ZEC, IGIC y AIEM: el régimen fiscal de Canarias para empresas

Canarias tiene un régimen fiscal propio, reconocido por el derecho de la Unión Europea por su condición de región ultraperiférica. No es un descuento sobre la norma estatal ni una bonificación autonómica: es normativa distinta, con impuestos distintos y con administraciones distintas gestionándolos. Por eso una cifra válida en Madrid o en Barcelona puede ser sencillamente inaplicable en Las Palmas.

El régimen se apoya en tres bloques. En imposición directa, la Zona Especial Canaria (tipo del 4 % en el Impuesto sobre Sociedades), la Reserva para Inversiones en Canarias y la Deducción por Inversiones en Canarias. En imposición indirecta, el IGIC en lugar del IVA y el AIEM sobre producción e importación. Y, por encima de todo, las reglas europeas de ayudas de Estado, que son las que fijan hasta dónde puede llegar el ahorro.

Conviene tener claro quién gestiona qué, porque de ahí salen la mitad de los incumplimientos. La Agencia Tributaria estatal lleva el Impuesto sobre Sociedades, el censo estatal y la declaración de ayudas. La Agencia Tributaria Canaria lleva el IGIC y el AIEM, con sus propios modelos y su propio censo. Y el Consorcio de la Zona Especial Canaria es quien autoriza e inscribe a las entidades ZEC.

Una advertencia de partida: estar domiciliado en Canarias no le convierte en entidad ZEC. La ZEC exige autorización previa, inscripción en un registro oficial y el cumplimiento continuado de unos requisitos de inversión y de empleo. Lo demás del régimen canario (el IGIC, el AIEM, la RIC o la deducción por inversiones) sí se aplica a cualquier empresa que opere en las islas.

La entidad ZEC tiene que ser de nueva creación, persona jurídica o sucursal, y quedar inscrita en el Registro Oficial de Entidades de la Zona Especial Canaria (el ROEZEC). Debe tener el domicilio social y la sede de dirección efectiva en Canarias, y al menos un administrador (o un representante legal, si es sucursal) residente en las islas.

El objeto social tiene que estar dentro de la lista cerrada de actividades del anexo de la Ley 19/1994 del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Dentro entran, entre otras, la industria manufacturera, la gestión de residuos, el comercio al por mayor, el transporte y el almacenamiento, la edición y el audiovisual, las telecomunicaciones, la programación y consultoría informática, la investigación y desarrollo, la ingeniería, la publicidad y los servicios auxiliares a empresas. Quedan fuera, por ejemplo, el comercio minorista, la hostelería y la restauración, la construcción, la actividad inmobiliaria, la banca y los seguros. Y hay una exclusión expresa que sorprende a muchos grupos: los centros de coordinación y los servicios intragrupo no se admiten dentro de las actividades de sedes centrales ni de consultoría de gestión empresarial.

Los dos requisitos que más expedientes tumban son la inversión y el empleo. Hay que invertir en inmovilizado material o intangible situado y utilizado en Canarias dentro de los dos primeros años desde la inscripción, por un mínimo de 100.000 euros en Gran Canaria y Tenerife o de 50.000 euros en El Hierro, Fuerteventura, La Gomera, Lanzarote y La Palma. Y hay que crear puestos de trabajo en Canarias dentro de los seis meses siguientes a la inscripción, con un mínimo de 5 empleos en las islas capitalinas y de 3 en el resto, manteniendo ese promedio de plantilla durante todo el periodo de disfrute del régimen.

La solicitud se acompaña de una memoria descriptiva de las actividades que avale la solvencia y la viabilidad del proyecto, y esa memoria es vinculante: si después cambia de actividad sin autorización expresa del Consejo Rector, incumple. Se puede autorizar la entrada o la permanencia sin cumplir la inversión mínima, pero solo si se supera el empleo mínimo exigido.

Y está el calendario, que es lo más urgente de toda esta guía. La autorización de inscripción en el ROEZEC está atada a la vigencia del Reglamento general de exención por categorías de la Unión Europea, que expira el 31 de diciembre de 2026. Sobre cuánto dura el disfrute de los incentivos una vez dentro hay que ser preciso: el texto de la Ley 19/1994 vigente hoy fija el final del periodo de disfrute del régimen en el 31 de diciembre de 2027. La Comisión Europea ha autorizado extender ese disfrute hasta finales de 2032, pero esa extensión todavía no está recogida en el texto legal consolidado, de modo que conviene contar con la fecha que hoy dice la ley y revisar la norma antes de tomar la decisión. En todo caso, entre la primera consulta y la inscripción efectiva pasan meses: quien esté valorando la ZEC no tiene 2026 entero por delante.

No, y este es el error de cálculo más caro del régimen. El 4 % se aplica solo a la parte de la base imponible que se corresponda con operaciones realizadas material y efectivamente en el ámbito de la Zona Especial Canaria. Esa parte se determina con un porcentaje que compara las operaciones hechas en la ZEC con el conjunto de las operaciones de la entidad.

Sobre ese primer filtro se aplica un segundo, que es un tope en euros ligado al empleo: 1.800.000 euros para la entidad que cumple el empleo mínimo, más 500.000 euros adicionales por cada puesto de trabajo que exceda de ese mínimo, hasta alcanzar 50 puestos. El tipo especial se aplica a la menor de las dos cuantías. Lo que sobrepase ese límite tributa al tipo general del Impuesto sobre Sociedades.

Y hay un tercer techo, que opera siempre y que no es el mismo para todas las entidades: el ahorro obtenido, es decir, la minoración de la cuota íntegra respecto del tipo general, se mide sobre el importe neto de la cifra de negocios y su porcentaje máximo depende de la actividad. Para las entidades cuya actividad principal es de naturaleza industrial el tope es del 30 %. Para el resto de entidades, servicios incluidos, el tope es del 17,5 %, y baja al 10 % cuando se trata de una gran empresa. Confundir estos porcentajes es el motivo habitual de que un ahorro que parecía calculado se quede a medias en la regularización. Tampoco computan como operaciones realizadas en la ZEC las hechas, directa o indirectamente, con personas o entidades residentes en jurisdicciones no cooperativas.

El régimen trae obligaciones formales que no son opcionales: contabilidad con cuentas separadas para las operaciones de la ZEC, un desglose específico en la memoria de las cuentas anuales, contabilidad separada para las sucursales que operen fuera del ámbito ZEC y, para quien hace comercio de bienes que no pasan físicamente por Canarias, una declaración informativa trimestral de esas operaciones.

Junto al tipo del 4 % vienen otras exenciones que suelen pesar más de lo que parece: exención en el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para las adquisiciones de bienes afectos y para las operaciones societarias (salvo la disolución), exención de IGIC en las entregas y servicios entre entidades ZEC y en sus importaciones, y exención de retención en intereses y dividendos pagados a matrices y a no residentes en condiciones equivalentes a las del régimen comunitario.

El IGIC es el impuesto indirecto propio de Canarias y sustituye al IVA. Funciona con la misma mecánica de repercusión y deducción, pero con tipos y modelos propios, y lo gestiona la Agencia Tributaria Canaria. El tipo general es el 7 %, y junto a él conviven el tipo cero, un tipo específico del 1 %, el reducido del 3 %, los incrementados del 9,5 % y del 15 % y el especial del 20 % para las labores del tabaco. Las bebidas refrescantes tributan en una escala propia según su contenido de azúcar (3 %, 5 % o 7 %), y las bebidas energéticas, por su contenido de cafeína, van al 15 %.

Canarias está fuera del territorio de aplicación del IVA. Por eso una entrega de bienes que sale de la Península hacia las islas se factura sin IVA, como exportación exenta, y hay que conservar la prueba de la salida (el documento aduanero) para sostener esa exención ante una comprobación. El cliente canario liquidará el IGIC a la importación. Si lo que presta son servicios a una empresa canaria, tampoco repercute IVA, y es el destinatario establecido en Canarias quien autoliquida el IGIC por inversión del sujeto pasivo, porque el prestador no está establecido allí.

El calendario del IGIC es trimestral para el régimen general: modelo 420 dentro de los 20 primeros días naturales de abril, julio y octubre, y la autoliquidación del cuarto trimestre durante el mes de enero del año siguiente. A eso se suma el modelo 425, el resumen anual, que se presenta hasta el 31 de enero, y el modelo 415 de operaciones con terceras personas, durante el mes de febrero, para quien haya superado los 3.005,06 euros con un mismo proveedor o cliente. Si por volumen de operaciones le corresponde liquidar mensualmente, el modelo y el calendario cambian, y conviene comprobarlo antes del alta.

El régimen especial del pequeño empresario o profesional deja exentas sus operaciones por debajo de cierto volumen, pero solo alcanza a personas físicas establecidas en Canarias: una sociedad no puede acogerse nunca. El umbral estaba en 30.000 euros de volumen de operaciones del año anterior y sube a 50.000 euros con efectos de 1 de enero de 2027, con una ventana transitoria para optar en julio de 2026.

El alta es doble y se olvida con frecuencia: el modelo 036 ante la Agencia Tributaria estatal, que fija sus obligaciones censales y le asigna el NIF, y el modelo 400 ante la Agencia Tributaria Canaria, que es el que le da de alta en el censo del IGIC. Tener uno y no el otro es la causa habitual de que las autoliquidaciones no puedan presentarse. Puede ver el detalle y el importe actualizado del alta censal en nuestra ficha del modelo 036.

El AIEM, el Arbitrio sobre Importaciones y Entregas de Mercancías en las Islas Canarias, es un impuesto indirecto de fase única que existe para proteger la producción industrial canaria. Grava dos cosas con el mismo tipo: la importación de determinadas mercancías y la entrega de esas mismas mercancías cuando las realiza su productor en Canarias.

No grava todo: solo los bienes que figuran en el anexo del texto refundido canario, identificados por su partida estadística. Los tipos que ese anexo recoge son del 5 %, el 10 % y el 15 % según el producto, y hay una regla específica para los cigarrillos importados, con una cuota mínima de 18 euros por cada 1.000 cigarrillos. Buena parte de la producción local está además exenta, que es justamente el mecanismo con el que el arbitrio protege a la industria de las islas.

El margen no lo decide Canarias en solitario: la Unión Europea autorizó este diferencial de imposición a favor de la producción local mediante una decisión del Consejo de noviembre de 2020, aplicable hasta el 31 de diciembre de 2027, con un diferencial máximo del 15 % y un límite anual para la ventaja fiscal concedida.

En la práctica le afecta si fabrica en Canarias alguno de los productos del anexo, y entonces presenta el modelo 450 con periodicidad trimestral, dentro de los 20 primeros días naturales del mes siguiente, salvo el último trimestre, que se presenta durante el mes de enero. Si solo importa, el arbitrio se liquida con el despacho aduanero de la mercancía y su impacto es de coste, no de modelo periódico.

Sí, son regímenes compatibles, pero con reglas de acumulación. La propia ley dice que los beneficios fiscales de la Zona Especial Canaria se pueden simultanear con otras ayudas a la inversión y a la creación de empleo dentro de los límites y las condiciones de la normativa europea de ayudas de Estado. El problema nunca es la compatibilidad en abstracto, sino el techo conjunto, que en la ZEC se mide sobre la cifra de negocios y cambia según la entidad sea industrial, de servicios o gran empresa.

La regla que más se infringe es la de los mismos bienes: la Reserva para Inversiones en Canarias es incompatible, para los mismos bienes y gastos, con la deducción por inversiones y con las deducciones por determinadas actividades del Impuesto sobre Sociedades. Dicho claro, un mismo activo no puede financiar dos incentivos a la vez. Y los activos usados o el suelo que ya se beneficiaron antes de la RIC o de la deducción por inversiones tampoco sirven otra vez.

La Deducción por Inversiones en Canarias merece una lectura propia porque es el incentivo más infrautilizado. Sus porcentajes son superiores en un 80 % a los del régimen general, con un diferencial mínimo de 20 puntos porcentuales. Y el límite sobre cuota también sube: donde el régimen general aplica un tope conjunto del 25 % (50 % cuando el gasto en investigación y desarrollo supera el 10 % de la cuota), en Canarias es del 60 % y del 90 %, y llega al 70 % y al 100 % en La Palma, La Gomera y El Hierro.

Todo este bloque está bajo vigilancia europea, y esa vigilancia tiene un modelo con nombre: el 282, la declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Lo presenta quien se haya beneficiado de la ZEC, de la RIC o del resto de incentivos, dentro del plazo de la declaración del Impuesto sobre Sociedades. No presentarlo no le quita el incentivo, pero deja un rastro de incumplimiento formal justo en el expediente que más se revisa.

Si su caso es de RIC, la dotación y el plan de materialización dependen de sus cuentas y del plazo legal que lleve consumido, así que ese servicio se estudia y se presupuesta: puede ver las condiciones en nuestra ficha de la Reserva para Inversiones en Canarias. Para la declaración anual, en nuestra ficha del modelo 200 tiene el detalle del Impuesto sobre Sociedades y el importe actualizado.

Si está valorando entrar en la ZEC, mover una actividad a Canarias o simplemente poner al día el IGIC y el modelo 282 de su sociedad, Managora lo prepara y lo presenta por usted, desde la memoria para el Consorcio hasta las autoliquidaciones de cada trimestre. Puede ver el alcance y el importe actualizado de cada servicio en su ficha.