posible, así que ese es el primer paso. Si su NIF no empieza por N, M, X o Y, la AEAT le asigna el EORI de oficio (ES más su NIF) al presentar su primera declaración en aduana, pero puede pedirlo antes, y tiene que hacerlo si necesita la autorización CBAM y todavía no ha presentado ninguna declaración en aduana; si su NIF empieza por una de esas letras, siempre hay que pedirlo. Se pide por el procedimiento DC13, sin tasa ni plazo oficial de resolución, así que no conviene apurar el calendario. Managora le pide el EORI si aún no lo tiene y presenta por usted la solicitud de declarante autorizado, como apoderado suyo con el apoderamiento DB0117 (Acceso registro CBAM) de la AEAT, con la documentación que pide el registro.

Las emisiones implícitas son las que se generaron al producir la mercancía, no las del transporte. La regla general es usar datos reales de la instalación de origen, y en ese caso el dato tiene que venir verificado por un verificador acreditado. Cuando no hay datos reales verificados, se usan los valores por defecto que publica la Comisión, que no llevan informe de verificación pero sí un recargo: del 10 % en 2026, del 20 % en 2027 y del 30 % desde 2028 (del 1 % en fertilizantes). Por eso suelen resultar menos favorables que un dato real bien documentado.

El precio del certificado no lo fija usted ni lo negocia: lo publica la Comisión a partir del precio de subasta de los derechos de emisión europeos. En 2026, de forma excepcional, se publica una media trimestral, cuatro precios al año. Desde 2027 pasa a ser semanal.

Sobre el número de certificados a entregar se aplican dos reducciones. La primera es el ajuste por la asignación gratuita que todavía recibe la industria europea: se descuenta lo que recibiría gratis un productor europeo por el mismo producto, calculado con el valor de referencia de ese producto multiplicado por el factor CBAM, que es del 97,5 % en 2026 y baja cada año hasta desaparecer. No se descuenta el 97,5 % de sus emisiones: cuánto queda por pagar depende del producto y de si usa datos reales o valores por defecto, y con valores por defecto el resultado no tiene por qué ser pequeño. La segunda es el precio del carbono que ya se pagó efectivamente en el país de origen, que se descuenta si usted conserva la prueba documental y esta la certifica una persona independiente.

Comprar certificados no es posible en 2026. La venta por los Estados miembros arranca el 1 de febrero de 2027, en una plataforma común central a la que accede el propio declarante desde su cuenta del registro CBAM, y desde 2027 hay además una disciplina de cartera: al cierre de cada trimestre hay que tener certificados por al menos el 50 % de las emisiones implícitas acumuladas del año.

Cuando la partida está afectada por la medida TARIC 775-CBAM, la declaración aduanera de importación tiene que llevar un código de documento que explique su situación, y ese código se consigna en el elemento de dato 12 04 002 000. Si es declarante autorizado, se declara el número de cuenta CBAM, que la UE valida automáticamente contra el registro. Si está por debajo de las 50 toneladas, se declara el código de importador no autorizado que importa menos de ese umbral.

Un error en ese dato no es un defecto formal: bloquea el levante de la mercancía. Es el punto donde más expedientes se atascan, porque el departamento de compras no suele saber que la partida es CBAM hasta que la aduana la para.

Conviene además revisar quién figura como importador y con qué tipo de representación, porque de ahí depende sobre quién recae la obligación. Managora le indica qué código CBAM hay que consignar en el elemento de dato 12 04 002 000 (Y128 con su número de cuenta CBAM, o Y137 si no prevé superar las 50 toneladas) y revisa su EORI. La declaración en aduana la presenta su empresa o un representante aduanero inscrito.

Hay tres consecuencias distintas y conviene no mezclarlas. La primera es inmediata y aduanera: sin la condición acreditada, la mercancía no se despacha a libre práctica, con el coste de almacenaje y de demora que eso arrastra.

La segunda es la multa por no entregar los certificados que correspondan a las emisiones declaradas. Se calcula por cada certificado que falta, tomando como referencia la sanción por exceso de emisiones del régimen europeo de comercio de derechos, y pagarla no sustituye a la obligación de entregar los certificados pendientes.

La tercera afecta a quien ha importado por encima del umbral sin ser declarante autorizado: la sanción es de tres a cinco veces la anterior por cada certificado no entregado, calculada sobre todas las emisiones de lo importado en el año, y pagarla le libera de declarar y de entregar certificados por esas importaciones. La autoridad puede reducirla cuando el umbral se supera en un 10 % como máximo o cuando se deniega la solicitud presentada a más tardar el 31 de marzo de 2026, pero nunca por debajo de la sanción ordinaria.

A todo ello se suma el efecto reputacional ante la aduana. Un historial de incumplimientos pesa cuando después se pide una simplificación aduanera o la certificación de Operador Económico Autorizado.

Managora lo prepara y lo presenta por usted: la solicitud de declarante CBAM autorizado ante el MITECO, como apoderados suyos con el apoderamiento DB0117 de la AEAT; la declaración CBAM anual, cuya presentación el Reglamento le permite delegar; y el EORI, si aún no lo tiene, todo ello en línea y sin que usted tenga que desplazarse. Usted sigue siendo el declarante y el responsable, y los certificados los compra desde su propia cuenta del registro CBAM; nosotros calculamos cuántos necesita. La declaración en aduana la presenta su empresa o un representante aduanero inscrito, con el código CBAM que le dejamos indicado. Si además le interesa dar el paso a la certificación de Operador Económico Autorizado, también preparamos y presentamos esa solicitud, con una advertencia honesta: ese expediente no se agota en la tramitación electrónica, porque la Aduana realiza una auditoría de sus instalaciones y de sus procesos antes de conceder el estatus. Puede ver las condiciones de cada servicio en su ficha y encargarlo en línea.