Cobrar una pensión del extranjero viviendo en España

Si es residente fiscal en España, sí. El residente tributa en el IRPF por su renta mundial, es decir, por todo lo que gana, dé igual dónde se generó y dónde viva quien le paga. Que el país de origen ya le haya descontado un impuesto no le exime de declarar en España: son dos cosas distintas, y la segunda es la que corrige a la primera.

Usted es residente fiscal en España, a grandes rasgos, si permanece aquí más de 183 días del año natural (las ausencias esporádicas se suman salvo que acredite residencia fiscal en otro país con un certificado oficial) o si tiene en España el núcleo principal de sus intereses económicos. También se presume cuando residen aquí su cónyuge no separado y sus hijos menores.

La pensión extranjera se califica como rendimiento del trabajo, exactamente igual que una pensión del INSS. No es una renta del ahorro ni una renta exótica: entra en la misma casilla conceptual que la nómina o la pensión española, y por eso arrastra las reglas de los rendimientos del trabajo, incluidas las de obligación de declarar.

Si pasa temporadas largas en dos países y no tiene claro dónde es residente, ese es el primer punto que hay que cerrar, porque de él depende todo lo demás. Managora prepara el análisis de residencia fiscal y el dictamen que sostiene su posición frente a la Agencia Tributaria y frente a la administración del otro país.

Depende del convenio de doble imposición con ese país y, sobre todo, de si la pensión es privada o pública. Es la distinción que más dinero mueve y la que más se confunde.

La pensión derivada de un empleo anterior en el sector privado (una empresa, un fondo ocupacional, un plan de empleo) suele tributar solo en el país de residencia, es decir, solo en España. El artículo 17 del convenio con el Reino Unido lo dice con esta fórmula: las pensiones pagadas a una persona física residente de un Estado contratante solo pueden someterse a imposición en ese Estado.

La pensión pública, la que paga un Estado, una región o un ayuntamiento por servicios prestados a esa misma administración, funciona al revés: solo puede gravarla el Estado que la paga. En España no se ignora, se declara como renta exenta con progresividad. Hay una excepción muy importante: si usted reside en España y además tiene nacionalidad española, esa pensión pública pasa a tributar solo en España.

Ojo con una trampa habitual: la pensión estatal básica de jubilación de un país (la que nace de haber cotizado, no de haber sido funcionario) no es una pensión pública a efectos del convenio. La pensión estatal británica, por ejemplo, tributa solo en España. Lo que decide la calificación es el certificado de la entidad pagadora y el convenio, no el nombre del organismo que ingresa el dinero.

Un matiz que casi nadie comprueba: el Convenio multilateral (el llamado MLI) está en vigor para España desde el 1 de enero de 2022 y ha modificado bastantes convenios bilaterales. En los convenios más habituales para pensionistas no ha cambiado la regla de las pensiones, pero sí ha añadido cláusulas antiabuso y sigue habiendo notificaciones nuevas en el BOE, la última publicada en junio de 2026. Antes de dar por buena una regla leída hace años conviene mirar el texto sintético del convenio, que publica el Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Tributos.

Si su país pagador no tiene convenio con España, la pensión tributa aquí sin más, y lo pagado fuera se corrige con la deducción por doble imposición internacional.

Porque el límite de 22.000 euros solo vale cuando el pagador está obligado a retener a cuenta del IRPF, y una entidad extranjera no lo está. La propia Agencia Tributaria lo pone como ejemplo textual del supuesto en el que el límite baja a 15.876 euros: cuando el pagador no está obligado a retener, por ejemplo, pensiones procedentes del extranjero.

A esto se suma el segundo motivo, el más conocido: si usted cobra una pensión española y otra extranjera tiene dos pagadores. Si lo percibido del segundo y siguientes supera 1.500 euros al año, el límite también se queda en 15.876 euros. Si no pasa de 1.500 euros, el límite se mantiene en 22.000 euros: que ese segundo pagador sea extranjero y no retenga no rebaja el límite cuando lo que le paga no llega a 1.500 euros al año.

Y hay un tercer caso en el que directamente no hay límite: quien quiere aplicar la deducción por doble imposición internacional está obligado a presentar la declaración sea cual sea el importe de sus rentas. Dicho de otro modo, si le han retenido fuera y quiere recuperarlo, tiene que declarar aunque cobre poco.

Estos límites son idénticos en tributación individual y en conjunta, así que declarar en conjunta con su cónyuge no le libra de nada. Managora comprueba con sus datos fiscales si le toca declarar antes de que usted decida nada.

Con uno de dos mecanismos, y no son intercambiables. El primero es la exención con progresividad, que se aplica a las pensiones públicas que el convenio atribuye al otro Estado: la pensión no tributa en España, pero se suma a su base liquidable general para calcular el tipo medio, y ese tipo se aplica después al resto de sus rentas. Resultado práctico: no paga por ella, pero le sube el tipo de todo lo demás. Por eso hay que declararla aunque esté exenta.

El segundo es la deducción por doble imposición internacional, para las pensiones que ambos países pueden gravar. Se resta de su cuota la menor de dos cantidades: lo efectivamente pagado fuera por un impuesto análogo, o el resultado de aplicar su tipo medio efectivo de gravamen a la parte de base liquidable que se gravó en el extranjero.

Hay un tope adicional que se olvida siempre: nunca se deduce más de lo que el convenio permite gravar al otro país. Si el país pagador le retuvo por encima de ese límite, el exceso no se recupera en España, se reclama al país que retuvo de más. Managora prepara esa solicitud de devolución.

Caso particular de Estados Unidos: el impuesto que Estados Unidos exige a sus ciudadanos por el mero hecho de serlo no da derecho a deducción en España. Es Estados Unidos quien debe corregir esa doble imposición, no la Agencia Tributaria.

Nadie lo hace por usted de oficio. El pagador extranjero seguirá reteniendo hasta que reciba el certificado de residencia fiscal en España a efectos del convenio, que expide la Agencia Tributaria. Es un certificado distinto del genérico de residencia fiscal: el que sirve para frenar la retención es el que menciona expresamente el convenio con ese país.

Se solicita en la sede electrónica de la Agencia Tributaria, dentro del procedimiento de certificados tributarios de residencia fiscal, identificándose con Cl@ve o certificado digital, y también puede pedirse en una oficina con el modelo 01. Su validez es de un año, así que hay que renovarlo cada ejercicio mientras cobre la pensión.

Con el certificado en la mano, cada administración extranjera exige además su propio impreso interno y sus propios plazos, y muchas rechazan el certificado genérico. Ese cruce es donde se atasca la mayoría de la gente: se pide el certificado equivocado, o se manda sin el formulario del país pagador, y la retención sigue año tras año.

Managora solicita el certificado correcto, lo acompaña del impreso que pide el país pagador, lo traduce cuando hace falta y sigue el expediente hasta la resolución, presentando las reiteraciones o los recursos que procedan. La decisión de dejar de retener corresponde a la administración o al pagador del otro país, de modo que lo que se compromete es la tramitación completa, no el resultado.

Si cobra en libras, dólares o francos, la pensión se convierte a euros al tipo de cambio oficial, que es el que publica el Banco Central Europeo, directamente o a través del Banco de España. No vale redondear ni inventarse una media casera.

Los rendimientos del trabajo se imputan al periodo impositivo en que son exigibles, no al año en que a usted le conviene. Esto importa cuando el país pagador liquida con retraso o cuando el primer pago llega acumulado.

Para los atrasos existe una vía limpia: si percibe en un año importes que corresponden a ejercicios anteriores por razones ajenas a usted, se presenta una autoliquidación complementaria del ejercicio al que correspondan, sin sanción, sin intereses de demora y sin recargo, en el plazo que va desde que los cobra hasta el final del siguiente periodo de declaraciones. Fuera de ese plazo, ya no es gratis.

Un aviso adicional: si la pensión se ingresa en una cuenta abierta fuera de España, revise el modelo 720. La obligación nace cuando el conjunto de un bloque de bienes supera 50.000 euros, y una vez presentado solo se repite cuando ese bloque crece más de 20.000 euros. Los derechos de un plan de pensiones extranjero no se declaran mientras no se produzca la contingencia que da derecho a cobrar.

La exención de las pensiones por incapacidad permanente absoluta o gran invalidez puede alcanzar a una pensión extranjera, pero no es automática. Hacen falta dos cosas: que la entidad que la paga sustituya en ese país a la Seguridad Social, y que el grado reconocido allí sea equiparable al grado español. La Agencia Tributaria pide la resolución de reconocimiento, el informe médico oficial con las lesiones y limitaciones funcionales y el dictamen pericial, todo traducido al español.

Quien da por supuesta la exención porque en su país no le retienen suele acabar con una liquidación. Managora monta el expediente de equiparación con la documentación que la Agencia Tributaria exige y lo defiende si se lo discuten.

Sobre el territorio: el País Vasco y Navarra no aplican una bonificación sobre el IRPF estatal, tienen su propio impuesto, con sus propias escalas, reducciones y deducciones, en virtud del Concierto y del Convenio. Canarias, Ceuta y Melilla aplican el IRPF común. Conviene no confundirse aquí: todas las comunidades autónomas de régimen común tienen cedida capacidad normativa sobre el IRPF y todas cuentan con escala autonómica propia y con sus propias deducciones, no solo Canarias. Lo específico de Ceuta y Melilla es otra cosa: una deducción propia por las rentas obtenidas en esas ciudades.

El convenio de doble imposición se aplica igual viva donde viva, porque es un tratado del Estado. Lo que cambia es la cuota: una cifra calculada con la escala de una comunidad no sirve para otra, y mucho menos para un territorio foral. Dónde tuviera su residencia habitual decide qué normativa se le aplica.