Ley de Segunda Oportunidad para autónomos: Hacienda, Seguridad Social y el procedimiento para microempresas

Sí. La exoneración del pasivo insatisfecho, que es el nombre legal de la segunda oportunidad, la puede pedir toda persona natural, sea o no empresaria, siempre que sea deudor de buena fe. El autónomo es persona natural: las deudas de su actividad y las personales son suyas y se tratan juntas. Hace falta estar en insolvencia actual o inminente, es decir, no poder pagar con regularidad lo que vence o prever que no podrá hacerlo en los tres meses siguientes. La ley no fija una deuda mínima, pero si al final solo queda un acreedor el procedimiento se cierra sin llegar a la exoneración.

Lo que cambia para el autónomo es el camino. Si sigue en activo y es una microempresa, la ley le obliga a usar el procedimiento especial para microempresas, en vigor desde el 1 de enero de 2023, y no el concurso de acreedores general. Si ya cerró la actividad, la doctrina mayoritaria entiende que va al concurso general, aunque el Tribunal Supremo no se ha pronunciado. Y si lo que debe nace de avales a una sociedad, su exoneración es suya y va por su propio procedimiento, porque la exoneración no alcanza a la sociedad.

Ya no hay que intentar antes un acuerdo con los acreedores ni haber pagado un porcentaje mínimo de la deuda: esos requisitos desaparecieron con la reforma concursal de 2022. La buena fe se mide hoy con una lista cerrada de causas de exclusión, que se explican más abajo.

Es obligatorio para el autónomo en activo que, al pedirlo, cumple dos condiciones: haber empleado de media menos de diez trabajadores el año anterior (no tener ninguno también cumple) y tener un volumen de negocio anual inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros, según las últimas cuentas cerradas del ejercicio anterior. Basta con una de las dos cifras económicas. Quien encaja no puede elegir el concurso general ni un plan de reestructuración: se rige solo por este procedimiento.

Todo es electrónico. Se tramita con los formularios normalizados del Servicio Electrónico de Microempresas, que son oficiales y gratuitos, y las comparecencias, vistas y declaraciones se hacen por vía telemática, así que no tiene que desplazarse al juzgado. Abogado y procurador son preceptivos: el deudor no puede presentarlo por su cuenta. Lo resuelve la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de la capital de su provincia o, donde no la hay, un juez de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la capital.

Tiene dos itinerarios. El de continuación, para el negocio viable, con un plan que puede incluir quitas y esperas. El de liquidación, en el que los bienes se venden a través de la Plataforma de Liquidación de Bienes (PLABI) y las operaciones no pueden durar más de tres meses, prorrogables uno más. Si el 85 % o más de sus créditos son públicos, situación frecuente en el autónomo que debe sobre todo a Hacienda y a la Seguridad Social, solo cabe la liquidación.

El procedimiento por sí solo no cancela nada: al terminar, el autónomo sigue respondiendo de lo que no se pagó, salvo que obtenga la exoneración. Esta se pide por las reglas generales de la ley concursal después de la liquidación o si se frustra el plan de continuación. Y hay un plazo que conviene no dejar pasar: el deber de pedir la apertura es de dos meses desde que conoció, o debió conocer, su insolvencia actual.

Sí. La ley española no exige cesar en la actividad para obtener la exoneración: el deudor puede pedirla sea o no empresario, y no tiene que darse de baja en el RETA para ello. Durante el procedimiento especial conserva la administración de su patrimonio, aunque solo puede hacer actos de disposición dirigidos a continuar la actividad y a precio de mercado.

En la continuación el negocio sigue abierto y paga con arreglo al plan. Dos fechas deciden si ese plan alcanza a Hacienda y a la Seguridad Social: la comunicación a la AEAT y a la Tesorería General de la Seguridad Social, en 72 horas, de que ha pedido la apertura, con un reconocimiento de deuda actualizado; y la solicitud de apertura en el mes siguiente a cumplirse tres meses de impago generalizado de impuestos o cuotas. Si falla una de las dos, las quitas y esperas del plan no alcanzan a esos créditos. El plan tampoco puede tocar la parte privilegiada del crédito público ni hacer quitas o esperas sobre las cuotas de la Seguridad Social por contingencias comunes y profesionales.

En la liquidación se venden los bienes embargables, y los inembargables quedan fuera. Lo que los acreedores no cobren con esa venta es lo que después se pide exonerar. La apertura del procedimiento paraliza las ejecuciones sobre sus bienes, pero no las de los créditos públicos privilegiados ni las de determinadas cuotas de la Seguridad Social, y tampoco las de los créditos con garantía real salvo que se pida en los casos que la ley permite. Suspender un embargo no es cancelar la deuda.

La regla es que el crédito público no se exonera, con una excepción con tope: los primeros 5.000 euros se exoneran íntegros y, a partir de ahí, el 50 % hasta un máximo de 10.000 euros exonerados. Ese máximo se alcanza con 15.000 euros de deuda. Con 8.000 euros con Hacienda se exoneran 6.500 y quedan 1.500; con 30.000 se exoneran 10.000 y quedan 20.000.

El Tribunal Supremo, en sentencias de 18 de febrero de 2026, fijó dos criterios que favorecen al autónomo. El primero, que el tope se aplica a cada acreedor de Derecho público por separado: la AEAT, la Tesorería General de la Seguridad Social, el ayuntamiento o la comunidad autónoma, aunque la letra de la ley solo nombre a las dos primeras. Con 14.000 euros con Hacienda y 11.000 con la Seguridad Social se exoneran 9.500 y 8.000, en total 17.500. El segundo, que el crédito público subordinado, es decir, los recargos, los intereses y las sanciones que no sean muy graves, se exonera entero, y el tope solo se aplica al resto.

Lo exonerado se aplica primero a los créditos de peor rango y, dentro de cada clase, en función de su antigüedad. Las retenciones de IRPF que usted practicó y no ingresó tienen privilegio general íntegro, y el resto del crédito público lo tiene en un 50 %, de modo que lo que suele quedar pendiente es la parte privilegiada. Este tratamiento solo se aplica en la primera exoneración: en una segunda no se exonera nada del crédito público.

Lo que quede pendiente con Hacienda puede intentar aplazarse por las reglas generales, con sus límites: las retenciones e ingresos a cuenta no se aplazan, y el IVA repercutido tampoco, salvo que se justifique que no se cobró. Managora prepara y presenta esa solicitud con el trámite de aplazamiento ante la AEAT; puede ver el importe actualizado en la ficha.

Según la letra de la ley, no obtiene la exoneración quien en los diez años anteriores tenga una sanción firme por infracción muy grave tributaria, de Seguridad Social o del orden social, o un acuerdo firme de derivación de responsabilidad, salvo que lo haya pagado entero al presentar la solicitud. Las sanciones por infracciones graves solo excluyen si superan el 50 % de lo que se puede exonerar ante la AEAT, salvo pago íntegro. También excluyen el concurso declarado culpable, haber dado información falsa o engañosa y haberse endeudado de forma temeraria o negligente; en este último caso el juez valora, entre otras cosas, si el empresario usó las herramientas de alerta temprana.

Las mismas sentencias del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 2026 precisaron ese régimen. La sanción tributaria o de Seguridad Social muy grave sí excluye. La derivación de responsabilidad, en cambio, solo excluye si consta que nace de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a una infracción muy grave: el Supremo la trata como una garantía para el cobro, no como un castigo. Además, la buena fe es la ausencia de esas causas, el juez la comprueba de oficio aunque nadie se oponga y el deudor tiene que aportar la información, incluido el origen de las deudas desproporcionadas respecto de sus ingresos de entonces.

Hay dos riesgos más que conviene medir. En el procedimiento de microempresas, una desviación de más del 20 % en el activo, el pasivo, los ingresos o los gastos declarados, con un mínimo de 10.000 euros, hace culpable el procedimiento y cierra la exoneración. Y si la culpabilidad viene solo de haber pedido tarde, el juez puede atender a las circunstancias del retraso, pero no está obligado a hacerlo. Por eso los formularios se cuadran contra los certificados de cada organismo antes de presentarlos.

Por último, hay que reseñar todas las deudas: la exoneración solo alcanza a los créditos que el deudor relacionó y que identifica el auto. Una deuda olvidada en la lista no queda cancelada.

La ley describe al microempresario como quien lleva a cabo una actividad, en presente. Por eso la doctrina mayoritaria entiende que quien ya no ejerce va al concurso de acreedores general de la persona natural, y no al procedimiento especial. No hay doctrina del Tribunal Supremo y algunos juzgados atienden al origen empresarial de la deuda cuando el cese es reciente, así que la vía se decide caso a caso.

Si no tiene bienes que liquidar, lo habitual es el concurso sin masa, que fue el 85,4 % de los concursos del primer trimestre de 2026 y el 83 % del segundo, según el Colegio de Registradores. El juez lo declara sin más pronunciamientos y llama a los acreedores: los que representen al menos el 5 % del pasivo tienen 15 días desde el edicto para pedir un administrador concursal, cuya retribución pagan ellos. Si nadie lo pide, usted solicita la exoneración en los diez días siguientes, y el juez la concede solo tras verificar de oficio los requisitos.

Para esta vía sirven el justificante de la baja censal (desde el 3 de febrero de 2025 es el modelo 036, porque el 037 desapareció; para bajas anteriores vale el 037), la baja en el RETA, los certificados de deuda con la AEAT y la Seguridad Social y las declaraciones de IRPF de los tres últimos años. Desde la declaración del concurso no pueden iniciarse ejecuciones contra sus bienes y las que estén en curso se suspenden, con excepciones como los apremios administrativos con embargo anterior sobre bienes no necesarios para la actividad.

Sí. Lo que debe como avalista es deuda suya, y la exoneración alcanza a todas las deudas de la persona natural salvo las excepciones legales. El socio o administrador que firmó avales o pólizas de su sociedad puede pedir su propio concurso y su propia exoneración. Si ese administrador no tiene actividad propia, la norma no aclara si va al concurso general o al procedimiento especial, y la vía se decide caso a caso.

Su exoneración no libera a la sociedad ni a los demás fiadores o cofiadores: el banco puede seguir reclamándoles. Lo que sí queda afectado es el crédito de regreso, por ejemplo el del socio que pagó por todos y quiere repetir contra usted. Y la sociedad sigue su propio procedimiento, porque la exoneración no alcanza a una persona jurídica.

Dos riesgos hay que medir antes de pedirla. Si en el procedimiento de la sociedad usted fue declarado persona afectada por la calificación culpable, esa declaración excluye la exoneración, criterio que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dio por válido el 10 de abril de 2025. Y si Hacienda le derivó deuda de la sociedad cerrada como responsable subsidiario, la derivación solo le cierra la puerta si nace de una conducta fraudulenta; si no, esa deuda es crédito de Derecho público y entra con su límite.

Si está casado en gananciales, la exoneración de las deudas gananciales no se extiende a su cónyuge mientras él no obtenga la suya.

Managora es gestoría y despacho de abogados, con abogado colegiado y procurador propios. Decidimos la vía (procedimiento especial o concurso general), comprobamos el porcentaje de crédito público y las causas de exclusión, cuadramos la relación de acreedores con los certificados, preparamos y presentamos los formularios y la solicitud, le acompañamos en las comparecencias telemáticas y pedimos la exoneración. Tras el auto de exoneración con liquidación, o el de exoneración definitiva si hay plan de pagos, podemos pedir a los ficheros de morosos y a cada acreedor, también a los que declararon a la CIRBE, que actualicen sus datos con el trámite de salida de ficheros tras la exoneración.

Usted aporta los datos y los documentos por la web y otorga el poder al procurador, que tiene que ser especial para el concurso. Puede hacerlo gratis y en persona ante el letrado de la Administración de Justicia de cualquier oficina judicial, sin certificado ni Cl@ve, o por internet en la Sede Judicial Electrónica si tiene DNI electrónico o certificado. Nunca le pedimos su certificado digital ni su Cl@ve. Al final firma la declaración de no estar incurso en ninguna causa de exclusión.

Los costes oficiales son pocos. La tasa judicial es de 0 euros, porque la persona física está exenta. El arancel del procurador tiene importes máximos fijados por el Real Decreto 434/2024 y en nuestra ficha va dentro del precio. Si se nombra administrador concursal, su coste depende de quién lo pida y por qué. El precio de la Ley de Segunda Oportunidad es cerrado y se paga una vez: puede ver el importe actualizado en la ficha. Lo que no podemos prometer es el resultado, porque la exoneración la concede el juez.