Cuánto cuesta la Ley de Segunda Oportunidad: tasa, procurador, abogado y administrador concursal

La Ley de Segunda Oportunidad no tiene un precio oficial único, porque casi todo lo que cuesta no son tasas sino profesionales. Lo que pone el Estado es gratis: la persona física no paga tasa judicial y el edicto que anuncia el concurso se publica sin coste en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro público concursal. Lo que hay que pagar es el abogado y el procurador, que la ley exige para pedir el concurso y la exoneración.

A eso se suman, solo en algunos casos, costes de terceros: el administrador concursal cuando hay bienes que vender, o la tasación de una vivienda hipotecada que usted quiere conservar con un plan de pagos. Y hay un concepto que se confunde a menudo con el precio y no lo es: la cuota del plan de pagos, que es dinero que va a sus acreedores, no al procedimiento.

La situación más frecuente es también la más sencilla. El concurso sin masa, el de quien no tiene bienes con los que pagar, fue el 85,4 % de todos los concursos declarados en el primer trimestre de 2026 y el 83 % en el segundo, según el Colegio de Registradores. En él no hay que vender nada y, por regla general, no se nombra administrador concursal.

Por eso la cifra que de verdad importa es lo que le cobran por llevar el asunto y qué incluye. En Managora el servicio completo, con abogado y procurador, tiene un precio cerrado publicado: puede ver el importe actualizado en la ficha de la Ley de Segunda Oportunidad.

No. La tasa judicial es de 0 euros por dos razones que se suman. La primera, que las personas físicas están exentas de la tasa en todo caso. La segunda, que la solicitud de concurso voluntario, la que presenta el propio deudor, ni siquiera es un acto sujeto a la tasa y además está exenta por sí misma. Tampoco paga tasa la persona física en los incidentes que puedan surgir dentro del concurso.

La publicación tampoco cuesta. El auto que declara el concurso se anuncia por edicto en el Boletín Oficial del Estado y en el Registro público concursal, y la ley dice expresamente que esa publicación es gratuita. La anotación en el Registro Civil la promueve la oficina judicial de oficio, sin que usted tenga que pedirla.

Desde la reforma concursal que entró en vigor el 26 de septiembre de 2022 ya no hay que intentar antes un acuerdo con los acreedores, de modo que ese coste previo ha desaparecido. Y los medios adecuados de solución de controversias que la Ley Orgánica 1/2025 exige desde abril de 2025 antes de otros pleitos no se aplican a la materia concursal: tampoco hay que pagar una negociación previa.

El procurador es obligatorio: la solicitud de concurso la presenta un procurador, con su firma y la del abogado, y una vez declarado el concurso el deudor actúa siempre con los dos, también para pedir la exoneración. No es un gasto que se pueda evitar haciéndolo por su cuenta.

Sus derechos los regula el arancel del Real Decreto 434/2024, en vigor desde el 2 de mayo de 2024, que sustituyó al de 2003. El arancel fija importes máximos, prohíbe los mínimos y permite pactar por debajo. Lo que un procurador cobre por un mismo asunto no puede pasar de 75.000 euros.

En los concursos, la base de cálculo es el 60 % del pasivo que resulta de la lista definitiva de acreedores, o el 70 % si hay más de 300 acreedores. Sobre esa base se aplica la escala de la tabla: con un pasivo de 50.000 euros, la base es de 30.000 y el máximo es de 624,73 euros. La mitad de esos derechos corresponde a la sección primera del concurso, la de su declaración.

Hay otras dos cifras útiles. Si surge un incidente sin cuantía determinada, como una impugnación de la lista de acreedores o del inventario, el máximo es de 351 euros. Y si el juez no admite a trámite la solicitud, el procurador cobra como mucho el 25 % de la escala.

Un matiz que conviene conocer: en el concurso sin masa normalmente no hay administrador concursal ni, por tanto, una lista definitiva de acreedores elaborada por él, así que la base del arancel no encaja del todo y en la práctica el importe se pacta. La escala sirve como techo de referencia, no como precio. En Managora el procurador va dentro del precio de la ficha: no recibe una factura aparte del procurador.

El abogado también es obligatorio, tanto en el concurso de la persona física como en el procedimiento especial para microempresas que corresponde a los autónomos en activo. Prepara lo que de verdad decide el resultado: la memoria con la historia económica y las causas de la insolvencia, el inventario de bienes, la relación de todos los acreedores y, después, la solicitud de exoneración con las declaraciones del IRPF de los tres últimos años.

Sus honorarios son libres. No existe un baremo oficial, y los colegios de abogados no pueden publicar baremos orientativos de honorarios: solo pueden fijar criterios a efectos de la tasación de costas y de la jura de cuentas. Cualquier cifra que vea presentada como tarifa oficial de la segunda oportunidad es, en realidad, el precio de un despacho.

Eso hace que comparar por la cifra sola engañe. Dos presupuestos iguales pueden cubrir cosas muy distintas: uno solo la solicitud de concurso y otro también la exoneración; uno con el procurador dentro y otro con el procurador aparte. Lo que importa es qué fases están incluidas y qué pasa si el caso se complica.

Un detalle que no es menor: la exoneración solo alcanza a las deudas que se reseñaron y que identifica el auto, como ha dicho el Tribunal Supremo en febrero de 2026. Una relación de acreedores incompleta sale más cara que cualquier honorario, porque la deuda olvidada sigue viva. Por eso en Managora repasamos con usted cada deuda, incluidas las de Hacienda, la Seguridad Social y el ayuntamiento, antes de presentar nada.

En el concurso sin masa, normalmente no. El juez declara el concurso sin nombrar administrador y publica un llamamiento a los acreedores. Solo si acreedores que representen al menos el 5 % del pasivo lo piden en los 15 días siguientes a la publicación del edicto se nombra un administrador, que tiene un mes desde que acepta el cargo para emitir su informe.

Y aun entonces no lo paga usted. El juez fija la retribución del administrador en el mismo auto que lo nombra, y su pago corresponde al acreedor o acreedores que lo pidieron. Si nadie lo pide, usted solicita la exoneración en los diez días siguientes, sin administrador y sin ese coste. Aunque nadie se oponga, el juez comprueba de oficio que se cumplen los requisitos.

Cuando sí hay bienes con los que pagar, el concurso sigue con administrador concursal y la ley dice que su retribución va con cargo a la masa: se paga con los bienes y derechos que forman parte del concurso, no con una factura aparte. Cuanto más cueste esa administración, menos queda para repartir entre los acreedores.

Si es autónomo en activo y le corresponde el procedimiento especial para microempresas, el régimen del administrador tiene reglas propias; las explicamos en la guía de la Ley de Segunda Oportunidad para autónomos.

El poder al procurador es gratis. Tiene que ser un poder especial para solicitar el concurso, y usted lo otorga en persona ante el letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial, que no tiene por qué ser la del concurso. No necesita certificado digital ni Cl@ve. Con DNI electrónico o certificado también puede hacerse por internet en la Sede Judicial Electrónica, pero para este poder especial le indicaremos la comparecencia presencial, que es la vía segura.

Los documentos se consiguen, en su mayoría, sin certificado. El informe de la CIRBE del Banco de España lo pide usted gratis, por correo o en persona con cita previa, con el formulario FDU-031 firmado a mano y copia del DNI o NIE. La vida laboral puede pedirla para que se la envíen a su domicilio. Las declaraciones del IRPF de los tres últimos años hacen falta siempre que se pide la exoneración, y en el plan de pagos también las de su unidad familiar.

Un coste de tercero que sí puede aparecer es la tasación de la vivienda. Si quiere conservar una vivienda hipotecada con un plan de pagos, el valor de la garantía es el 90 % de su valor razonable, que sale de la tasación de una sociedad homologada por el Banco de España, salvo que ya exista una de los seis meses anteriores al concurso. Esa tasación la cobra la sociedad tasadora y no está incluida en nuestro precio; le diremos al principio si su caso la necesita.

Ese valor importa porque fija lo que se sigue pagando de la hipoteca: las cuotas se recalculan sobre la parte de la deuda que no supera el valor de la garantía, la parte que lo excede recibe el trato de su clase en el plan y lo que de ella no se pague queda exonerado al final.

No es un coste del procedimiento, sino lo que usted paga a sus acreedores para obtener la exoneración sin que se vendan sus bienes. El plan dura tres años como regla general, y cinco si no se vende su vivienda habitual o si los pagos dependen sobre todo de su renta futura. Al aprobarse obtiene una exoneración provisional y, al terminar el plazo sin revocación, la definitiva.

La ley no fija una cuota mínima ni un porcentaje. El criterio es que el plan destine a la deuda exonerable todo lo que usted pueda pagar por encima del mínimo inembargable, de sus nuevas obligaciones razonables y de los vencimientos de la deuda que no se exonera. Si no lo hace, un acreedor puede impugnarlo con éxito. Por eso la cuota se calcula caso por caso, con sus ingresos reales.

Hay deudas que siguen ahí aunque todo salga bien, y conviene contarlas como parte del coste real: las pensiones de alimentos, las multas penales, las sanciones administrativas muy graves o la parte de la hipoteca que cubre el valor de la vivienda. Con Hacienda, la Seguridad Social y los demás acreedores públicos hay un límite, que se aplica a cada uno por separado: se exoneran íntegros los primeros 5.000 euros y, a partir de ahí, la mitad, hasta un máximo de 10.000 euros exonerados. Según el Tribunal Supremo, los recargos, intereses y sanciones que son crédito subordinado se exoneran enteros, salvo las sanciones muy graves.

Lo que haya que seguir pagando a esos acreedores no desaparece con el auto. Antes de presentar le decimos cuánto quedaría vivo, para que sepa de antemano qué le va a costar de verdad salir de la situación.

La ley no regula cómo se pagan los honorarios, así que el pago fraccionado es una decisión comercial de cada despacho. Sí conviene saber que la propia ley deja fuera de la exoneración las costas y los gastos judiciales derivados de tramitar la solicitud de exoneración: no cuente con que el auto borre lo que quede pendiente por ese concepto.

Antes de contratar, pida que le respondan por escrito a estas preguntas: si el precio es cerrado o depende de horas, fases o resultados; si incluye el procurador o su arancel se factura aparte, y con qué base se calcula; si cubre la solicitud de exoneración y no solo la declaración del concurso; si incluye la oposición de un acreedor, un incidente o la petición de administrador por acreedores del 5 %; si incluye el plan de pagos, su posible modificación y el paso a la liquidación; qué pasa con los ficheros de morosos y la CIRBE después del auto; y si el IVA está dentro del precio.

En Managora la respuesta está en la ficha antes de pagar: precio cerrado, abogado y procurador incluidos, un solo pago, y usted no presenta nada ante el tribunal. La salida de ASNEF, Experian y la CIRBE también va incluida, pero llega al final: solo procede con el auto de exoneración con liquidación o con el de exoneración definitiva del plan de pagos, porque con la provisional no hay mandamiento a los acreedores.

Lo que nadie puede venderle es el resultado: la exoneración la concede el juez, que revisa de oficio la buena fe aunque ningún acreedor se oponga. Lo que sí le dejamos claro desde el principio es el precio y lo que incluye.