Llevarse la sociedad fuera de España: traslado de sede y exit tax

No es un cambio de domicilio como el que se hace de una provincia a otra. Cuando el destino está fuera de España, la operación se llama transformación transfronteriza: la sociedad no se disuelve ni se liquida, conserva su personalidad jurídica y sus contratos, y pasa a ser una sociedad del país de destino, sujeta a su ley y a su registro.

La consecuencia fiscal, en cambio, no depende del rótulo, sino de la residencia. Una sociedad es residente en España si se constituyó conforme a la ley española, si tiene aquí su domicilio social o si tiene aquí su sede de dirección efectiva, es decir, el lugar donde radican la dirección y el control del conjunto de sus actividades. Basta con que se cumpla uno de los tres. Por eso, trasladar el domicilio social sin mover de verdad la dirección efectiva no saca a la sociedad del Impuesto sobre Sociedades español: la deja con un pie dentro y con un riesgo evidente de comprobación.

El día en que la sociedad deja de ser residente en España concluye su período impositivo, aunque sea mitad de ejercicio. Ese cierre anticipado es el que obliga a una declaración extraordinaria y el que abre la factura del gravamen de salida.

Un límite que conviene comprobar al principio: una sociedad en liquidación concursal no puede realizar una transformación transfronteriza. En concurso de acreedores, con un plan de reestructuración o con un plan de continuación sí puede, ajustando la formación de la voluntad social y la protección de los acreedores a la normativa concursal.

Es el gravamen de salida, el exit tax societario del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades. España grava la plusvalía que se generó aquí mientras la sociedad era residente, aunque todavía no se haya realizado. Cuando la sociedad se marcha, se integra en la base imponible la diferencia entre el valor de mercado y el valor fiscal de sus elementos patrimoniales.

Entran todos los elementos: inmuebles, instalaciones, maquinaria, marcas, patentes, participaciones. No hay umbral mínimo ni importe exento, a diferencia de lo que ocurre con el exit tax del socio persona física.

La excepción que más dinero mueve son los elementos que quedan afectos a un establecimiento permanente que la sociedad mantenga en España: esos no se gravan en la salida, porque siguen dentro de la potestad tributaria española. Si usted deja aquí una fábrica, una oficina o un inmueble afecto a la actividad, esa parte de la plusvalía no se integra.

Hay una segunda excepción, mucho más estrecha y tasada: los elementos transferidos que estén relacionados con la financiación o la entrega de garantías, con requisitos prudenciales de capital o con la gestión de liquidez, siempre que se prevea que vuelvan a territorio español en el plazo máximo de un año para afectarse a un establecimiento permanente situado aquí.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aceptado que el Estado de origen liquide el impuesto en el momento del traslado, porque es cuando se extingue su potestad tributaria. Lo que no admite es exigir el cobro inmediato sin alternativa, y de ahí viene el pago fraccionado que se explica a continuación.

Sí, cuando el destino está en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo. La condición exacta, en la redacción vigente, es que ese Estado haya celebrado con España o con la Unión Europea un acuerdo sobre asistencia mutua en materia de cobro de créditos tributarios equivalente al previsto en la Directiva 2010/24. Fíjese bien en esto, porque es la trampa más común: hasta 2021 bastaba con que hubiera intercambio efectivo de información tributaria, y todavía circulan textos, modelos de acta y fichas con el requisito antiguo.

El pago se fracciona en cinco quintas partes anuales iguales. La primera se ingresa dentro del plazo voluntario de declaración del período que se cierra con el traslado. Las cuatro restantes vencen sucesivamente, una al año, y cada una se exige junto con los intereses de demora devengados por ella.

La opción se ejerce exclusivamente en la propia declaración, marcando en el modelo 200 la casilla prevista para el fraccionamiento del artículo 19 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades y detallando en el apartado que la orden ministerial de cada campaña destine a ese fraccionamiento. En las últimas campañas esa casilla ha sido la 00037 de la página 1, con el detalle en la página 14 bis, pero la numeración de casillas y páginas se aprueba cada año por orden ministerial y conviene comprobarla en el modelo del período que usted vaya a presentar. Lo que no cambia es que no se pide por el procedimiento general de aplazamientos y fraccionamientos de deudas: si esa declaración no se presenta bien y a tiempo, la opción se queda sin ejercer.

Las garantías no se exigen de entrada. Solo son exigibles cuando se justifique que existen indicios racionales de que el cobro de la deuda podría verse frustrado o gravemente dificultado. Si el órgano de recaudación los aprecia dentro de los seis meses siguientes a la finalización del plazo voluntario de pago de la primera fracción, requerirá que se constituyan garantías, y habrá que aportarlas en el plazo que se fije al efecto en ese requerimiento. Si no se aportan, se pierde el fraccionamiento.

El fraccionamiento no es incondicional: pierde su vigencia en cinco supuestos, y solo en dos de ellos, la transmisión de los elementos a terceros y su traslado posterior a un tercer Estado, la pérdida puede ser proporcional cuando la operación afecta únicamente a una parte de los elementos y así se prueba.

Esa última declaración es la última oportunidad de usarlas, y normalmente la mejor: como en ella se integra la plusvalía tácita, suele ser un período con base positiva alta.

El límite general sigue siendo el 70 por ciento de la base imponible previa, con la regla de que en todo caso se pueden compensar bases negativas hasta un millón de euros. Aquí hay un detalle que se escapa a menudo: si el último período dura menos de un año, ese millón se prorratea en proporción a los días que dura. Un traslado con efectos a 30 de junio deja aproximadamente la mitad de esa franquicia.

Tampoco se aplica la excepción prevista para el período impositivo en que se extingue la entidad, porque en una transformación transfronteriza la sociedad no se extingue: conserva su personalidad jurídica y su patrimonio pasa íntegro a la sociedad transformada.

Lo que no se aproveche en esa declaración no viaja con la sociedad al país de destino. El derecho a compensar bases imponibles negativas y a aplicar deducciones pendientes nace de ser contribuyente del Impuesto sobre Sociedades español, y eso se pierde con la residencia, salvo en la medida en que queden vinculadas a un establecimiento permanente que siga tributando aquí. Es el motivo por el que la fecha de efectos del traslado se planifica, no se improvisa.

No, y confundirlos es el error que más veces se ve. Son dos impuestos distintos, con hechos imponibles distintos, y pueden darse a la vez, por separado o ninguno de los dos.

El de la sociedad no tiene umbral: se aplica siempre que una sociedad residente deje de serlo. El del socio persona física, el artículo 95 bis del IRPF, solo se aplica si ha sido residente en España al menos diez de los quince períodos impositivos anteriores y, además, el valor de mercado de sus acciones o participaciones supera conjuntamente los 4.000.000 de euros, o supera 1.000.000 de euros en una entidad en la que su participación sea superior al 25 por ciento.

Lo que dispara el del socio es que se mude la persona, no la empresa. Si la sociedad traslada su sede a Portugal y los socios siguen viviendo en Madrid, el exit tax del IRPF no entra en juego. Y al revés: un socio que se marcha deja intacta la residencia de la sociedad.

Cuando el socio se traslada a otro Estado de la Unión Europea, o del Espacio Económico Europeo con el que exista intercambio efectivo de información tributaria, puede optar por no autoliquidar de momento: solo tributará si dentro de los diez ejercicios siguientes transmite las participaciones entre vivos, pierde la condición de residente en la Unión o en el Espacio Económico Europeo, o incumple la obligación de comunicación que acompaña a esa opción.

El orden importa, porque el registrador mercantil no expide el certificado previo si falta un trámite o si se ha hecho antes de tiempo.

Los administradores redactan el proyecto de transformación, que debe incluir la forma jurídica, la razón social y el domicilio propuestos en el Estado de destino, la escritura de constitución y los estatutos de la sociedad transformada, y cualquier incentivo o subvención que la sociedad haya recibido en España en los últimos cinco años. Al menos un mes antes de la junta, el proyecto y un anuncio dirigido a socios, acreedores y representantes de los trabajadores se insertan en la página web de la sociedad, y ese hecho se publica de forma gratuita en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. Si la sociedad no tiene web, los documentos se depositan en el Registro Mercantil.

Los socios que voten en contra, y los titulares de participaciones sin voto, tienen derecho a enajenar sus participaciones a cambio de una compensación en efectivo adecuada, porque van a quedar sometidos a una ley extranjera. Disponen de 20 días desde la fecha de la junta para comunicarlo a la sociedad, que debe tener una dirección electrónica habilitada para recibir esa decisión, y la compensación se abona dentro de los dos meses siguientes a que la operación surta efecto.

Los acreedores cuyos créditos sean anteriores a la publicación del proyecto, si no están conformes con las garantías ofrecidas y han notificado su disconformidad, tienen tres meses desde esa publicación para reclamar garantías adecuadas ante el registrador mercantil o ante el juzgado de lo mercantil. Ya no existe el antiguo derecho de oposición: ni el socio ni el acreedor paralizan la operación ni impiden su inscripción en el Registro Mercantil.

El certificado previo lo expide el registrador mercantil del domicilio social tras el control de legalidad, en un plazo de tres meses, ampliable por tres meses más si aprecia sospechas fundadas de que la operación persigue eludir el Derecho de la Unión o el Derecho español. Entre la documentación hay que aportar los certificados de estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social: una deuda abierta bloquea la salida antes que cualquier otra cosa. Si el registrador detecta defectos, concede un plazo no superior a 30 días para subsanarlos.

Con el certificado en la mano, la sociedad se inscribe en el registro del país de destino y, en cuanto ese registro comunica que la transformación ha surtido efecto, se cancelan los asientos registrales españoles.

El camino mercantil existe igual. Son las modificaciones estructurales transfronterizas extraeuropeas y se les aplican las mismas reglas que a las intraeuropeas, con dos especialidades: el certificado previo se puede adaptar para cumplir requisitos específicos del Derecho del Estado de destino, y la transmisión del certificado entre registros no va por el sistema europeo de interconexión, sino por las prácticas de cooperación registral internacional.

Lo que cambia de verdad es el pago. Fuera de la Unión Europea, y fuera del Espacio Económico Europeo con acuerdo de asistencia mutua en el cobro, no hay fraccionamiento en cinco años: la cuota del gravamen de salida se ingresa íntegra en el plazo voluntario de esa declaración. Y si la sociedad se traslada primero a un Estado de la Unión y después a un tercer Estado, el fraccionamiento que tuviera concedido pierde su vigencia.

Hay un punto que conviene resolver antes de firmar nada: que el país de destino reconozca como valor fiscal de entrada el valor de mercado por el que España le ha hecho tributar. Dentro de la Unión Europea esa correspondencia está prevista, y España la aplica expresamente en el caso inverso, cuando recibe elementos que ya han soportado una imposición de salida en otro Estado miembro. Fuera de la Unión depende de la ley interna de ese país y del convenio que haya con España. Sin esa correspondencia se acaba pagando dos veces por la misma plusvalía.

Managora lo prepara y lo presenta por usted, con las tres piezas unidas: el acuerdo y la documentación del traslado de domicilio social, el cálculo del gravamen de salida y el modelo 200 del período que se cierra con la opción de fraccionamiento marcada, y el análisis del exit tax del socio si además se muda alguna persona física. En la ficha del servicio verá el alcance y el plazo de nuestro trabajo. Tenga en cuenta que una operación como esta exige además escritura pública y certificado previo del Registro Mercantil: los aranceles de notaría y registro se calculan caso a caso según el capital social, la extensión del documento y el número de asientos, por lo que se presupuestan aparte y se piden como provisión de fondos, igual que los gastos del registro del país de destino.