Tiene el 5 % de una sociedad y no le enseñan las cuentas: cómo forzar una auditoría a costa de la empresa

El artículo 265.2 LSC establece que, en las sociedades que no están obligadas a someter sus cuentas anuales a verificación por un auditor, los socios que representen al menos el cinco por ciento del capital social pueden solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para revisar las cuentas anuales de un ejercicio determinado.

No es una petición de cortesía, es un derecho. El registrador no valora si sus sospechas están fundadas ni si la relación con el administrador se ha roto. Comprueba tres cosas: que usted representa el 5 %, que la sociedad no está obligada a auditarse y que la solicitud entra dentro de plazo. El artículo 359 del Reglamento del Registro Mercantil recoge esos mismos dos requisitos de porcentaje y plazo.

El auditor no lo elige usted ni lo elige la sociedad. Sale del turno del artículo 355 RRM: cada enero el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas remite al Registro Mercantil Central la lista de auditores inscritos por circunscripción, se celebra un sorteo público y la letra del alfabeto que sale determina el orden de los nombramientos. Esa aleatoriedad es justamente lo que hace creíble el informe.

Este es el punto que deja fuera a la mayoría de los socios minoritarios. El artículo 265.2 LSC exige que "no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio". Con ejercicio natural, cerrado el 31 de diciembre, el último día para presentar es el 31 de marzo.

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública lo formula igual: los socios deben presentar su solicitud en los tres meses siguientes al cierre del ejercicio social (Resolución de 7 de octubre de 2025, publicada en el BOE de 21 de enero de 2026). Lo que cuenta es la fecha del asiento de presentación en el Registro, no la fecha en la que usted firmó el escrito ni la fecha en la que reclamó al administrador.

Mire el calendario y entenderá la trampa. Los administradores tienen tres meses desde el cierre para formular las cuentas (art. 253.1 LSC) y seis meses para celebrar la junta ordinaria que las aprueba (art. 164.1 LSC). Su ventana se cierra el mismo día en que ellos terminan de formular, y bastante antes de que le convoquen a la junta. Si espera a ver las cuentas para reaccionar, llega tarde. El auditor se pide antes, no después.

El plazo es de caducidad. No se interrumpe enviando burofaxes al administrador, ni reclamando información por escrito, ni impugnando acuerdos. Solo se detiene presentando la instancia en el Registro Mercantil.

El artículo 265.2 LSC ordena nombrar al auditor "con cargo a la sociedad". Los honorarios los soporta la empresa, no el socio que ha pedido la revisión. Esa es la diferencia que convierte este derecho en algo realmente utilizable: usted no financia el examen de una contabilidad que no controla.

El importe tampoco lo pacta la sociedad con el auditor a espaldas suyas. Al efectuar el nombramiento, el registrador fija la retribución del auditor para todo el período o, al menos, los criterios para calcularla (art. 362.1 RRM y art. 267.3 LSC). El auditor puede pedir caución o provisión de fondos a cuenta de sus honorarios antes de empezar (art. 267.3 LSC), pero se la pide a la sociedad auditada.

Lo único que adelanta usted es la provisión de fondos registral que acompaña a la instancia, a cuenta del arancel del Registro. Cada Registro Mercantil publica su importe y exige adjuntar el resguardo bancario a la solicitud: el Registro Mercantil de Valencia, por ejemplo, la fija en 250 euros para solicitudes de experto y de auditor. Consulte el importe del registro competente, y el coste de nuestra gestión en la ficha del trámite.

La solicitud se presenta mediante instancia por triplicado dirigida al registrador mercantil del domicilio social, con cuatro datos obligatorios (art. 351.1 RRM): nombre, apellidos y domicilio del solicitante con indicación de su condición de socio; denominación y datos de identificación registral de la sociedad a auditar, con su domicilio; causa de la solicitud; y fecha. Se acompaña la documentación que acredita su legitimación (art. 351.2 RRM).

En la causa conviene hacer constar de forma expresa que la sociedad no está obligada a verificar sus cuentas y el ejercicio concreto que se quiere auditar. Es el punto donde más solicitudes se caen por redacción pobre. Nosotros preparamos la instancia y el expediente completo, y le indicamos qué documento sirve en su caso para acreditar el 5 %.

Presentada la instancia se practica asiento de presentación en el Diario y se abre un expediente numerado (art. 353 RRM). Dentro de los cinco días siguientes el registrador traslada a la sociedad copia de la instancia y de los documentos adjuntos, por un medio que deje constancia de la fecha de recepción (art. 354.1 RRM).

La sociedad dispone entonces de cinco días para oponerse, y solo por dos motivos: aportar prueba documental de que no procede el nombramiento, o negar la legitimación del solicitante (art. 354.2 RRM). Si hay oposición, el registrador resuelve en los cinco días siguientes, y contra esa resolución cabe recurso ante la Dirección General en quince días. Si no hay oposición, o cuando la resolución del registrador es firme, se procede al nombramiento (art. 354.4 RRM).

La defensa más usada, y la que más veces gana, es que la sociedad nombre un auditor voluntario. La doctrina registral, confirmada por la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de marzo de 2007, entiende que lo que protege el artículo 265.2 LSC no es que audite un profesional concreto, sino que la auditoría se haga efectivamente y que el socio pueda conocer la contabilidad. Si la sociedad designa auditor por su cuenta, el interés protegible del socio queda cubierto.

Ahora bien, esa defensa exige dos condiciones acumulativas: que se acredite el nombramiento voluntario a instancia de la sociedad, y que se garantice el derecho del socio al informe de auditoría, lo que solo se consigue inscribiendo el nombramiento, entregándole el informe o incorporándolo al expediente (Resolución de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 7 de octubre de 2025). Un nombramiento voluntario que no llega a manos del socio no enerva nada.

Atención a la fecha, porque el criterio ha cambiado. La doctrina antigua exigía que el nombramiento voluntario fuera fehacientemente anterior a la solicitud del minoritario. La doctrina reciente ha rebajado ese requisito hasta hacerlo irrelevante si de la valoración conjunta de la documentación resulta acreditado el nombramiento voluntario (Resoluciones de 1 de junio de 2020 y de 18 y 30 de abril de 2024, citadas en la de 7 de octubre de 2025). Traducido: presentar primero ya no le garantiza que audite el auditor del turno, pero sigue siendo la única forma de que la auditoría acabe existiendo.

Las otras dos defensas son más fáciles de desmontar. Negar que usted tenga el 5 % se responde con el documento correcto. Y sostener que la sociedad sí está obligada a auditarse no le cierra la puerta: significa que su vía no es el 265.2 sino el 265.1 LSC, que permite a cualquier socio pedir el nombramiento cuando la junta no designó auditor debiendo hacerlo, y que no tiene ventana de tres meses.

Pasado el 31 de marzo, el artículo 265.2 LSC ya no le sirve para ese ejercicio. Queda el artículo 40 del Código de Comercio: todo empresario está obligado a someter a auditoría sus cuentas anuales cuando así lo acuerde el registrador mercantil del domicilio social, si acoge la petición fundada de quien acredite un interés legítimo. No hay ventana de tres meses.

El precio de esa segunda puerta es literalmente el dinero. Antes de estimar la solicitud, el registrador exigirá al peticionario que adelante los fondos necesarios para pagar la retribución del auditor (art. 40.1 CCom). Y el reparto final depende del resultado del informe: si contiene opinión denegada o desfavorable, el registrador acuerda que la empresa le devuelva las cantidades anticipadas; si contiene reservas o salvedades, se dicta resolución repartiendo el coste; y si el informe es favorable, el coste de la auditoría es íntegramente del solicitante (art. 40.2 CCom).

Además, la solicitud se desestima si antes de su fecha ya constaba inscrito en el Registro Mercantil el nombramiento de un auditor para verificar las cuentas de ese mismo ejercicio (art. 40.3 CCom). Por eso la ventana de tres meses no es un formalismo administrativo: es la diferencia entre auditar gratis y auditar apostando su propio dinero.

El efecto más potente no es leer el informe, es el bloqueo. Acordada la auditoría a petición de la minoría, los administradores no pueden depositar las cuentas anuales sin acompañar el informe del auditor (art. 279.1 LSC). Y si no depositan, el Registro Mercantil cierra la hoja de la sociedad: no se inscribe documento alguno referido a ella mientras el incumplimiento persista, salvo ceses y dimisiones, revocación y renuncia de poderes, disolución y nombramiento de liquidadores, y los asientos ordenados por autoridad judicial o administrativa (art. 282 LSC).

El auditor dispone como mínimo de un mes desde que le entregan las cuentas firmadas por los administradores para presentar su informe (art. 270.1 LSC). Emitido, entrega el original a la sociedad auditada. Y si no ha podido realizar la auditoría por causas que no le son imputables, emite informe con opinión denegada por limitación absoluta en el alcance de sus trabajos y entrega el original al solicitante, remitiendo copia a la sociedad (art. 361 RRM). Esa opinión denegada, por sí sola, ya es un dato que vale.

La auditoría tiene límites que conviene conocer: se limita a las cuentas anuales y al informe de gestión del último ejercicio (art. 360 RRM). No es una investigación general sobre la sociedad ni un peritaje de la gestión del administrador.

Y no sustituye a sus otros derechos de información, los suma. En la sociedad limitada, desde la convocatoria de la junta, el socio o socios que representen al menos el cinco por ciento del capital pueden examinar en el domicilio social, por sí o acompañados de un experto contable, los documentos que sirven de soporte y antecedente de las cuentas anuales, salvo disposición contraria de los estatutos. La propia ley aclara que ese examen no impide ni limita el derecho de la minoría a que se nombre un auditor con cargo a la sociedad (art. 272.3 LSC).