Reclamar una deuda impagada: el proceso monitorio

El proceso monitorio es un procedimiento judicial especial regulado en los artículos 812 a 818 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), pensado para cobrar deudas de dinero de forma rápida y sencilla. Su clave es que invierte la iniciativa: en lugar de un juicio, el juzgado requiere al deudor para que pague o explique por qué no debe.

Solo sirve para deudas dinerarias que sean líquidas (de importe determinado), vencidas y exigibles. No cabe para reclamar la entrega de una cosa, una indemnización pendiente de valorar o una deuda sometida a condición todavía no cumplida.

Es competente la Sección Civil del Tribunal de Instancia (o la Sección Única de lo Civil y de Instrucción) del domicilio o residencia del deudor (artículo 813 LEC); desde el 1 de julio de 2025 estos órganos sustituyen a los antiguos Juzgados de Primera Instancia, aunque el fuero (domicilio o residencia del deudor) no cambia. Cuando quien reclama es una comunidad de propietarios, puede optar además por el tribunal del lugar donde se encuentre la finca. Si el deudor no se opone, se obtiene un título para embargar sin necesidad de celebrar juicio. Managora estudia si su deuda encaja en el monitorio y lo tramita por usted.

Desde 2011 no existe límite máximo de cuantía: puede reclamarse cualquier importe. Lo esencial es poder acreditar la deuda con un principio de prueba documental.

El artículo 812 LEC admite, entre otros: documentos firmados por el deudor (contratos, reconocimientos de deuda, pagarés no cambiarios), facturas, albaranes de entrega, certificaciones, telegramas, telefax y cualquier documento que habitualmente refleje créditos y deudas. También sirven documentos del acreedor que formen parte de una relación comercial previa y duradera con el deudor.

Casos típicos: facturas impagadas entre empresas o a autónomos, rentas de alquiler atrasadas, cuotas de comunidad de propietarios y fianzas de alquiler no devueltas. Managora revisa su documentación y prepara la petición con los documentos que el juzgado exige.

Para presentar la petición inicial no hace falta abogado ni procurador, cualquiera que sea la cuantía (artículo 814 LEC). Ahora bien, conviene que la petición esté bien planteada y con la documentación correcta para que el juzgado la admita.

La intervención de abogado y procurador pasa a ser obligatoria cuando el deudor se opone y la deuda supera los 2.000 euros, y también para instar la ejecución si supera esa cifra.

Managora prepara y presenta la petición por usted, y asume la dirección del asunto si el deudor se opone, de modo que no tenga que buscar ni coordinar a nadie por su cuenta.

Admitida la petición, el letrado de la Administración de Justicia requiere al deudor para que, en 20 días, haga una de estas tres cosas (artículo 815 LEC): pagar, oponerse de forma motivada o no hacer nada.

Si paga, acredita el pago y el proceso termina (artículo 817 LEC). Si se opone, el monitorio finaliza y la reclamación continúa por el juicio que corresponda: verbal si la deuda no supera 15.000 euros u ordinario si los supera, en cuyo caso hay un mes para presentar la demanda (artículo 818 LEC). Si no paga ni comparece, el letrado dicta un decreto que pone fin al monitorio y abre la vía de ejecución (artículo 816 LEC).

En la ejecución se pueden embargar cuentas, nóminas, devoluciones de Hacienda o bienes del deudor. Managora sigue el asunto en cualquiera de los tres escenarios.

Comunidad de propietarios: el artículo 21 de la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) prevé el monitorio para las cuotas impagadas. Se aporta un certificado del acuerdo de la junta que liquida la deuda, expedido por quien ejerza de secretario con el visto bueno del presidente, y la acreditación de haberlo notificado al deudor (subsidiariamente, en el tablón de la comunidad durante al menos tres días). Si el deudor se opone, la comunidad puede pedir el embargo preventivo de sus bienes.

Fianza de alquiler no devuelta: el arrendador debe restituir la fianza y, transcurrido un mes desde la entrega de llaves sin hacerlo, la cantidad devenga el interés legal (artículo 36 de la Ley de Arrendamientos Urbanos). La práctica de los juzgados admite reclamarla por monitorio aportando el contrato, el justificante de entrega de la fianza y el requerimiento previo de devolución, si bien algunos juzgados no la consideran una deuda documentada en sentido estricto: en ese caso la reclamación se encauza por el juicio verbal.

Managora prepara ambos tipos de reclamación con la documentación específica que cada una exige.

Desde el 3 de abril de 2025 (Ley Orgánica 1/2025), antes de acudir al juzgado hay que intentar un acuerdo por un medio adecuado de solución de controversias (MASC) y acreditarlo documentalmente: por ejemplo, un burofax de reclamación con constancia de envío, recepción y contenido. Numerosos juzgados exigen ese requisito también en el proceso monitorio.

La misma reforma elevó de 6.000 a 15.000 euros la cuantía del juicio verbal, lo que determina por qué cauce continúa la reclamación si el deudor se opone.

En cuanto al coste: las personas físicas (particulares y autónomos) están exentas de la tasa judicial. Las personas jurídicas presentan el modelo 696 y abonan únicamente la cuota fija del monitorio (la parte variable quedó anulada por la STC 140/2016), con un 10% de descuento por presentación electrónica, salvo que reclamen 2.000 euros o menos: en ese supuesto también están exentas por razón de la cuantía y no presentan el modelo 696. Puede ver el importe actualizado del servicio de Managora en la ficha del trámite.