Concierto vasco y Convenio navarro: donde tributa su empresa

Deciden tres cosas distintas que conviene no mezclar: qué Administración exige y cobra cada impuesto, qué normativa se aplica para calcularlo y qué Administración inspecciona. En una misma empresa pueden no coincidir, y ahí empiezan casi todos los errores.

El Concierto Económico con el País Vasco (Ley 12/2002) y el Convenio Económico con Navarra (Ley 28/1990) son leyes estatales y están en el BOE. Lo que no está en el BOE es la norma que fija el tipo, la base y los incentivos de su empresa si tributa con normativa foral: eso se publica en el Boletín Oficial de Bizkaia, en el de Gipuzkoa, en el del Territorio Histórico de Álava y en el Boletín Oficial de Navarra. Buscar en el BOE el Impuesto sobre Sociedades foral es el error de partida más habitual.

Conviene decirlo con claridad: los regímenes foral vasco y navarro no son una bonificación ni un descuento sobre la ley estatal. Son normativa propia, con su propio Impuesto sobre Sociedades, sus propias definiciones de pequeña empresa y microempresa, sus propios incentivos y sus propios modelos. No se puede tomar una cifra estatal y darla por buena en Bilbao o en Pamplona.

Hay impuestos en los que la capacidad normativa es plena, como Sociedades, y otros en los que no existe. En el IVA, tanto los territorios históricos como Navarra aplican las mismas normas sustantivas y formales que el Estado: lo único que cambia es la Administración ante la que se presenta y, en Navarra, el modelo.

La primera pregunta no es dónde factura, sino cuánto. Si el volumen de operaciones del ejercicio anterior no supera los 12 millones de euros, su empresa tributa en todo caso, y opere donde opere, ante la Administración de su domicilio fiscal: la Diputación Foral que corresponda si está domiciliada en el País Vasco, la Hacienda Foral de Navarra si lo está en Navarra y la Agencia Tributaria si está en territorio común. Esto vale para el Impuesto sobre Sociedades y también para el IVA.

Por encima de esa cifra cambia la regla. Si su empresa opera exclusivamente en un territorio, tributa íntegramente ante la Administración de ese territorio, aunque el domicilio fiscal esté en el otro. Si opera en los dos, tributa a las dos en proporción al volumen de operaciones realizado en cada uno, con independencia de dónde tenga el domicilio.

El volumen de operaciones no es el beneficio ni el resultado contable: es el importe total de las contraprestaciones por entregas de bienes y prestaciones de servicios de toda su actividad, excluidos el IVA y el recargo de equivalencia. Si el ejercicio anterior duró menos de un año, las operaciones se elevan al año. En el primer ejercicio de actividad se atiende a ese mismo ejercicio, elevado al año si fue más corto, y hasta conocer los datos reales se trabaja con la estimación de lo que se prevea facturar.

La cifra de 12 millones es nueva. Se aplica a los periodos impositivos y de liquidación que empiecen a partir del 1 de enero de 2026. Antes el umbral eran 10 millones, y ese es el que sigue decidiendo el Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2025 que se presenta en julio de 2026. Una empresa que facturó entre 10 y 12 millones puede, por tanto, tributar de forma conjunta por el ejercicio 2025 y pasar a tributar solo ante una Administración en el 2026.

Cuando hay tributación conjunta, la cuota se reparte en proporción al volumen de operaciones realizado en cada territorio durante el ejercicio, expresada en porcentaje con dos decimales. Es lo que en la práctica se llama cifra relativa de negocios. No se reparte por número de clientes, ni por empleados, ni por dónde esté la sede.

Para saber dónde se entiende realizada cada operación se aplican reglas propias. En las entregas de bienes muebles cuenta el territorio desde el que se pone el bien a disposición del comprador y, si hay transporte, el lugar donde estén los bienes al iniciarse la expedición. Si usted transforma los bienes, cuenta el territorio del último proceso de transformación. En las entregas con instalación de elementos industriales, la operación se entiende hecha donde se prepararon y fabricaron siempre que el coste del montaje no pase del 15 por ciento de la contraprestación. Las entregas de inmuebles se localizan donde esté el inmueble y las de energía eléctrica donde estén los centros generadores.

En las prestaciones de servicios la regla general es el territorio desde el que se prestan, con dos excepciones claras: los servicios relacionados con inmuebles se localizan donde esté el inmueble, y las operaciones de seguro y capitalización tienen reglas propias. Además, algunas operaciones se imputan sin más al domicilio fiscal de quien las realiza: los servicios de transporte, incluidas mudanzas, remolque y grúa, los arrendamientos de medios de transporte y las entregas de productos naturales sin transformar de explotaciones agrícolas, forestales, ganaderas o pesqueras.

Las operaciones que, con esos criterios, se consideren realizadas en el extranjero no quedan fuera del reparto: se atribuyen a una y otra Administración en la misma proporción que el resto. Y una sociedad que no realiza entregas ni prestaciones de servicios, por ejemplo una holding que solo tiene participaciones, tributa donde tenga su domicilio fiscal.

Porque son dos decisiones distintas. En tributación conjunta, su empresa calcula el Impuesto sobre Sociedades con una sola normativa, la de la Administración de su domicilio fiscal, y después reparte la cuota resultante entre las dos Haciendas. Es decir, puede calcular el impuesto con la norma foral y pagar una parte a la Agencia Tributaria, o calcularlo con la norma estatal e ingresar una parte en una Diputación Foral.

Hay una excepción que da la vuelta a la regla. En el Concierto vasco, la empresa domiciliada en el País Vasco que supera el umbral y realiza el 75 por ciento o más de sus operaciones en territorio común queda sometida a la normativa estatal. Y al revés: la domiciliada en territorio común que supera el umbral y realiza el 75 por ciento o más de sus operaciones en el País Vasco aplica la normativa foral, salvo que forme parte de un grupo fiscal, en cuyo caso solo la aplica si la totalidad de sus operaciones se hacen en el País Vasco.

En el Convenio navarro el mecanismo es el mismo con un matiz: la domiciliada en Navarra que hace el 75 por ciento o más de sus operaciones en territorio común pasa a la normativa estatal, y la domiciliada en territorio común que hace el 75 por ciento o más en Navarra pasa a la foral, salvo que forme parte de un grupo fiscal.

La inspección sigue ese mismo criterio: inspecciona la Administración del domicilio fiscal, salvo que se dé el giro del 75 por ciento, en cuyo caso inspecciona la otra. Si de la inspección sale una deuda o una devolución que corresponde a las dos, cobra o paga la Administración que actúa y las dos se compensan después entre ellas.

El detalle práctico que más sorprende es el de los pagos a cuenta: en los territorios históricos conviven el modelo del pago fraccionado foral, para quien aplica normativa foral, y un modelo distinto para quien aplica normativa común pero ingresa en la Diputación, y ese segundo modelo no es el mismo en los tres territorios. En Bizkaia es el modelo 218. En Gipuzkoa el modelo 218 dejó de estar vigente desde el segundo pago fraccionado de 2010 y en su lugar se presenta el modelo 202 ante la propia Diputación Foral, con los plazos de la normativa común. Conviene comprobar el modelo y el plazo en la sede del territorio que le corresponda antes de cada pago, porque llevar el modelo del territorio vecino es un error frecuente.

El IVA sigue la misma lógica de umbral y reparto, pero con la normativa siempre estatal. Por debajo de 12 millones de volumen de operaciones se tributa a la Administración del domicilio fiscal. Por encima, si se opera en los dos territorios, se tributa a las dos en proporción, y su empresa presenta la autoliquidación en cada una aplicando ese porcentaje. Las cuotas soportadas que deduzca surten efecto frente a ambas Administraciones, cualquiera que fuera la que exigió el impuesto.

Las retenciones del trabajo no se prorratean nunca. Se ingresan íntegras ante la Administración del territorio donde se presten los trabajos o servicios. Cuando se prestan en los dos territorios, o no se puede determinar dónde, se considera que se prestan donde esté el centro de trabajo al que está adscrita la persona trabajadora. El Concierto vasco resuelve expresamente el teletrabajo y el trabajo en el extranjero o embarcado con el mismo criterio: manda el centro de trabajo de adscripción.

Las retribuciones de administradores y miembros del consejo siguen otra regla: se retienen ante la Administración del domicilio fiscal de la sociedad que paga y, cuando esa sociedad tributa a las dos Administraciones por el Impuesto sobre Sociedades, sus retenciones se reparten en la misma proporción, aplicando el porcentaje de la última declaración del impuesto presentada.

Cuidado con los calendarios, porque no son los mismos. En territorio común el modelo 111 es trimestral para la mayoría de empresas, del 1 al 20 de abril, julio, octubre y enero, y solo es mensual, del 1 al 20 del mes siguiente, para quienes tienen la condición de gran empresa. El modelo foral vasco se presenta en los veinticinco primeros días naturales de abril, julio y octubre, y el cuarto trimestre hasta el 31 de enero. El desajuste es de días, pero genera recargos evitables cuando una empresa empieza a operar en los dos territorios.

El domicilio fiscal de una sociedad no es, sin más, la dirección que figura en los estatutos. Es su domicilio social siempre que en él esté efectivamente centralizada la gestión administrativa y la dirección de los negocios. Si no es así, el domicilio fiscal está donde se realicen esa gestión y esa dirección. Y si tampoco puede determinarse, se atiende al lugar donde radique el mayor valor del inmovilizado. Los establecimientos permanentes de entidades extranjeras siguen el mismo criterio.

Por debajo del umbral, el domicilio fiscal lo decide todo, y por eso es el punto de conexión que más conflictos genera. Trasladar el domicilio social a Vitoria, a Bilbao o a Pamplona sin trasladar la dirección efectiva del negocio no cambia el domicilio fiscal: cambia solo el papel, y suele acabar en una comprobación.

Las sociedades y los establecimientos permanentes están obligados a comunicar a las dos Administraciones los cambios de domicilio fiscal que alteren la competencia para exigir el Impuesto sobre Sociedades. Ante la Agencia Tributaria eso se hace con la declaración censal, el modelo 036, en el plazo de un mes desde el cambio, y en paralelo con la declaración censal de la Hacienda foral correspondiente. Si además cambia el domicilio social, hay un acuerdo social que elevar a escritura pública y una inscripción en el Registro Mercantil, que puede ser otro registro si la provincia cambia. Managora redacta el acuerdo y la minuta, coordina la notaría y le indica el día y la hora: la escritura la firma el administrador ante notario, en persona o mediante apoderado con poder bastante, porque la fe pública notarial exige su comparecencia. Después Managora se encarga de la inscripción registral y de presentar las declaraciones censales ante las dos Haciendas.

Cuando las dos Administraciones discrepan, el asunto se resuelve en la Junta Arbitral, que existe tanto en el Concierto como en el Convenio. Resuelve conflictos sobre los puntos de conexión, sobre la proporción que corresponde a cada Administración en tributación conjunta y sobre la domiciliación de los contribuyentes. Mientras el conflicto se resuelve, la Administración que venía gravando a la empresa sigue haciéndolo, y sus acuerdos solo se recurren ante el Tribunal Supremo. La empresa no elige, pero sí tiene audiencia, y la prescripción se interrumpe al notificarle el conflicto.

En el tipo, para empezar. Para los periodos iniciados en 2026, el tipo general es del 25 por ciento en territorio común, del 24 por ciento en Bizkaia, Gipuzkoa y Álava, y del 28 por ciento en Navarra, que a partir de ese ejercicio admite un tipo reducido del 25 por ciento para las entidades que cumplen determinados requisitos laborales y de igualdad. Los tipos de las empresas pequeñas también difieren, y las definiciones de pequeña empresa y microempresa no coinciden entre territorios: la foral vasca mira la plantilla media y el activo o el volumen de operaciones, y la estatal mira el importe neto de la cifra de negocios.

Se nota también en los pagos a cuenta. En territorio común hay tres pagos fraccionados al año. Bajo normativa foral vasca hay un único pago en octubre, del que quedan exceptuadas las microempresas y las pequeñas empresas, y en Navarra hay un único pago a cuenta en los veinte primeros días de octubre.

Y se nota en los incentivos. Las normas forales mantienen regímenes propios de amortización acelerada y libertad de amortización, y deducciones propias por investigación, desarrollo e innovación tecnológica, con porcentajes, requisitos y límites sobre la cuota que no coinciden con los estatales. Antes de presupuestar un proyecto de I+D contando con una deducción, hay que comprobar la norma del territorio que le aplica, porque un mismo gasto no da el mismo crédito fiscal en Donostia, en Pamplona y en Madrid.

Lo que no funciona es elegir territorio por el tipo. Los puntos de conexión no son opcionales: se cumplen o no se cumplen, y si no se cumplen, la Administración que resulta perjudicada lo reclama. Managora calcula su volumen de operaciones y su cifra relativa de negocios, determina qué normativa le corresponde, presenta el Impuesto sobre Sociedades ante cada Administración con su porcentaje, ajusta el IVA y las retenciones y tramita, si hace falta, el cambio de domicilio y las declaraciones censales, con la firma del administrador ante notario cuando el traslado es de domicilio social. Puede ver el importe actualizado de cada servicio en su ficha.