Herencias con menores o personas con apoyos: la autorizacion judicial para vender o renunciar

La ley protege el patrimonio de quien no puede decidir por sí mismo. Los padres no pueden renunciar a los derechos de sus hijos menores ni vender o gravar sus bienes inmuebles, establecimientos mercantiles, objetos preciosos o valores mobiliarios sin una causa justificada de utilidad o necesidad y sin autorización previa del juez, con audiencia del Ministerio Fiscal (artículo 166 del Código Civil).

Repudiar una herencia o un legado deferidos al hijo exige siempre esa autorización. Si el juez la deniega, la herencia solo podrá aceptarse a beneficio de inventario (artículo 166 del Código Civil y artículo 95.2 de la Ley 15/2015): el menor nunca responderá de las deudas del causante con su propio patrimonio.

Tras la Ley 8/2021, la misma regla rige para las personas con discapacidad que cuentan con curador representativo: el artículo 287 del Código Civil exige autorización judicial para enajenar o gravar inmuebles, renunciar derechos y aceptar sin beneficio de inventario o repudiar herencias o liberalidades. Los tutores de menores y los defensores judiciales están en idéntica situación (artículo 93.2 de la Ley 15/2015).

Atención al conflicto de intereses: si el padre, tutor o curador concurre como heredero en la misma herencia que el menor o la persona con apoyos, hace falta además el nombramiento de un defensor judicial que represente al afectado en la partición (doctrina reiterada de la DGSJFP). Managora detecta este supuesto al estudiar su caso para que el expediente no se atasque.

Es un expediente judicial, no un pleito: no hay demandado. Se presenta una solicitud ante el Juzgado de Primera Instancia (hoy integrado en la Sección Civil del Tribunal de Instancia) del domicilio del menor o de la persona con apoyos, en la que debe expresarse el motivo del acto, razonarse su necesidad, utilidad o conveniencia, identificarse con precisión el bien y exponerse el destino que se dará al dinero obtenido (artículo 63 de la Ley 15/2015).

La clave del éxito es la justificación: no basta con querer vender, hay que acreditar por qué conviene al menor (pagar el impuesto de sucesiones, evitar gastos de un inmueble improductivo, financiar sus estudios o necesidades, salir de una copropiedad conflictiva). El expediente se acompaña de todos los documentos que permitan al juez formarse un juicio exacto.

Desde la Ley 8/2021 ya no hay subasta pública obligatoria: se solicita la venta directa acompañando un dictamen pericial de valoración de mercado y las condiciones de la operación (artículo 63.3 de la Ley 15/2015). El juez resuelve por auto, concediendo o denegando según el interés del menor o de la persona con apoyos (artículo 65), y puede imponer cautelas sobre el destino del dinero (artículo 66), por ejemplo su ingreso en una cuenta a nombre del menor o la reinversión acordada.

En la comparecencia interviene siempre el Ministerio Fiscal como garante del interés del representado. La Ley obliga además a oír al menor si tiene madurez suficiente y, en todo caso, si es mayor de doce años; la persona con medidas de apoyo será oída siempre que sea posible.

Menor con dieciséis años cumplidos: si consiente el acto en documento público junto a sus padres, no hace falta autorización judicial, ni para la venta ni para la repudiación (artículo 166 del Código Civil y artículo 93.2.a de la Ley 15/2015). Tampoco se exige para vender valores mobiliarios si el importe se reinvierte en bienes o valores seguros.

La partición de la herencia tiene régimen propio (artículo 1060 del Código Civil): si el menor está legalmente representado por sus padres, la partición no necesita autorización previa ni aprobación posterior. En cambio, la partición hecha por tutor o por curador representativo requiere aprobación judicial una vez practicada (artículo 289 del Código Civil para el curador representativo, frente al artículo 287, que regula los actos sujetos a autorización previa), y la del defensor judicial también, salvo que el Letrado de la Administración de Justicia le hubiera dispensado al nombrarlo. Ojo a la diferencia: adjudicar el inmueble en la partición es una cosa; venderlo a un tercero, otra distinta que sí exige autorización previa.

Renuncia gratuita a favor de los coherederos: el artículo 1000.3.º del Código Civil aclara que la renuncia gratuita a favor de aquellos a quienes debe acrecer la porción renunciada no implica aceptación tácita de la herencia. Es un matiz importante para el representante que renuncia a su propia herencia, pero no exime de autorización judicial cuando la repudiación se hace en nombre del menor o de la persona con apoyos.

Derechos forales: en Aragón la autorización puede darla la Junta de Parientes constituida ante notario, sin pasar por el juzgado, y en Cataluña el Código Civil catalán permite sustituir la autorización judicial por el consentimiento de determinados parientes próximos otorgado en escritura pública. Managora le indica qué régimen se aplica según la vecindad civil y el territorio.

En la práctica, el acto no prospera: el notario debe exigir el auto de autorización y, si la escritura llega a firmarse sin él, el Registro de la Propiedad suspende la inscripción. La DGSJFP resuelve casos reales en los que la familia tuvo que instar el expediente judicial después de firmar, con la operación bloqueada entre tanto.

Civilmente, la jurisprudencia mayoritaria del Tribunal Supremo trata el acto como un contrato incompleto otorgado sin poder suficiente (artículo 1259 del Código Civil): no vincula al menor ni a la persona con apoyos, y queda a expensas de ratificación, sea por la aprobación judicial obtenida a posteriori, sea por el propio interesado cuando alcance la mayoría de edad o recupere plena capacidad de obrar. Si nadie lo ratifica, el acto deviene ineficaz y procede restituir las prestaciones.

En la repudiación el riesgo es aún mayor: una renuncia hecha sin autorización carece de eficacia, y si el juez deniega la autorización solicitada, la herencia solo podrá aceptarse a beneficio de inventario (artículo 95.2 de la Ley 15/2015).

Si ya ha firmado algo sin autorización, no lo deje enquistarse: Managora estudia la vía de regularización (expediente de autorización o aprobación posterior, ratificación) y la ejecuta por usted.

El expediente no paga tasa judicial: las personas físicas están exentas de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional en el orden civil (artículo 4.2 de la Ley 10/2012). Los costes reales son otros: el dictamen pericial de valoración cuando se pide venta directa, la notaría de la operación autorizada y, en su caso, la representación procesal. Conviene aclarar este último punto, porque se repite mucho una regla que ya no rige así: en el expediente de autorización de actos de disposición, la intervención de abogado y procurador no es preceptiva cuando el valor del acto no supera los 6.000 euros y, cuando lo supera, la solicitud inicial puede presentarse igualmente sin ellos, sin perjuicio de que el juez acuerde la intervención de abogado si la complejidad de la operación lo requiere o si aparecen intereses contrapuestos (artículo 62.3 de la Ley 15/2015, en la redacción de la Ley 8/2021). En los expedientes de aceptación o repudiación de herencia la postulación se rige por su propia norma (artículo 94 de la Ley 15/2015), que la vincula a la cuantía del haber hereditario.

La duración depende de la carga del juzgado: orientativamente entre tres y seis meses desde la presentación hasta el auto, sumando el informe del Ministerio Fiscal y la comparecencia, y puede alargarse en juzgados saturados. Es una estimación de práctica forense, no un plazo legal. Conviene no firmar arras ni comprometer fechas de escritura sin contar con este margen.

El servicio de Managora se presupuesta según el caso, porque cada expediente judicial es distinto (número de bienes, conflicto de intereses, derecho foral aplicable). Puede ver el importe orientativo actualizado en la ficha del trámite y le confirmamos el presupuesto al estudiar su documentación.

Managora lo prepara y lo presenta por usted: estudiamos el caso y el título hereditario, detectamos si hace falta defensor judicial, construimos la justificación de necesidad o utilidad (la pieza que decide el expediente), reunimos la documentación, redactamos y presentamos la solicitud, seguimos el expediente hasta el auto y le acompañamos hasta la firma ante notario y la acreditación del destino del dinero.

Todo el proceso es online: usted aporta la documentación desde casa y nosotros nos encargamos del juzgado. Solicite su presupuesto desde la ficha del trámite Autorización Judicial para Venta o Renuncia de Herencia de Menores o Personas con Apoyos y empiece hoy mismo.