Representante fiscal en Espana y el gravamen especial del modelo 213

La obligación nace del artículo 47 de la Ley General Tributaria y del artículo 10 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes (TRLIRNR, Real Decreto Legislativo 5/2004). Afecta a contribuyentes que no residen en otro Estado miembro de la Unión Europea: los residentes en la UE, y los del Espacio Económico Europeo cuando existe normativa de asistencia mutua en materia de intercambio de información, están exentos de esta obligación desde la Ley 11/2021, aunque pueden nombrar representante voluntariamente.

Para el resto, la ley exige representante en cinco supuestos: cuando operan en España mediante establecimiento permanente; cuando realizan las actividades del artículo 24.2 LIRNR (prestaciones de servicios, asistencia técnica, obras de instalación o montaje derivadas de contratos de ingeniería y, en general, actividades económicas sin establecimiento permanente con deducción de gastos); cuando son entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español (artículo 38); cuando la AEAT lo requiere por la cuantía y características de la renta obtenida o por la posesión de un inmueble; y cuando residen en una jurisdicción no cooperativa y son titulares de bienes o derechos en España (excluidos los valores negociados en mercados secundarios oficiales).

El representante debe ser una persona física o jurídica con residencia en España y hay que nombrarlo antes de que termine el plazo de declaración de la renta obtenida en España. Managora puede asumir esa representación de forma continuada, recibiendo y atendiendo las notificaciones de Hacienda en su nombre.

La designación se formaliza por cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna: documento público o documento privado con firma legitimada notarialmente. También sirven los formularios normalizados de otorgamiento de representación aprobados por la propia AEAT.

El nombramiento, debidamente acreditado, debe comunicarse a la Administración en el plazo de dos meses desde la fecha de la designación. Se comunica a la Delegación de la AEAT en la que deba presentarse la declaración del impuesto, acompañando la aceptación expresa del representante. Si usted opera mediante establecimiento permanente, la identidad del representante se consigna además en la declaración censal de alta (modelo 036); las personas físicas comunican sus datos censales con el modelo 030.

Este trámite no devenga tasa oficial alguna ante la AEAT. Tenga en cuenta que el representante de un establecimiento permanente responde solidariamente del ingreso de las deudas tributarias del contribuyente (artículo 9 TRLIRNR), por lo que la representación debe ejercerla alguien que conozca sus obligaciones fiscales al detalle: es exactamente el servicio que presta Managora.

Es un impuesto anual regulado en los artículos 40 a 45 del TRLIRNR que grava a las entidades residentes en un país o territorio calificado como jurisdicción no cooperativa (la antigua denominación era paraíso fiscal) que sean propietarias o posean en España, por cualquier título, bienes inmuebles o derechos reales de goce o disfrute sobre ellos. Solo afecta a entidades: las personas físicas no presentan el modelo 213.

La cuota es el 3% del valor catastral del inmueble. Si el inmueble no tiene valor catastral, se aplica el valor determinado conforme a las normas del Impuesto sobre el Patrimonio. El impuesto se devenga el 31 de diciembre de cada año y la autoliquidación (modelo 213) se presenta e ingresa durante el mes de enero siguiente, de forma telemática con certificado electrónico o mediante predeclaración impresa.

La lista vigente de jurisdicciones no cooperativas la fija la Orden HFP/115/2023, modificada por la Orden HAC/649/2026: desde el 28 de junio de 2026 salen de la lista Barbados, Dominica, Gibraltar, Seychelles y Trinidad y Tobago, además del régimen offshore business de Samoa, y se incorpora el régimen de international holding companies de Rusia con efectos desde el 28 de diciembre de 2026. Permanecen, entre otros, Islas Caimán, Islas Vírgenes Británicas, Jersey, Guernsey, Isla de Man, Bermudas o Vanuatu.

El artículo 42 TRLIRNR exime del gravamen a tres grupos: los Estados e instituciones públicas extranjeras y los organismos internacionales; las entidades que desarrollan en España, de modo continuado o habitual, explotaciones económicas diferenciables de la simple tenencia o arrendamiento del inmueble; y las sociedades que cotizan en mercados secundarios de valores oficialmente reconocidos.

Quizá haya leído que están exentas las entidades de países con convenio de doble imposición con cláusula de intercambio de información que declaren sus socios. Esa exención pertenece al diseño anterior del impuesto, cuando el gravamen alcanzaba con carácter general a las entidades no residentes. Con efectos desde 2013 el legislador limitó la sujeción a las entidades residentes en paraísos fiscales (hoy jurisdicciones no cooperativas) y aquella exención desapareció por innecesaria: si su sociedad reside en un país con convenio, sencillamente ya no está sujeta al gravamen.

Si pretende aplicar una exención conviene poder acreditarla: certificado de residencia fiscal de la entidad emitido por las autoridades de su país y, en su caso, prueba de la actividad económica desarrollada en el inmueble. Managora revisa su caso, determina si está sujeto o exento y prepara la documentación de soporte.

No nombrar representante cuando es obligatorio, o no atender el requerimiento de la AEAT para hacerlo, constituye infracción tributaria grave sancionada con multa pecuniaria fija de 2.000 euros. La multa asciende a 6.000 euros cuando se trata de contribuyentes residentes en jurisdicciones no cooperativas (artículo 10 TRLIRNR).

Además, si usted no nombra representante, la Administración puede considerar como tal a quien figure en el Registro Mercantil, a quien esté facultado para contratar en su nombre o, en el caso de residentes en jurisdicciones no cooperativas, al depositario o gestor de sus bienes en España. Es decir, las notificaciones seguirán su curso aunque usted no se entere.

En cuanto al modelo 213, presentarlo fuera de plazo sin requerimiento previo conlleva los recargos del artículo 27 de la Ley General Tributaria: 1% más otro 1% por cada mes completo de retraso y, pasados doce meses, 15% más intereses de demora. Si es la AEAT quien detecta la falta de presentación, la deuda no ingresada puede sancionarse con multa de entre el 50% y el 150% de la cuota (artículo 191 LGT). Presentar en enero, todos los años, sale mucho más barato.

Managora asume su representación fiscal ante la Agencia Tributaria como servicio continuado: formalizamos el otorgamiento, comunicamos el nombramiento con la aceptación expresa dentro del plazo de dos meses y atendemos las notificaciones de Hacienda en su nombre. Puede ver el importe actualizado en la ficha del trámite de designación de representante fiscal.

Si su sociedad está sujeta al gravamen especial, calculamos la cuota sobre el valor catastral, comprobamos si le alcanza alguna exención tras los cambios de la lista de 2026 y presentamos e ingresamos el modelo 213 cada enero. El importe del servicio figura en la ficha del trámite del modelo 213.

Empiece hoy: complete el cuestionario del trámite que necesite y Managora lo prepara y lo presenta por usted, sin desplazamientos y con seguimiento por email de principio a fin.