Certificado de capacidad matrimonial: casarse en el extranjero siendo español

Es el documento con el que el Estado español declara que usted es libre y capaz para casarse. No autoriza la boda. La boda la autoriza la autoridad del país donde se celebra. Lo que hace el certificado es acreditar ante esa autoridad que, conforme a la ley española, no existe impedimento.

Lo dice el artículo 252 del Reglamento del Registro Civil: si los contrayentes han manifestado su propósito de contraer matrimonio en el extranjero con arreglo a la forma establecida por la ley del lugar de celebración y esa ley exige la presentación de un certificado de capacidad matrimonial, una vez concluido el expediente con auto firme favorable, el instructor entregará a aquéllos tal certificado.

Se extiende en modelo plurilingüe, aprobado por la Orden de 26 de mayo de 1988 y previsto en el Convenio número 20 de la Comisión Internacional del Estado Civil, hecho en Múnich el 5 de septiembre de 1980, publicado en el BOE de 16 de mayo de 1988 y en vigor para España desde el 1 de junio de 1988. Ese formato plurilingüe le ahorra la traducción en los países que lo aceptan.

Quien decide si el certificado hace falta es la ley del país de la boda, no el Registro Civil español. Por eso el primer paso no es pedir cita: es confirmar el requisito y el nombre exacto con el que ese país lo llama. Eso lo comprobamos nosotros al abrir su expediente.

Aquí está el error que arruina bodas ya pagadas. Hay dos relojes, no uno, y no arrancan el mismo día.

El primero es el del certificado: seis meses desde su fecha. El artículo 252 del Reglamento del Registro Civil es tajante, la validez del certificado está limitada a los seis meses de su fecha. Pasado ese plazo el papel no sirve, aunque nadie se lo haya dicho.

El segundo es el del expediente: un año. Según el artículo 248 del Reglamento del Registro Civil, pasado un año desde la publicación de los edictos, de su dispensa o de las diligencias sustitutorias sin que se celebre el matrimonio, no podrá celebrarse este sin nueva publicación, dispensa o diligencias. El artículo 58 de la Ley 20/2011, del Registro Civil, repite la misma regla con los anuncios.

El reloj del expediente arranca antes, cuando se publican los edictos o se practica la diligencia que los sustituye. El del certificado arranca después, el día en que se lo entregan. En la práctica manda el del certificado, porque es más corto y porque es el papel que usted presenta en el país de la boda.

Consecuencia operativa: fije primero la fecha de la boda y calcule hacia atrás. El certificado no puede expedirse más de seis meses antes de la ceremonia.

El artículo 238 del Reglamento del Registro Civil resuelve la competencia: es competente para la instrucción del expediente previo a la celebración del matrimonio el Juez encargado o de Paz, o el Encargado del Registro Civil consular, correspondiente al domicilio de cualquiera de los contrayentes. Basta con que uno de los dos tenga allí su domicilio.

El artículo 58 de la Ley 20/2011 mantiene la misma lógica en el modelo actual: instruyen el expediente el letrado de la Administración de Justicia o el encargado del Registro Civil del domicilio de uno de los contrayentes, y tramita el acta el notario del domicilio de cualquiera de ellos.

Si su pareja vive fuera de España, el expediente no se bloquea. El artículo 246 del Reglamento del Registro Civil permite que la audiencia del contrayente no domiciliado en la demarcación del instructor se practique ante el Registro Civil de su domicilio, incluido el consular. La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 9 de enero de 1995 se dedica precisamente a este supuesto.

Tenga presente que hay que acreditar los domicilios de los dos últimos años, no solo el actual. Lo exigen los artículos 240 y 243 del Reglamento del Registro Civil, y de ahí salen los certificados de empadronamiento o los certificados de residencia del Consulado de España si vivió fuera.

El escrito con el que se inicia el expediente debe recoger, según el artículo 240 del Reglamento del Registro Civil, las menciones de identidad de los contrayentes incluida la profesión, el nombre y apellidos del cónyuge o cónyuges anteriores y la fecha de disolución del matrimonio si los hubo, la declaración de que no existe impedimento, el funcionario elegido para la celebración y los pueblos en que hubiesen residido o estado domiciliados en los dos últimos años.

A eso se suman las certificaciones de nacimiento de los dos y la prueba de la capacidad del contrayente extranjero conforme a su ley nacional. Los documentos extranjeros son los que dan trabajo, y lo que necesitan depende del país que los expide.

Si el documento viene de un Estado de la Unión Europea, no necesita apostilla ni legalización. El Reglamento (UE) 2016/1191, aplicable desde el 16 de febrero de 2019, cubre expresamente los documentos públicos sobre matrimonio, incluidas la capacidad para contraer matrimonio y el estado civil, y su impreso estándar multilingüe evita además la traducción.

Si viene de un país del Convenio de La Haya de 5 de octubre de 1961, lleva apostilla. Si no está en ninguno de los dos grupos, hay legalización por vía diplomática. En la vía notarial, la Instrucción de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública de 3 de junio de 2021 exige además que los documentos estén expedidos dentro de los seis meses anteriores a la fecha de presentación.

De la apostilla, de la legalización y de la traducción nos ocupamos nosotros. Usted sube los documentos que ya tiene y le decimos exactamente cuáles faltan y en qué estado.

El artículo 246 del Reglamento del Registro Civil establece que el instructor, asistido del Secretario, oirá a ambos contrayentes reservadamente y por separado para cerciorarse de la inexistencia del impedimento de ligamen o de cualquier otro obstáculo legal para la celebración.

No es un formalismo. La Instrucción de la Dirección General de los Registros y del Notariado de 31 de enero de 2006 sobre los matrimonios de complacencia, publicada en el BOE de 17 de febrero de 2006, convierte esa audiencia en el instrumento principal para detectar matrimonios simulados. Le preguntarán por cómo se conocieron, por la convivencia, por la familia y por los planes comunes, y compararán las dos versiones.

Antes de la audiencia hay publicidad. El artículo 243 del Reglamento del Registro Civil ordena publicar edictos durante quince días en las poblaciones donde hayan residido en los dos últimos años, siempre que tengan menos de 25.000 habitantes. Si las poblaciones superan esa cifra, el artículo 244 sustituye los edictos por la audiencia de al menos un pariente, amigo o allegado de uno u otro contrayente, elegido por el instructor, que debe manifestar su convencimiento de que el matrimonio proyectado no incurre en prohibición legal alguna.

El artículo 245 añade que durante la tramitación se practican las pruebas propuestas o acordadas de oficio sobre el estado, la capacidad o el domicilio, y que si el instructor aprecia deficiencias o anomalías psíquicas recabará dictamen del Médico del Registro Civil.

Nosotros preparamos las dos entrevistas antes de la cita, con el cuestionario real y las incoherencias típicas que hacen caer un expediente.

El expediente ante el Registro Civil y la expedición del certificado no llevan tasa. Ni la solicitud ni la entrega del certificado devengan tasa estatal.

Lo que sí puede costar dinero son los documentos extranjeros: la apostilla o la legalización se abonan en el país que expide el documento, con el arancel que ese país aplique, y la traducción se abona al traductor habilitado. El importe depende del país, del número de documentos y del idioma, y por eso se lo detallamos antes de que pague nada.

Si opta por la vía notarial, la notaría aplica su propio arancel. Ese arancel se abona directamente a la notaría y no está incluido en nuestro honorario. Usted no tiene que buscar notaría ni negociar turnos: la coordinación, la cita y la remisión del acta las llevamos nosotros.

Nuestro honorario y el desglose completo de lo que usted paga están en la ficha del trámite, visibles antes del pago. Es la única cifra que actualizamos, y por eso vive allí y no en esta guía.

El artículo 61 del Código Civil marca la regla: el matrimonio produce efectos civiles desde su celebración, para el pleno reconocimiento de los mismos será necesaria su inscripción en el Registro Civil, y el matrimonio no inscrito no perjudicará los derechos adquiridos de buena fe por terceras personas. Traducido: casado lo está desde el día de la ceremonia, pero sin inscripción no podrá hacerlo valer con plenitud frente a terceros.

La inscripción se pide en la Oficina Consular de España de la demarcación donde se celebró la boda. Si los dos cónyuges residen ya en España, puede pedirse en el Registro Civil de su residencia. Cualquiera de los cónyuges puede solicitarla, con independencia de su nacionalidad.

El título es la certificación expedida por la autoridad del país de celebración, prevista en el artículo 256 del Reglamento del Registro Civil, legalizada o apostillada y traducida cuando proceda, junto con las certificaciones de nacimiento y la documentación de identidad.

Si se casó fuera sin haber tramitado el expediente previo siendo necesario, el artículo 65 del Código Civil obliga a comprobar antes si concurren los requisitos legales de validez, mediante la tramitación del acta o expediente correspondiente. Es el camino largo, y se evita haciendo las cosas en orden.

Practicada la inscripción se entrega certificación literal de matrimonio. No espere Libro de Familia: los Registros Civiles dejaron de expedirlo el 30 de abril de 2021, y los expedidos antes de esa fecha conservan sus efectos.