Exequatur: ejecutar en España una sentencia extranjera

El exequátur es el procedimiento judicial que sirve para declarar que una resolución dictada fuera de España se reconoce aquí y, cuando procede, para autorizar su ejecución. Así lo define la Ley 29/2015 de cooperación jurídica internacional en materia civil, que es la norma que se aplica cuando no hay ningún instrumento europeo ni convenio internacional que cubra el caso.

Conviene separar dos cosas que suelen confundirse. El reconocimiento hace que la sentencia extranjera produzca en España los mismos efectos que produce en su país: por ejemplo, que un divorcio se tenga por válido o que nadie pueda volver a demandarle por lo mismo. La ejecución es otra cosa: es embargar, subastar o requerir de pago. Para lo primero a veces basta un reconocimiento incidental dentro de otro procedimiento; para lo segundo hace falta un título ejecutivo en regla.

El exequátur es una vía residual. Antes de presentarlo hay que comprobar, por este orden, si existe un reglamento de la Unión Europea aplicable a la materia, si existe un convenio multilateral (como el Convenio de La Haya de 2019 sobre reconocimiento y ejecución de sentencias o el Convenio de Lugano) y si España tiene un convenio bilateral con el país de origen. Solo cuando no hay nada de eso se acude a la Ley 29/2015. Equivocarse de vía cuesta meses, porque el tribunal inadmite la demanda innecesaria.

Un detalle que decide el éxito del asunto: el exequátur no reabre el pleito. El tribunal español no vuelve a valorar la prueba ni discute si el juez extranjero aplicó bien su ley. Solo comprueba unos requisitos tasados.

En materia civil y mercantil rige el Reglamento Bruselas I bis. Una resolución dictada en otro Estado miembro se reconoce en España sin necesidad de procedimiento alguno, y si tiene fuerza ejecutiva allí, la tiene aquí sin declaración previa de ejecutividad. No hay demanda de exequátur, no hay auto previo y no hay espera de meses.

Lo que sí hay que aportar es documentación concreta: una copia de la resolución que reúna los requisitos para ser considerada auténtica y el certificado que expide el tribunal de origen a petición de cualquier parte interesada, con el modelo del Anexo I. Ese certificado acredita la fuerza ejecutiva, recoge un extracto de la resolución e incluye, si las hay, las costas y el cálculo de intereses. Puede pedirse la traducción del certificado, y la de la resolución entera solo si el tribunal no puede seguir adelante sin ella.

El certificado se notifica a la persona contra la que se insta la ejecución antes de la primera medida ejecutiva, acompañado de la resolución si todavía no la conocía. Si está domiciliada en un Estado miembro distinto del de origen, puede pedir una traducción de la resolución, pero solo cuando esta no esté redactada ni acompañada de una traducción en una lengua que comprenda o en la lengua oficial del lugar donde esté domiciliada. Si se pide la traducción en ese supuesto, mientras no se le facilite solo caben medidas cautelares, no medidas de ejecución.

El ejecutado puede pedir que se deniegue la ejecución, pero solo por motivos tasados: orden público de forma manifiesta, rebeldía sin emplazamiento regular y con tiempo para defenderse, inconciliabilidad con otra resolución, o conflicto con las reglas de competencia en materia de seguros, consumo, trabajo y competencias exclusivas. Fuera de eso, la resolución no puede ser objeto de revisión en cuanto al fondo.

Junto a Bruselas I bis existen cauces europeos pensados para cobrar deudas: el título ejecutivo europeo para créditos no impugnados, que permite ejecutar directamente en otro Estado miembro (Dinamarca queda fuera), el proceso monitorio europeo y el proceso europeo de escasa cuantía, limitado a reclamaciones de hasta 5.000 euros. Managora prepara la solicitud de certificación del título ejecutivo europeo ante el órgano español emisor y la presenta por usted.

Aquí el mapa cambia según el país de origen y, en algunos casos, según la fecha en que se inició el pleito. Antes de redactar nada hay que fijar tres datos: de qué Estado procede la resolución, sobre qué materia versa y cuándo se presentó la demanda en origen.

El Convenio de La Haya de 2019 sobre reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil o mercantil está en vigor para España, como parte de la Unión Europea, desde el 1 de septiembre de 2023, y para el Reino Unido desde el 1 de julio de 2025. Se aplica solo a los procedimientos iniciados cuando el convenio ya estaba vigente entre los dos Estados, de modo que un pleito inglés empezado en 2023 no entra y uno empezado en 2026 sí. El convenio prohíbe revisar el fondo y tasa los motivos de denegación, pero el procedimiento para pedirlo sigue siendo el del Estado donde se quiere ejecutar: en España, la demanda de exequátur.

Con Suiza, Noruega e Islandia se aplica el Convenio de Lugano de 2007. Ahí sí hace falta pedir el otorgamiento de la ejecución, que se concede de entrada, sin oír a la otra parte, una vez presentadas la copia auténtica y la certificación normalizada del tribunal de origen. La otra parte puede recurrir en el plazo de un mes desde la notificación, o de dos meses si está domiciliada en un Estado distinto de aquel en el que se otorgó la ejecución.

Con algunos países España tiene convenio bilateral sobre reconocimiento y ejecución de sentencias, y ese convenio se aplica con preferencia a la ley interna. Cuando no hay ni reglamento ni convenio, entra la Ley 29/2015 y se sigue el exequátur clásico, que es el supuesto más frecuente con resoluciones de Latinoamérica, Estados Unidos, Asia y África.

Caso aparte: los laudos arbitrales extranjeros. No se reconocen por la vía de la Ley 29/2015 ni van al mismo órgano. La competencia corresponde a la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia, y el marco es el Convenio de Nueva York de 1958. Confundir sentencia y laudo es un error que se paga con la inadmisión.

La demanda de exequátur se presenta ante la Sección Civil del Tribunal de Instancia del domicilio de la parte frente a la que se pide el reconocimiento o la ejecución, o del domicilio de la persona a la que afectan los efectos de la resolución. Si no hay domicilio en España, manda el lugar de ejecución o el lugar donde la resolución deba producir efectos. Y si tampoco cabe fijarlo por esa vía, la ley cierra el paso a cualquier vacío: es competente, en último caso, el tribunal ante el que se interponga la demanda de exequátur. Si la materia es mercantil, conoce la Sección de lo Mercantil; si la otra parte está en concurso y el asunto es competencia del juez del concurso, va allí y se tramita como incidente concursal.

Un apunte de organización judicial que importa para saber dónde se presenta: los antiguos Juzgados de Primera Instancia se transformaron en Secciones Civiles de los Tribunales de Instancia de forma escalonada durante 2025, y el proceso quedó completado el 31 de diciembre de 2025. A 2026 el órgano se llama Sección Civil del Tribunal de Instancia.

El proceso exige abogado que firme la demanda y procurador que ostente la representación procesal: es un requisito legal, no una opción, y por eso el escrito entra por LexNET a través del procurador. Lo inicia cualquier persona que acredite un interés legítimo, mediante demanda dirigida contra la parte o partes frente a las que se quiere hacer valer la resolución. La demanda de exequátur y la solicitud de ejecución pueden acumularse en el mismo escrito, aunque no se ejecuta nada hasta que se dicta la resolución que concede el exequátur. También pueden pedirse medidas cautelares para que el deudor no vacíe su patrimonio mientras dura el trámite.

La ley enumera lo que debe acompañar a la demanda: el original o copia auténtica de la resolución extranjera, debidamente legalizada o apostillada; el documento que acredite la entrega o notificación del emplazamiento si la resolución se dictó en rebeldía; cualquier documento que acredite la firmeza y, en su caso, la fuerza ejecutiva en el Estado de origen, extremo que puede constar en la propia resolución; y las traducciones correspondientes, que en la práctica significan traducción jurada al castellano o a la lengua cooficial.

El Ministerio Fiscal interviene siempre en estos procesos, de modo que se le da traslado de las actuaciones. En cuanto a la tasa judicial, el exequátur no está sujeto a la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional: no es un proceso declarativo ni una ejecución de título extrajudicial de los que enumera el artículo 2 de la Ley 10/2012, y ese es el criterio administrativo. Además, las personas físicas están exentas en todo caso. No hay, por tanto, modelo 696 que autoliquidar ni que acompañar a la demanda de exequátur.

Los motivos están tasados en el artículo 46 de la Ley 29/2015 y no hay otros. No se reconocen las resoluciones contrarias al orden público. Tampoco las dictadas con infracción manifiesta de los derechos de defensa: si hubo rebeldía, se entiende que existe esa infracción cuando no se entregó al demandado el emplazamiento o documento equivalente de forma regular y con tiempo suficiente para defenderse. Por eso la prueba de la notificación en origen es la pieza que más exequáturs decide.

Se deniega también cuando la resolución extranjera se pronuncia sobre una materia de competencia exclusiva de los tribunales españoles, o cuando el juez de origen asumió competencia sin una conexión razonable con el litigio. La ley presume que esa conexión existe si el tribunal extranjero usó criterios parecidos a los españoles.

Los tres últimos motivos miran a la coherencia entre resoluciones: que la sentencia extranjera sea inconciliable con otra dictada en España, que sea inconciliable con otra anterior de un tercer Estado que reúna las condiciones para ser reconocida aquí, o que exista en España un litigio pendiente entre las mismas partes y con el mismo objeto iniciado antes que el proceso extranjero.

Frente a eso, la prohibición de revisar el fondo es absoluta: no cabe denegar el reconocimiento porque el tribunal extranjero aplicara un ordenamiento distinto del que habría correspondido según las reglas españolas. Y si la resolución contiene varios pronunciamientos y solo alguno es problemático, puede concederse el reconocimiento de uno o varios de ellos y ejecutar parcialmente.

El proceso termina por auto. Contra el auto de exequátur cabe recurso de apelación y, contra lo que se resuelva en segunda instancia, los recursos extraordinarios que admita la ley procesal. Mientras el auto no sea firme no hay ejecución consolidada, aunque las medidas cautelares pedidas al inicio siguen protegiendo el cobro.

Con el exequátur concedido, la resolución extranjera se ejecuta en España igual que una española y por las reglas de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Eso trae dos plazos que hay que tener en la cabeza. El tribunal no despacha ejecución dentro de los veinte días siguientes a aquel en que se notifica al ejecutado el auto firme que concede el exequátur, que es la resolución de condena a estos efectos: el plazo de espera del artículo 548 de la Ley de Enjuiciamiento Civil no se cuenta desde la notificación de la sentencia extranjera en su país de origen. Y la acción ejecutiva caduca a los cinco años desde la firmeza de la resolución, plazo del artículo 518 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que también rige aquí, porque la ley remite expresamente a la caducidad de la acción ejecutiva.

A la cantidad de condena se suman los intereses de mora procesal: desde que se dicta la resolución de condena, toda condena al pago de una cantidad líquida devenga un interés anual igual al interés legal del dinero incrementado en dos puntos, salvo pacto o disposición especial.

Si el deudor no tiene bienes localizados, la ejecución permite pedir la investigación patrimonial, el embargo de cuentas, sueldos, devoluciones tributarias e inmuebles. El exequátur no crea patrimonio: si el deudor no tiene nada en España, lo que se consigue es un título vivo durante cinco años, renovable en su efecto mediante actos que interrumpan la caducidad.

Cuando lo que se persigue es una deuda dineraria nacida en España y no hay sentencia extranjera de por medio, el camino corto suele ser otro: el proceso monitorio. Managora lo prepara y lo presenta por usted, y también redacta la solicitud de certificación del título ejecutivo europeo cuando el deudor está en otro Estado miembro.

No siempre hace falta un exequátur a título principal. Para inscribir en los Registros de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles resoluciones judiciales extranjeras que ya no admiten recurso, la ley no exige procedimiento especial. El registrador verifica, antes de calificar el título, la regularidad y autenticidad formal de los documentos y que no concurra ninguna causa de denegación del reconocimiento. No hay aquí un trámite de alegaciones previas para la contraparte: la Ley 29/2015 remite a la normativa registral general, de modo que el registrador califica en el plazo de quince días y, si deniega la inscripción, el interesado puede interponer recurso gubernativo en el plazo de un mes o acudir al exequátur.

Si la resolución no es firme o definitiva, solo cabe anotación preventiva. Y si el registrador decide en contra del reconocimiento, o no puede notificar, la inscripción se suspende y remite a las partes al juez que deba conocer del reconocimiento a título principal, es decir, al exequátur.

También puede plantearse el reconocimiento de forma incidental dentro de otro procedimiento judicial, cuando la sentencia extranjera es un argumento del pleito y no su objeto. En ese caso el juez resuelve dentro del proceso y el efecto queda limitado a él.

Los documentos públicos extranjeros, como una escritura o un acuerdo formalizado ante autoridad, siguen una regla propia: son ejecutables en España si lo son en su país de origen y no resultan contrarios al orden público, y deben tener al menos la misma eficacia que los expedidos por autoridades españolas. Aquí interviene una notaría o un registro español para dar forma al documento, pero el análisis previo de si vale y cómo se hace valer lo hacemos nosotros.