El convenio de doble imposición entre España y Reino Unido

El texto que se aplica hoy es el convenio hecho en Londres el 14 de marzo de 2013, publicado en el BOE del 15 de mayo de 2014 y en vigor desde el 12 de junio de 2014. Sustituyó al convenio de 1975, que sigue apareciendo citado en consultas antiguas y en páginas que nadie ha actualizado. Si algo que está leyendo menciona el convenio de 1975, está leyendo la norma equivocada.

Alcanza a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Por parte española: el IRPF, el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de no Residentes y el Impuesto sobre el Patrimonio. Por parte británica: el income tax, el corporation tax y el capital gains tax.

Lo que no cubre es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. No existe tratado bilateral de sucesiones entre España y Reino Unido, así que una herencia con bienes o herederos a los dos lados se resuelve con la normativa interna de cada país y con los mecanismos internos de cada uno para aliviar la doble imposición. Es la confusión más cara que vemos en consulta.

Conviene entender que el convenio no devuelve dinero por sí solo. Reparte la potestad de gravar entre los dos Estados y fija límites. Para que ese reparto se traduzca en menos impuesto hay que acreditarlo con papeles concretos ante la administración que corresponda, y hacerlo dentro de plazo.

Primero decide cada país con su propia ley. España le considera residente si permanece más de 183 días del año natural en territorio español (y las ausencias esporádicas cuentan como permanencia salvo que acredite residencia fiscal en otro país con certificado oficial), si tiene aquí el núcleo principal de sus intereses económicos, o si residen aquí su cónyuge no separado y sus hijos menores. Reino Unido decide con el Statutory Residence Test, que combina días de estancia y vínculos personales.

Puede ocurrir, y ocurre a menudo, que los dos países le consideren residente a la vez. Para eso está la regla de desempate del artículo 4.2 del convenio, que se aplica en cascada y se detiene en el primer escalón que resuelva: vivienda permanente a su disposición; si la tiene en los dos países, centro de intereses vitales (relaciones personales y económicas más estrechas); si no se puede determinar, donde viva habitualmente; después, nacionalidad; y si nada de lo anterior resuelve, acuerdo entre las dos administraciones.

Cuidado con el primer escalón. Vivienda permanente a su disposición no significa donde está empadronado ni donde recibe el correo: es una vivienda disponible de forma continuada, sea propia o alquilada. Tener casa a ambos lados es lo habitual, y es justo lo que empuja el análisis al segundo escalón, el de los intereses vitales, que se decide con hechos: dónde están su familia, sus cuentas, sus médicos, su coche, sus facturas.

La Dirección General de Tributos ha resuelto casos exactamente así, por ejemplo el de un pensionista británico con dos viviendas en España y una en Reino Unido que pasaba más de 183 días aquí. El desenlace depende de pruebas que hay que reunir antes, no de lo que uno declare a posteriori.

Managora prepara ese análisis y lo documenta en un dictamen con el trabajo de campo hecho, en la ficha Análisis de Residencia Fiscal y Conflictos de Doble Imposición. Puede ver el importe actualizado en la ficha.

El año fiscal británico va del 6 de abril al 5 de abril siguiente. El español es el año natural, del 1 de enero al 31 de diciembre. Ningún documento británico encaja tal cual en su declaración española: ni el P60, ni el resumen del self assessment, ni los certificados de su banco.

Para su modelo 100 hay que reconstruir por año natural lo que sus papeles británicos presentan por año fiscal británico, renta a renta y con el tipo de cambio que corresponda a cada cobro. Prorratear a ojo es la vía rápida a una paralela de la Agencia Tributaria.

El split year treatment británico permite partir el año fiscal en una parte de residente y otra de no residente cuando alguien llega o se va. España no tiene equivalente. Aquí la residencia se determina por años naturales completos: si supera los 183 días en España, es residente todo el año y tributa por su renta mundial desde el 1 de enero, aunque se mudara en septiembre.

Ese desajuste crea tramos en los que los dos países le consideran residente. No es un error del sistema: es el escenario que el artículo 4.2 y el certificado de residencia fiscal están pensados para resolver. Lo que no se puede hacer es ignorarlo y declarar solo en uno de los dos países.

Intereses y cánones son el caso fácil: el convenio los atribuye en exclusiva al Estado donde reside quien los cobra, siempre que sea el beneficiario efectivo. Es decir, cero retención en el país de origen. Si es residente en España y cobra intereses británicos, tributan solo aquí; si es residente británico y cobra intereses de una cuenta española, tributan solo allí.

Los dividendos se reparten: tributan en el país de residencia, y el país de origen puede retener con un tope del 10 por ciento con carácter general, o del 15 por ciento cuando proceden de rentas inmobiliarias distribuidas por vehículos de inversión. Quedan exentos en origen los dividendos que cobra una sociedad con al menos el 10 por ciento del capital y los que cobra un plan de pensiones.

Ese tope no se aplica solo. El pagador retiene según su norma interna y después hay que pedir la exención en origen o la devolución del exceso, con el certificado de residencia fiscal por delante. Quien no lo hace, paga de más y lo descubre años después.

Las pensiones generales, y ahí entra la pensión estatal británica (State Pensión) y la pensión privada de un empleo anterior en el sector privado, tributan solo en el Estado donde usted reside. Si vive en España, su State Pensión tributa aquí y en ningún otro sitio. El error clásico es declararla en los dos países por miedo, o no declararla en ninguno por creer que ya tributó en Reino Unido.

Las pensiones de función pública van por otra vía. Las que paga el Estado británico o sus entidades locales por servicios prestados a esa administración (funcionarios y fuerzas armadas, típicamente) tributan solo en Reino Unido, salvo que el perceptor sea a la vez residente y nacional español, en cuyo caso pasan a tributar en España.

Un matiz que sorprende a mucha gente: una pensión que tributa solo en Reino Unido puede seguir computando en España para calcular el tipo que se aplica al resto de sus rentas. No es doble imposición ni es un fallo del programa de renta: es la forma en que el convenio elimina la doble imposición sin regalar progresividad.

Si el inmueble está en España y usted reside en Reino Unido, España grava siempre. Con el piso alquilado, declara el rendimiento; con el piso vacío o de uso propio, declara una renta imputada del 1,1 por ciento del valor catastral si ese valor se revisó mediante un procedimiento de valoración colectiva de carácter general que entró en vigor en el propio periodo impositivo o en los diez periodos impositivos anteriores, y del 2 por ciento en los demás casos. No basta con que el valor se revisara alguna vez: si la revisión es más antigua, el porcentaje vuelve a ser el 2 por ciento. En ambos casos el tipo es el 24 por ciento, porque Reino Unido ya no pertenece a la Unión Europea ni al Espacio Económico Europeo, y en los alquileres no puede deducir gastos: la deducción de gastos está reservada a residentes en la UE, Islandia, Noruega y Liechtenstein.

Al vender ese piso, la ganancia tributa en España al 19 por ciento. Además, el comprador está obligado a retenerle el 3 por ciento del precio pactado e ingresarlo con el modelo 211 en el mes siguiente a la escritura. Ese 3 por ciento es un pago a cuenta suyo: si la cuota final resulta menor, la diferencia se pide en devolución en el propio modelo 210 de la venta. Aparte queda el impuesto municipal sobre el incremento de valor de los terrenos, que liquida el ayuntamiento y no forma parte del IRNR.

La exención por reinversión en vivienda habitual solo alcanza a residentes en la Unión Europea y en los Estados del Espacio Económico Europeo con efectivo intercambio de información tributaria, esto es, Islandia, Noruega y Liechtenstein. Un residente británico no puede acogerse a ella. Es una de las consecuencias prácticas del Brexit que más dinero mueve.

Si el inmueble está en Reino Unido y usted reside en España, la situación se invierte: Reino Unido puede gravar la renta y la ganancia, y España también, porque usted tributa aquí por su renta mundial. España elimina la doble imposición deduciendo el impuesto británico efectivamente pagado, con el límite del impuesto español que corresponda a esa misma renta. Si el impuesto británico fue mayor, el exceso no se devuelve en España.

Y hay una obligación que se olvida con frecuencia: si el conjunto de sus cuentas, sus valores o sus inmuebles situados fuera de España, contando los de Reino Unido junto con los de cualquier otro país, supera los 50.000 euros en alguno de esos bloques, tiene que presentar el modelo 720 entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año siguiente. Es informativa, no paga impuesto, pero se presenta.

El documento central es el certificado de residencia fiscal a efectos del convenio, que expide la administración tributaria del país donde usted reside. No vale el certificado genérico de residencia, ni el padrón, ni la tarjeta sanitaria: tiene que decir expresamente que se expide a efectos del convenio con el otro país. Su validez es de un año.

Para dejar de soportar retención británica sobre pensiones, anualidades compradas, intereses y cánones de origen británico, el HMRC tiene su propio formulario: el Spain-Individual, que sirve tanto para pedir la exención en origen (relief at source) como para reclamar la devolución de lo ya retenido. Se acompaña del certificado español de residencia fiscal.

En sentido contrario, un residente británico que cobra rentas españolas acredita su residencia con el certificado que expide el HMRC y lo entrega al pagador español o lo adjunta a su modelo 210.

Sin certificado, el pagador aplica su tipo interno completo y usted adelanta un impuesto que luego tendrá que reclamar. Managora pide el certificado, cumplimenta el formulario británico, lo presenta y hace el seguimiento hasta que la retención se corrige.

El convenio no cambió. Es un acuerdo bilateral entre dos Estados, ajeno al marco de la Unión Europea, y sigue siendo el de 2013 con el mismo reparto de potestades. Quien le diga que el Brexit anuló el convenio, se equivoca.

Lo que sí cambió es el encaje de Reino Unido en la normativa interna española, que en muchos puntos distingue entre residentes en la UE o el Espacio Económico Europeo y el resto del mundo. Desde el Brexit, Reino Unido está en el resto del mundo: el tipo del IRNR sobre alquileres e imputaciones pasa del 19 al 24 por ciento, desaparece la deducción de gastos en los alquileres y desaparece la exención por reinversión en vivienda habitual.

Quien sí ha tocado el convenio es el Convenio multilateral (MLI), que modificó su preámbulo e incorporó una cláusula antiabuso: un beneficio del convenio no se concede si obtenerlo era uno de los propósitos principales de la operación. Sus efectos se computan desde 2023. No cambia los tipos de dividendos, intereses o cánones, pero sí exige que detrás de una estructura haya un motivo económico real y no solo fiscal. Si su caso depende de un artículo concreto, conviene comprobar en el texto sintetizado que publica cada administración si el MLI lo ha alterado.

Las herencias siguen fuera del convenio. En el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no existe una cifra única para toda España: cada comunidad autónoma aprueba su tarifa, sus reducciones y sus bonificaciones, y el País Vasco y Navarra quedan fuera de la ley estatal por sus regímenes forales de Concierto y Convenio Económico. Canarias, en cambio, está en el régimen común y aplica la ley estatal con las competencias normativas que tiene cedidas como cualquier otra comunidad. La jurisprudencia y la doctrina administrativa han venido admitiendo que también los residentes en terceros países, Reino Unido entre ellos, apliquen la normativa autonómica que corresponda. No dé por buena ninguna cifra general que haya leído para su caso concreto.

Si su situación toca dos países, lo sensato es ordenarla una vez y dejarla ordenada. Managora analiza dónde es usted residente, aplica el convenio renta por renta y presenta lo que haga falta a cada lado: el modelo 100 si reside en España, el modelo 210 si no, el certificado de residencia y el formulario británico. Lo prepara y lo presenta por usted.