Ley de Segunda Oportunidad en 2026: requisitos, qué deudas se cancelan y cómo se pide

«Ley de Segunda Oportunidad» es el nombre popular de la exoneración del pasivo insatisfecho: el mecanismo por el que el juez declara que una persona natural ya no tiene que pagar las deudas que han quedado sin cubrir. No es una ley aparte, sino los artículos 486 a 502 del texto refundido de la Ley Concursal, en la redacción de la Ley 16/2022, vigente desde el 26 de septiembre de 2022.

Se pide siempre dentro de un concurso de acreedores. Lo lleva la Sección de lo Mercantil del Tribunal de Instancia de la capital de la provincia donde usted tiene el centro de sus intereses principales, que es donde administra su economía de forma habitual y no siempre coincide con su domicilio. En las provincias sin esa Sección, lo lleva un juez de la Sección Civil del Tribunal de Instancia de la capital.

No es un aplazamiento ni una quita negociada con los bancos: es una resolución judicial. La concede el juez tras comprobar los requisitos, no alcanza a todas las deudas y tampoco libera a quien le avaló.

Abogado y procurador son obligatorios. En Managora los ponemos nosotros, abogado colegiado del ICAM y procurador propio, y van incluidos en la ficha de la Ley de Segunda Oportunidad; puede ver el importe actualizado en la ficha. En costes oficiales, la tasa judicial es de 0 euros para la persona física, el edicto en el BOE y en el Registro público concursal es gratuito y el arancel del procurador tiene importes máximos. Lo detallamos en la guía sobre cuánto cuesta la Ley de Segunda Oportunidad.

Toda persona natural, empresaria o no, que sea deudor de buena fe: asalariados, pensionistas, personas en paro, autónomos, y también quien cerró su negocio o avaló las deudas de su sociedad, porque la ley no distingue el origen de la deuda. Las sociedades no pueden.

El presupuesto es la insolvencia: actual, si no puede cumplir con regularidad las obligaciones que vencen, o inminente, si prevé que no podrá hacerlo en los tres meses siguientes. Estar muy endeudado pero poder pagar no basta. La ley no exige un mínimo de deuda, pero sí hacen falta dos o más acreedores: si la lista definitiva arroja uno solo, el concurso se concluye sin llegar a la exoneración.

Lo que ya no hace falta. La Ley 16/2022 suprimió el acuerdo extrajudicial de pagos que antes había que intentar, el umbral de haber pagado el 25 % del pasivo ordinario y el requisito de no haber rechazado una oferta de empleo en los cuatro años anteriores. El deudor insolvente va directamente al concurso, y tampoco tiene que intentar antes un medio adecuado de solución de controversias: la Ley Orgánica 1/2025 excluye la materia concursal.

El autónomo en activo que es microempresa (menos de 10 trabajadores de media el año anterior y un volumen de negocio inferior a 700.000 euros o un pasivo inferior a 350.000 euros) va obligatoriamente por el procedimiento especial para microempresas, y pide la exoneración tras la liquidación o si se frustra su plan de continuación. Quien ya cerró la actividad va, según la doctrina mayoritaria, al concurso ordinario, aunque el Tribunal Supremo no lo ha resuelto. Lo explicamos en la guía de la Ley de Segunda Oportunidad para autónomos.

Y no conviene esperar: la ley obliga a pedir el concurso en los dos meses siguientes a conocer la insolvencia actual, y un concurso culpable impide la exoneración, aunque si solo lo fue por pedirlo tarde el juez puede atender a las circunstancias del retraso.

La buena fe no es una impresión del juez: es no estar en ninguna de las causas de exclusión del artículo 487.1, una lista cerrada que resume la tabla. Haber pedido préstamos no excluye por sí solo; excluyen una condena, una sanción muy grave, un concurso culpable, no colaborar o haberse endeudado de forma temeraria, negligente o con información falsa.

El 18 de febrero de 2026, el Pleno de la Sala Primera del Tribunal Supremo (sentencias 259/2026, 261/2026, 262/2026 y 263/2026, según la nota oficial de su Gabinete Técnico) fijó que la buena fe es la ausencia de esas causas; que el deudor tiene la carga de aportar la información, incluido el origen de las deudas desproporcionadas respecto de sus ingresos de entonces; que el juez lo verifica de oficio aunque ningún acreedor se oponga; y que la sanción tributaria o de Seguridad Social muy grave excluye, mientras que la derivación de responsabilidad solo excluye si consta que nace de una conducta fraudulenta del administrador equiparable a una infracción muy grave.

En la práctica, que nadie se oponga ya no basta. La memoria tiene que explicar, con documentos, para qué se pidió cada préstamo importante y por qué dejó de poder pagarse: un despido, una enfermedad, una separación, el cierre de un negocio. Antes de presentar nada, nuestro abogado repasa con usted cada causa y el origen de cada deuda, y si algo impide la exoneración se lo decimos antes de empezar.

La ley prevé dos vías: exoneración con liquidación de la masa activa y exoneración con plan de pagos sin liquidación. Dentro de la primera está el caso más frecuente, el concurso sin masa: el 85,4 % de los concursos del primer trimestre de 2026 y el 83 % del segundo, según el Colegio de Registradores.

Hay concurso sin masa cuando no tiene bienes embargables, cuando venderlos costaría desproporcionadamente más de lo que valen, cuando sus bienes libres de cargas valen menos que el coste previsible del procedimiento o cuando las cargas superan su valor de mercado. No se elige: lo aprecia el juez con la solicitud y sus documentos. Declara el concurso sin más pronunciamientos y, si en 15 días los acreedores que suman al menos el 5 % del pasivo no piden un administrador concursal (que pagarían ellos), usted pide la exoneración en los 10 días siguientes.

Tener nómina o pensión no lo impide: lo que no supera el salario mínimo (1.221 euros al mes en 2026) es inembargable, como el mobiliario y el menaje no superfluos, y no forma parte de la masa.

En la liquidación, el administrador concursal vende lo que no es inembargable, incluido lo que usted adquiera hasta la conclusión del concurso, herencias aceptadas incluidas. La exoneración se pide en el plazo de audiencia previo a la conclusión y es directa, sin fase provisional.

El plan de pagos permite conservar bienes, típicamente la vivienda, pagando durante tres años, o cinco si no se realiza la vivienda habitual o los pagos dependen sobre todo de su renta. Se pide antes de que se acuerde la liquidación. No hay porcentaje mínimo, pero el plan debe destinar a la deuda exonerable toda la renta que exceda de lo inembargable, de las nuevas obligaciones razonables y de la deuda no exonerable, y dar a cada acreedor al menos lo que cobraría en la liquidación. Cómo encaja la hipoteca lo explicamos en la guía sobre la vivienda y la Ley de Segunda Oportunidad.

No hay una cifra oficial: ni el Consejo General del Poder Judicial ni el Colegio de Registradores publican la duración del concurso de persona natural, y la mediana de 59 días que a veces se cita para el concurso sin masa corresponde a personas jurídicas. Lo que sí hay son plazos legales; el tiempo real depende sobre todo de la carga de trabajo de la Sección de lo Mercantil que le toque.

En el concurso sin masa, los plazos se encadenan como muestra la tabla: unos días para declarar el concurso si la documentación está completa, 15 días de llamamiento a los acreedores, 10 para pedir la exoneración y 10 de alegaciones. Si nadie se opone, el juez concede la exoneración, tras verificar los requisitos, en el mismo auto que concluye el concurso. Si alguien se opone, hay incidente concursal y el concurso no se cierra hasta que lo resuelto sea firme; la apelación va a la Audiencia Provincial, que debe resolverla en dos meses desde que recibe las actuaciones.

En la liquidación, la ley no fija una duración: depende de lo que cueste vender los bienes. En el plan de pagos, la exoneración definitiva llega al terminar el plan, a los tres o cinco años de su aprobación. Lo que sí está en su mano es no retrasar el arranque: el juez solo declara el concurso si la documentación acredita los presupuestos, y por eso reunimos todo antes de presentar.

La regla es que se exoneran todas las deudas que queden sin pagar: préstamos, tarjetas, microcréditos, descubiertos, proveedores o suministros. Las excepciones son una lista cerrada, que resume la tabla, y el juez solo puede añadir otras de forma excepcional, para evitar la insolvencia del acreedor afectado.

El crédito público tiene un límite. La ley solo nombra a la Agencia Tributaria y a la Seguridad Social, pero el Tribunal Supremo (sentencias 254/2026 y 260/2026, de 18 de febrero) aplica el límite a cada acreedor de Derecho público por separado: Agencia Tributaria, Tesorería General de la Seguridad Social, ayuntamiento, comunidad autónoma. De cada uno se exoneran íntegros los primeros 5.000 euros y el 50 % del resto, hasta 10.000 euros exonerados, que se alcanzan con 15.000 euros de deuda. Los recargos, intereses y sanciones, que son crédito subordinado, se exoneran enteros; las sanciones muy graves, nunca. Y este cupo solo existe en la primera exoneración.

Hay que reseñar todas las deudas: según esas mismas sentencias, la exoneración solo alcanza a los créditos que el deudor relacionó y que identifica el auto. Una tarjeta olvidada sigue viva. El detalle, en la guía sobre las deudas que no se cancelan y el límite de Hacienda y la Seguridad Social.

La protección empieza con la declaración del concurso, no con la solicitud. Desde ese auto no pueden iniciarse ejecuciones ni apremios administrativos, tributarios incluidos, contra los bienes de la masa activa, y los que estén en curso se suspenden. Pueden seguir las ejecuciones laborales y los apremios administrativos con embargo anterior a la declaración si el juez declara que el bien no es necesario para su actividad, y las ejecuciones de garantías reales siguen sus propias reglas.

Suspender no es cancelar: el juez solo puede levantar embargos ya trabados si dificultan gravemente su actividad profesional o empresarial, y nunca los administrativos. La deuda se extingue con la exoneración, no antes.

Concedida la exoneración, los acreedores de las deudas exoneradas no pueden reclamarle nada salvo pedir la revocación; los de deudas no exonerables conservan sus acciones. No alcanza a fiadores, avalistas, codeudores solidarios, aseguradores ni al hipotecante no deudor, aunque si el avalista paga y le reclama a usted, ese crédito queda exonerado igual que el principal. En gananciales sin liquidar, la exoneración de las deudas gananciales no se extiende a su cónyuge mientras él no obtenga la suya.

El auto de exoneración con liquidación, o el de exoneración definitiva en el plan de pagos, ordena a los acreedores comunicarla a los ficheros de morosos a los que informaron. Usted puede además requerir a cada fichero con el testimonio del auto: tiene un mes para contestar y, si no lo hace, cabe reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos. Lo hacemos en la ficha para salir de los ficheros de morosos tras la exoneración, y lo explicamos en la guía sobre ASNEF, Experian y la CIRBE.

Las desventajas, sin rodeos. La publicidad: la declaración del concurso se publica en el BOE y en el Registro público concursal y se anota en el Registro Civil; en el plan, usted acepta además que la exoneración conste en ese registro cinco años o el plazo menor del plan. La revocación: durante tres años, cualquier acreedor afectado puede pedirla si se acredita que ocultó bienes, derechos o ingresos, si mejora sustancialmente por herencia, legado, donación o juego, o si llega una condena o sanción firme de un procedimiento que ya estaba en curso.

Además, no protege a su avalista; el crédito público se cancela con límite y solo la primera vez; en la liquidación se venden los bienes que no son inembargables, y el plan supone tres o cinco años pagando e informando al juez cada seis meses, con el riesgo de que un incumplimiento abra la liquidación. Y no se repite pronto: una nueva exoneración exige esperar dos años desde la definitiva con plan de pagos o cinco desde la concedida con liquidación.