El convenio de doble imposición entre España y Estados Unidos

El texto vigente es el convenio firmado en Madrid el 22 de febrero de 1990 y publicado en el BOE el 22 de diciembre de 1990, modificado por el Protocolo y su Memorando de entendimiento de 14 de enero de 2013, publicados en el BOE el 23 de octubre de 2019 y en vigor desde el 27 de noviembre de 2019. Cuando alguien le diga que el convenio es de 1990 y otro le diga que es de 2019, los dos tienen parte de razón: es el mismo convenio con el Protocolo incorporado.

Su ámbito es estrecho y conviene tenerlo claro desde el principio: solo cubre impuestos sobre la renta. Por el lado español, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el Impuesto sobre Sociedades, y por extensión el Impuesto sobre la Renta de no Residentes que grava a quien vive fuera. Por el lado estadounidense, los impuestos federales sobre la renta.

Lo que deja fuera es de donde vienen la mayoría de los disgustos. El convenio no cubre el Impuesto sobre el Patrimonio, no cubre el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y no cubre los impuestos sobre la renta que cobran los estados norteamericanos por su cuenta, como California o Nueva York. Si usted hereda de un familiar en Estados Unidos, o si le toca declarar patrimonio en España, el convenio no le protege de nada y hay que resolverlo con la ley interna de cada sitio.

En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no existe una cifra única para toda España: cada comunidad autónoma aprueba su propia tarifa y sus reducciones, y Navarra y el País Vasco aplican normativa foral propia. Saber qué normativa le corresponde es el primer paso, y no siempre es la de donde está el dinero.

Es la pregunta que hay que responder antes que ninguna otra, porque la misma operación tributa de forma distinta según la respuesta. El residente fiscal en España declara aquí toda su renta mundial, incluida la americana. El residente fiscal en Estados Unidos solo declara en España lo que obtenga de fuente española.

El convenio no inventa un criterio propio: primero cada país aplica su ley interna. España le considera residente si permanece más de 183 días en territorio español durante el año natural, si tiene aquí el núcleo principal de sus intereses económicos, o si residen en España su cónyuge no separado y sus hijos menores dependientes. Las ausencias esporádicas cuentan como días de permanencia salvo que acredite con certificado oficial su residencia fiscal en otro país.

Si los dos países le consideran residente a la vez, se abre un conflicto que resuelven las reglas de desempate del artículo 4 del convenio, y se aplican en orden estricto, no a elección: primero, dónde tiene una vivienda permanente a su disposición; si la tiene en los dos, dónde está su centro de intereses vitales, que son sus relaciones personales y económicas más estrechas; si no se puede determinar, dónde vive habitualmente; si vive en los dos o en ninguno, de qué país es nacional; y solo si es nacional de los dos o de ninguno deciden las autoridades de común acuerdo. La nacionalidad es el cuarto criterio, no el primero.

El Protocolo añade un matiz importante para quien tiene pasaporte estadounidense o tarjeta de residencia permanente, la conocida tarjeta verde: a efectos del convenio solo se le considera residente de Estados Unidos si tiene allí una presencia sustancial o si el desempate le atribuye esa residencia. Tener el pasaporte, por sí solo, no le convierte en residente estadounidense frente a Hacienda.

Si su caso está en la frontera, no lo resuelva a ojo. En la ficha Análisis de Residencia Fiscal y Conflictos de Doble Imposición elaboramos un dictamen con su situación personal y económica para que pueda sostener su postura ante un requerimiento, y puede ver el importe actualizado en esa misma ficha.

Aquí está la parte del convenio que más dinero mueve, y es donde el Protocolo cambió las reglas. Los dividendos admiten retención en el país de origen con un tope del 15 % del importe bruto con carácter general, que baja al 5 % cuando quien los cobra es una sociedad que posee al menos el 10 % de las acciones con derecho a voto de la que los reparte.

El Protocolo introdujo además dos supuestos de exención total, sin retención alguna en origen: cuando la sociedad que cobra posee al menos el 80 % del capital con derecho de voto durante un periodo de doce meses que termina en la fecha en que se determina el derecho al dividendo, y cuando quien cobra es un fondo de pensiones exento de imposición o sujeto a tipo cero. Ambos casos exigen superar la cláusula de limitación de beneficios, pensada para impedir que una sociedad instrumental se cuelgue del convenio.

Los intereses y los cánones tributan, con carácter general, solo en el país donde reside quien los cobra: cero retención en origen. La excepción está en Estados Unidos, que conserva la posibilidad de gravar los llamados intereses contingentes hasta un 10 % de su importe bruto y determinados intereses de préstamos REMIC según su ley interna. Para un particular con una cartera normal de renta fija, la regla práctica es que el interés no lleva retención americana.

Si le preocupa la cláusula de limitación de beneficios, tenga en cuenta que el propio convenio considera persona calificada, de forma automática, a toda persona física. Un particular no tiene que pelear ese artículo: es un filtro pensado para estructuras societarias.

El tipo reducido no cae solo. Hay que acreditar la residencia antes de cobrar: el residente en España que invierte en Estados Unidos entrega el formulario W-8BEN a su bróker o pagador, y el residente en Estados Unidos que cobra de una entidad española le entrega el certificado de residencia fiscal a efectos del convenio. Sin ese papel, el pagador estadounidense retiene el tipo general del 30 % que prevé la ley americana para no residentes, y la entidad española retiene sin descuento.

Cuando la retención ya se ha practicado de más, se recupera: en España con el modelo 210 solicitando la devolución de la diferencia entre lo retenido y el tope del convenio, y en Estados Unidos ante el IRS. Son dos ventanillas distintas y no se pueden cruzar: la Agencia Tributaria no devuelve impuesto americano.

No. El convenio incluye una cláusula de salvedad por la que Estados Unidos se reserva el derecho a gravar a sus ciudadanos como si el convenio no existiera, vivan donde vivan. Mudarse a España no cierra su expediente ante el IRS: sigue presentando su declaración anual americana por su renta mundial.

La consecuencia práctica es dura y casi nadie la conoce a tiempo: si Estados Unidos le grava por su condición de ciudadano, ese impuesto no le da derecho a deducción por doble imposición en el IRPF español. Es Estados Unidos, y no la Agencia Tributaria, quien debe corregir esa doble imposición, y lo hace descontando en su declaración americana el impuesto pagado en España. Si usted intenta descontar en España lo que pagó en Estados Unidos por ser ciudadano, se lo van a rechazar.

Para eso existen el Form 1116, que aplica el crédito por impuestos extranjeros en la declaración americana, y el Form 8833, con el que se comunica al IRS que está tomando una posición basada en el convenio. La cláusula de salvedad tiene excepciones tasadas: no afecta, entre otras, a la deducción por doble imposición, a la no discriminación ni al procedimiento amistoso.

Un aviso para quien piense que renunciar a la ciudadanía resuelve el problema: el límite expreso de diez años que recogía el texto original de 1990 lo suprimió el Protocolo en vigor desde 2019, de modo que la salida no se resuelve dejando pasar un plazo. Quien renuncia queda sujeto a la normativa estadounidense de expatriación, y conviene analizar el caso antes de dar el paso.

Y a las obligaciones de informar no se renuncia. Como residente en España tendrá que presentar el modelo 720 y el modelo 721 si sus bienes, derechos o monedas virtuales en el extranjero superan el umbral, y como persona sujeta a la ley americana, el FBAR cuando el saldo agregado de sus cuentas fuera de Estados Unidos supere los 10.000 dólares. Son declaraciones informativas: no se paga con ellas, pero no presentarlas sale caro.

Hay que distinguir tres cosas que el cliente suele meter en el mismo saco, porque el convenio las trata de forma distinta.

La pensión de un empleo privado anterior tributa solo en el país donde reside quien la cobra. Si usted vive en España y cobra una pensión privada americana, la declara aquí, en su modelo 100, y Estados Unidos no debería gravarla, salvo que usted sea ciudadano estadounidense y entre en juego la cláusula de salvedad, en cuyo caso es Estados Unidos quien tiene que corregir.

Los pagos de la Seguridad Social estadounidense siguen otra regla: el convenio permite que los grave también el país que los paga, es decir, Estados Unidos. Usted, como residente en España, los declara aquí y se deduce el impuesto soportado allí. Es el error más repetido en esta materia, porque mucha gente da por hecho que la Social Security queda exenta en España, y no es así.

La pensión por haber trabajado para la Administración estadounidense, la llamada pensión de función pública, tributa solo en Estados Unidos, con una excepción: si usted es residente en España y además nacional español, tributa solo en España. Cuando la pensión queda exenta aquí por atribuirla el convenio a Estados Unidos, la Agencia Tributaria la tiene igualmente en cuenta para calcular el tipo que se aplica al resto de sus rentas. Es la exención con progresividad: no paga por esa pensión, pero le sube el tipo de todo lo demás, y por eso hay que declararla aunque esté exenta.

Si cobra en dólares, el importe se convierte a euros para la declaración española. Managora hace el cálculo y la conversión, y comprueba qué parte de su pensión es pública y qué parte no, que es lo que decide el régimen aplicable.

La ganancia por vender un inmueble puede gravarla el país donde está el inmueble, sin tope de convenio, y también el país de residencia, que es quien luego tiene que eliminar la doble imposición deduciendo lo pagado fuera. Es imposición compartida, no exclusiva.

Si usted reside en Estados Unidos y vende un piso en España, el comprador está obligado a retenerle el 3 % del precio e ingresarlo con el modelo 211 en el plazo de un mes desde la transmisión. Después le toca a usted presentar el modelo 210: el plazo es de tres meses y no empieza el día de la venta, sino una vez transcurrido el mes que la norma reserva al comprador para ingresar ese 3 %. En ese plazo hay que calcular la ganancia real y, si el 3 % retenido supera la cuota, pedir la devolución de la diferencia.

El convenio permite además a España gravar la ganancia por vender acciones o participaciones de una sociedad cuyo activo consista, directa o indirectamente, principalmente en inmuebles situados en España. Vender la sociedad en lugar del ladrillo no saca la operación de España.

El resto de ganancias patrimoniales, las que no proceden de inmuebles ni de sociedades inmobiliarias ni de un establecimiento permanente, tributan solo en el país de residencia. Un residente en Estados Unidos que vende acciones cotizadas españolas normales no tributa en España por esa ganancia.

Y si tiene un piso en España sin alquilar y vive en Estados Unidos, recuerde que Hacienda le imputa una renta por el mero hecho de tenerlo y hay que declararla con el modelo 210 aunque no gane un euro con él. El plazo de esa declaración ha cambiado en 2026 y conviene apuntarlo: lo tiene en la tabla de modelos.

El convenio prevé un procedimiento amistoso: usted plantea el caso a la autoridad competente de su país de residencia y las dos administraciones intentan ponerse de acuerdo. Es una vía independiente de los recursos internos, y se puede pedir aunque la liquidación ya esté firme en vía administrativa.

La novedad que trajo el Protocolo es que ese procedimiento ya no puede quedarse en un cajón: si las dos autoridades no alcanzan un acuerdo en el plazo de dos años, el asunto pasa a arbitraje vinculante ante una comisión de tres personas, una designada por cada Estado y un presidente elegido por ambas. Antes de 2019 no había plazo ni consecuencia por no resolver.

Llegar hasta ahí es poco frecuente y casi siempre evitable: la mayoría de los casos de doble imposición se resuelven antes, acreditando bien la residencia, aplicando el tope de retención en origen y calculando correctamente la deducción. Managora prepara el expediente, presenta los modelos y, si hace falta, redacta y presenta la solicitud de procedimiento amistoso por usted.