El banco no le deja tocar el dinero del fallecido: qué documentos exige y en qué orden se consiguen

La razón está en el artículo 8.1.a de la Ley 29/1987, del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Ese precepto convierte en responsables subsidiarios del impuesto a los intermediarios financieros y demás entidades que hubieran entregado el metálico y los valores depositados o devuelto las garantías constituidas. Traducido: si el banco le da el dinero y usted no liquida el impuesto, se lo reclaman al banco. Por eso la entidad no libera un euro hasta que el expediente está completo.

El bloqueo no significa que el dinero desaparezca ni que la entidad se lo quede. Significa que la entidad deja de atender disposiciones con cargo al saldo del fallecido hasta que cierra lo que llama expediente de testamentaría. La cuenta sigue existiendo, el saldo sigue siendo del caudal hereditario y los intereses siguen devengándose.

El Banco de España no fija un plazo máximo para ese expediente, pero sí exige que las entidades actúen con la máxima diligencia y sin incurrir en retrasos injustificados. Esa frase es la que sostiene una reclamación cuando el banco lleva meses sin contestar.

El orden importa porque cada documento desbloquea el siguiente. El certificado de últimas voluntades le dice ante qué notario se otorgó el testamento, y sin saberlo no puede pedir la copia autorizada. Sin la copia del testamento no sabe quién hereda, y sin saber quién hereda no se puede otorgar la escritura de aceptación ni liquidar el impuesto. Intentar saltarse un escalón es la causa más frecuente de que un expediente se eternice.

Hay un muro temporal al principio del proceso: ni el certificado de últimas voluntades ni el de contratos de seguros pueden solicitarse hasta que han transcurrido quince días hábiles desde la fecha de defunción. Así lo indica la sede electrónica del Ministerio de Justicia para el certificado de últimas voluntades y el artículo 12 del Real Decreto 398/2007 para el de seguros. No es un trámite que pueda acelerarse.

El certificado de contratos de seguros de cobertura de fallecimiento es el documento que más gente se salta y el que más dinero recupera. Recoge los seguros de vida y de amortización que tenía contratados el fallecido, muy habituales cuando había un préstamo hipotecario. El Registro dispone de un máximo de siete días hábiles para expedirlo desde la presentación de la solicitud, según el artículo 13 del Real Decreto 398/2007, y los datos permanecen disponibles cinco años, según el artículo 11.

Si no hay testamento, el documento que ocupa su lugar es el acta notarial de declaración de herederos abintestato, regulada en los artículos 55 y 56 de la Ley del Notariado. Se otorga ante notario y nosotros coordinamos la firma y la aportación de la documentación: usted no tiene que buscar despachos ni comparar.

El banco no tiene un plazo legal tasado para liberar el saldo. Los datos del estudio que la OCU publicó el 6 de junio de 2024 dan la medida real del problema: el 45 % de los encuestados tardó seis meses en cerrar el trámite con la entidad y el 22 % más de un año. El 65 % encontró algún obstáculo y el 60 % calificó la experiencia de insatisfactoria o muy insatisfactoria.

El plazo que sí es de la ley, y el único que puede costarle un recargo, es el del Impuesto de Sucesiones. El artículo 67 del Real Decreto 1629/1991 fija seis meses desde la fecha del fallecimiento para presentar la documentación. El artículo 68 permite pedir una prórroga de seis meses más, pero la solicitud debe presentarse dentro de los cinco primeros meses del plazo inicial y durante la prórroga se devengan intereses de demora.

Este desajuste es el corazón del problema: Hacienda cuenta seis meses y el banco no cuenta ninguno. Puede llegarle el vencimiento del impuesto con el dinero todavía bloqueado. La sección sobre el pago del impuesto explica la salida que la propia ley prevé para ese caso.

Un plazo que casi nadie tiene presente: si otro interesado le requiere ante notario para que acepte o repudie la herencia, dispone de treinta días naturales para pronunciarse, y si guarda silencio se entiende aceptada pura y simplemente, según el artículo 1005 del Código Civil.

Aquí está el aviso que vale dinero. El Banco de España tiene fijado que no procede el cobro de importe alguno por la emisión del certificado de posiciones del causante, porque es un documento necesario para cumplir una obligación legal, la liquidación del Impuesto de Sucesiones. Y añade algo igual de importante: la obtención de ese certificado no debe condicionarse en modo alguno al encargo de la tramitación del expediente de testamentaría con la entidad.

Tampoco puede cobrarle por la información de los movimientos posteriores al fallecimiento, que el Banco de España considera contraria a las buenas prácticas bancarias, ni por los movimientos de los doce meses anteriores al fallecimiento, porque pueden ser necesarios para cumplir obligaciones fiscales. Solo si pide movimientos que van más allá de esos doce meses se considera justificado que la entidad cobre.

La comisión de testamentaría propiamente dicha no es improcedente en todo caso, y conviene saberlo antes de reclamar. El Banco de España admite su cobro cuando la entidad presta un servicio real de orientación a los herederos sobre la documentación y los trámites, asimilable al de un profesional externo. Pero exige tres condiciones acumulativas: que los herederos sean informados previamente de la comisión, que acepten expresamente ese servicio, y que el cobro se produzca una vez terminado el trámite, no antes.

Lo que nunca justifica el cobro es el mero estudio y comprobación de la documentación de la herencia. Esa es una actividad interna que la entidad realiza en su propio interés y en cumplimiento de su deber de diligencia, y no constituye la prestación de un servicio bancario al cliente. Si le han cargado una comisión sin haberle informado antes por escrito y sin que usted aceptara nada, tiene una reclamación con fundamento.

Un último abuso documentado: casi el 20 % de los encuestados por la OCU fue obligado a contratar un producto en la entidad como condición para recibir la herencia. No está usted obligado a abrir cuenta en el banco del fallecido para cobrar lo que hereda.

La ley previó exactamente este atasco. El propio artículo 8.1.a de la Ley 29/1987 establece que no se considera entrega de fondos, y por tanto no genera responsabilidad para la entidad, la expedición de un cheque bancario a nombre de la Administración tributaria cuyo exclusivo fin sea el pago del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de esa misma transmisión.

Dicho de otro modo: el banco puede emitir, con cargo al saldo bloqueado, un cheque a favor de la Administración para pagar el impuesto, y al hacerlo no incurre en ninguna responsabilidad. No es un favor de la entidad ni una excepción discrecional, es lo que dice la norma. Si le contestan que es imposible, esa negativa es reclamable.

El artículo 8.1.b establece la misma excepción para las entidades de seguros: pueden efectuar un pago a cuenta de la prestación mediante cheque expedido a nombre de la Administración tributaria para satisfacer exclusivamente ese impuesto. Es la vía habitual cuando el grueso de la herencia es un seguro de vida.

Si aun así el calendario no cuadra, la salida es la prórroga del artículo 68 del Real Decreto 1629/1991. Se pide dentro de los cinco primeros meses y da seis meses más, a cambio de intereses de demora. Perder ese quinto mes es un error que no tiene arreglo posterior.

Es la situación que más indignación genera y la que peor se explica en las oficinas. Ser cotitular de una cuenta indistinta no le convierte en propietario del dinero. La cotitularidad otorga la facultad de disponer frente a la entidad, pero la propiedad de los fondos se determina por las relaciones internas entre los titulares y, sobre todo, por el origen del dinero que alimentaba la cuenta.

La consecuencia es directa: la parte del saldo que pertenecía al fallecido forma parte del caudal hereditario y tributa en el Impuesto de Sucesiones, aunque usted figure en el contrato y aunque hasta ayer sacara dinero del cajero sin problema. La facultad de disposición conjunta se mantiene mientras viven los titulares, pero no se prolonga más allá del fallecimiento de uno de ellos, momento en que entran en juego las reglas civiles de la sucesión.

Por eso las entidades bloquean también las cuentas indistintas o limitan la disposición a la parte del cotitular superviviente. Si va a discutir con el banco qué porcentaje del saldo era del fallecido, la prueba es documental: quién ingresaba el dinero y de dónde venía. Ese es el trabajo que hacemos al preparar el expediente.

La reclamación tiene dos escalones y el primero es obligatorio. Hay que dirigirse antes al Servicio de Atención al Cliente de la propia entidad. Sin acreditar ese paso previo, el Banco de España no admite la reclamación.

Los plazos de respuesta del Servicio de Atención al Cliente son distintos según la materia: quince días hábiles si se trata de servicios de pago, un mes en el resto de casos cuando el reclamante es persona física, y dos meses cuando el cliente no tiene la condición de consumidor. Transcurrido el plazo sin respuesta, o con una respuesta que no le satisfaga, se abre el segundo escalón.

El segundo escalón es el Departamento de Conducta de Mercado y Reclamaciones del Banco de España. Dispone de un año desde que presentó la reclamación ante la entidad para acudir a él. Pasado ese año no le admiten el expediente, y ese es el error que más reclamaciones legítimas ha tumbado.

La reclamación debe pedir cosas concretas: la devolución del importe cargado, la copia del documento en el que usted supuestamente aceptó el servicio, y la fecha en que se le informó de la comisión. Si la entidad no puede aportar la información previa ni la aceptación, el cargo no se sostiene contra el criterio del Banco de España.

Nosotros hacemos las dos cosas en el mismo expediente: pedimos a cada entidad el certificado de posiciones y tramitamos el desbloqueo, y revisamos los cargos aplicados para reclamar los improcedentes. El importe de nuestra gestión y las tasas oficiales del Ministerio de Justicia figuran en la ficha del trámite.