Minerales de conflicto y reglamento de baterías: diligencia debida, pasaporte de baterías y registro de productor

El Reglamento (UE) 2017/821 no obliga a cualquiera que compre estos metales. Obliga al importador de la Unión de minerales o metales que contengan o estén compuestos de estaño, tantalio (el tántalo de las búsquedas), wolframio u oro, tal como los recoge su anexo I, y solo cuando el volumen anual que importa de cada uno de ellos alcanza el umbral fijado para su código de la nomenclatura combinada (NC). Son los llamados minerales 3TG.

Importador de la Unión es quien declara la mercancía para su despacho a libre práctica o la persona en cuyo nombre se hace esa declaración. Por eso no lo es el fabricante que compra en España o en otro Estado miembro componentes que ya llevan el metal, ni quien importa productos clasificados en códigos NC que no figuran en el anexo I.

El umbral se mide por importador, por código NC y por año. Por ejemplo: minerales de estaño (2609 00 00), 5.000 kg; estaño en bruto (8001), 100.000 kg; oro (ex 7108), 100 kg por línea. El Reglamento Delegado (UE) 2020/1588 fijó los cinco que faltaban, como los minerales de tantalio o niobio (100.000 kg). La tabla de esta guía recoge los principales.

Hay dos exclusiones. Los metales reciclados quedan fuera, pero si el importador concluye que el metal procede solo de material reciclado o de desechos, debe hacer pública esa conclusión y describir cómo llegó a ella. Y quedan fuera las existencias que el importador demuestre creadas en su forma actual antes del 1 de febrero de 2013. Las obligaciones de diligencia debida se aplican desde el 1 de enero de 2021.

Primero, un sistema de gestión (artículo 4): adoptar y publicar una política de cadena de suministro conforme al anexo II de la Guía de Diligencia Debida de la OCDE, trasladarla a los contratos con sus proveedores, encargar su supervisión a la alta dirección, conservar los registros 5 años, tener un mecanismo de reclamaciones y mantener una cadena de custodia de cada operación.

Segundo, la gestión de riesgos (artículo 5): detectar y evaluar los riesgos de su cadena de suministro y aplicar una estrategia frente a ellos: seguir comerciando mientras el riesgo se reduce de forma medible, suspender la relación o romper con el proveedor.

Tercero, la auditoría externa (artículo 6): un tercero independiente revisa todo el sistema de diligencia debida, es decir, la gestión, los riesgos y la comunicación, y le hace recomendaciones. Quien importa metales, y no minerales, queda exento si aporta pruebas sustanciales de que todas las fundiciones y refinerías de su cadena cumplen el Reglamento. Se da por probado si compra solo a fundiciones y refinerías de la lista que publica la Comisión.

Cuarto, la comunicación (artículo 7): poner las auditorías a disposición de la autoridad, entregar a sus compradores inmediatos la información obtenida en la diligencia debida y publicar cada año, también en internet, sus políticas y prácticas de abastecimiento responsable, con un resumen de las auditorías y el nombre del auditor. Ese informe anual va dirigido al público: no se envía a la autoridad.

En Managora le preparamos, como encargo, la política de cadena de suministro, las cláusulas para sus contratos con proveedores, el procedimiento de cadena de custodia y el informe público anual. La auditoría externa no podemos hacerla: la ley exige un tercero independiente, y quien diseña el sistema no puede auditarlo después.

España ha designado dos autoridades: la Subdirección General de Comercio Internacional de Mercancías, de la Dirección General de Política Comercial y Seguridad Económica (Ministerio de Economía, Comercio y Empresa), que hace los controles posteriores, y la Subdirección General de Gestión Aduanera de la Agencia Tributaria.

Los controles se eligen según el riesgo, son documentales y pueden incluir una visita. Cada importador obligado se controla al menos una vez cada 10 años: a principios de año se selecciona a los importadores, se revisan sus importaciones del año anterior y el resultado se notifica, a más tardar, en diciembre.

Si el control detecta incumplimientos, su empresa tiene 33 días hábiles para presentar un plan de medidas correctoras que recoja, como mínimo, todos los incumplimientos notificados. El Reglamento no establece multas propias: los Estados fijan medidas para las infracciones y la autoridad notifica las medidas correctoras. El propio texto encarga a la Comisión estudiar si las autoridades deberían poder sancionar.

Toda la comunicación con el ministerio se hace por el formulario de su sede electrónica «Control de importadores de minerales responsables». Por esa vía se le facilita también la dirección web de su información pública cuando el ministerio se la pide. El informe anual a la Comisión, antes del 30 de junio, lo presenta el Estado, no su empresa.

Si le han notificado un control, le preparamos el expediente documental y el plan de medidas correctoras dentro del plazo, y lo presentamos con su apoderamiento. Si el formulario exige que firme su empresa, se lo dejamos listo para firmar y enviar.

El Reglamento (UE) 2023/1542 rige con carácter general desde el 18 de febrero de 2024; las obligaciones de los operadores, desde el 18 de agosto de 2024, y el registro de productores, desde el 18 de agosto de 2025. Alcanza a todas las pilas y baterías, también las que vienen dentro de un aparato.

El fabricante elabora la documentación técnica, hace la evaluación de la conformidad, emite la declaración UE de conformidad, coloca el marcado CE y conserva todo 10 años.

El importador solo introduce en el mercado pilas o baterías conformes. Antes verifica que existen la declaración UE de conformidad y la documentación técnica, que el fabricante hizo la evaluación de la conformidad, que hay marcado CE y etiquetado y que van las instrucciones de seguridad en la lengua del país de venta. Además, pone en la batería su nombre o marca y su dirección postal con un único punto de contacto (en el embalaje si no cabe), guarda copia de la declaración 10 años y, si detecta un riesgo, avisa al fabricante y a las autoridades de vigilancia del mercado.

El distribuidor, antes de vender, comprueba que el productor está inscrito en el registro de productores, que hay marcado CE y etiquetado, que la documentación está completa y que constan los datos del fabricante y del importador.

Un aviso para quien vende con marca blanca: el importador o distribuidor pasa a ser fabricante, con todas sus obligaciones, si comercializa la batería con su nombre o su marca, si la modifica o si cambia su finalidad.

Desde el 18 de agosto de 2025 todas las pilas y baterías llevan el símbolo de recogida separada, y las que contienen más de un 0,002 % de cadmio o más de un 0,004 % de plomo, el símbolo Cd o Pb.

Las etiquetas de información general, de capacidad y de duración mínima se exigen desde el 18 de agosto de 2026 o 18 meses después de la entrada en vigor del acto de ejecución que fija sus especificaciones armonizadas, si esta fecha es posterior. Antes de rediseñar su etiqueta, conviene confirmar cuál de las dos fechas rige.

Desde el 18 de febrero de 2027 todas las pilas y baterías llevan un código QR. En las baterías de medios de transporte ligeros, en las industriales de más de 2 kWh y en las de vehículo eléctrico, el QR lleva al pasaporte. En las demás, lleva a la información de la etiqueta, la declaración de conformidad, el informe de diligencia debida y la información sobre residuos.

El pasaporte para baterías es un registro electrónico obligatorio desde esa fecha solo para esas tres categorías. Contiene datos del modelo y de cada batería, incluidos los de su uso, con tres niveles de acceso: público, reservado a autoridades y organismos notificados, y para quien acredite un interés legítimo (reparadores o recicladores). Lo crea el operador que introduce la batería en el mercado, con un identificador único, y responde de que esté al día; puede autorizar por escrito a otro operador para que lo gestione en su nombre.

Otras dos obligaciones llegan por categorías, y su fecha real depende de que la Comisión haya aprobado sus actos de desarrollo: la declaración de huella de carbono (vehículo eléctrico, desde el 18 de febrero de 2025; industriales recargables, salvo las de almacenamiento exclusivamente externo, desde el 18 de febrero de 2026; medios de transporte ligeros, desde el 18 de agosto de 2028, e industriales con almacenamiento externo, desde el 18 de agosto de 2030) y el contenido reciclado, documentado desde el 18 de agosto de 2028 y con porcentajes mínimos desde 2031. El resto del calendario está en la tabla.

El Reglamento (UE) 2025/1561 retrasó esta obligación del 18 de agosto de 2025 al 18 de agosto de 2027.

Solo obliga a los operadores que introducen pilas o baterías en el mercado con un volumen de negocios neto de 40 millones de euros o más en el penúltimo ejercicio, o que forman parte de un grupo que, consolidado, supera esa cifra. No se aplica a las baterías ya comercializadas que se reacondicionan o remanufacturan, y no sustituye a las obligaciones del Reglamento 2017/821.

Las materias primas afectadas son el cobalto, el grafito natural, el litio, el níquel y los compuestos químicos basados en ellos que se usan en los materiales activos. Fíjese en que el estaño, el tantalio, el wolframio y el oro van por el régimen de minerales de conflicto, no por este.

El operador obligado tiene una política de diligencia debida verificada y auditada periódicamente por un organismo notificado, conserva la documentación 10 años desde la última batería comercializada, informa a sus compradores y publica cada año, también en internet, un informe con el resumen de la verificación.

La Comisión propuso el 21 de mayo de 2025, dentro del paquete Ómnibus IV, limitar esta obligación a quien facture al menos 150 millones de euros. Es una propuesta: a 15 de octubre de 2026 el texto vigente sigue diciendo 40 millones. En Managora le preparamos la política y la documentación que después verificará el organismo notificado; esa verificación solo puede hacerla un organismo notificado.

El productor de pilas, también el que las importa dentro de un aparato, tiene que estar registrado en cada Estado miembro donde las comercializa por primera vez, y no puede vender allí sin ese registro. La autoridad asigna el número en 12 semanas como máximo desde que tiene la información completa. Quien vende a distancia desde otro Estado o desde fuera de la Unión debe designar por mandato escrito un representante autorizado para la responsabilidad ampliada del productor en cada Estado donde venda.

En España ese registro sigue siendo la sección de pilas del Registro Integrado Industrial (RII-PYA), del Ministerio de Industria y Turismo, regulada por el Real Decreto 106/2008, todavía vigente. La inscripción es gratuita y se hace con certificado electrónico o Cl@ve. Después, el productor presenta una declaración trimestral de lo puesto en el mercado y datos anuales por tipo, origen y uso, que puede corregir hasta el 25 de enero del año siguiente. De la veracidad de los datos responde siempre el productor.

El registro se comprueba en la frontera. Con el Real Decreto 993/2022, el SOIVRE controla antes del despacho a libre práctica los aparatos eléctricos y electrónicos y las pilas de terceros países: revisa RoHS y la inscripción del importador en el Registro Integrado Industrial, y si falta, prohíbe el despacho. La solicitud la presenta el importador o su representante aduanero por el Punto Único de Entrada ROHS/RAEEs de la Agencia Tributaria.

El proyecto de real decreto de pilas y baterías del MITECO estuvo en información pública del 30 de junio al 3 de septiembre de 2026 y no consta aprobado. Según el proyecto, el registro pasaría al Registro de Productores de Productos del MITECO el 1 de enero de 2028 (el RII-PYA seguiría operativo hasta el 31 de diciembre de 2027, con traslado automático de los inscritos antes del 1 de octubre de 2027), y la plataforma de comercio electrónico sería productora de las pilas de los vendedores no inscritos.

La declaración en aduana y la solicitud de control del SOIVRE unida a ella las presenta su empresa o un representante aduanero inscrito; nosotros le dejamos preparados los datos del alta en el RII-PYA, las declaraciones trimestrales y la documentación técnica y de registro que pide el control. Si el SOIVRE resuelve la no conformidad, le preparamos la subsanación para que la presente su empresa o su representante aduanero, y presentamos el recurso con su apoderamiento.

La respuesta depende del código arancelario y de la composición: un mismo envío puede entrar en el régimen de minerales de conflicto por un código del anexo I y, a la vez, en el de baterías porque el aparato lleva una batería de litio. Por eso el primer paso es clasificar bien cada producto y sumar los kilos por código y por año.

Con nuestro estudio de importación de su mercancía razonamos la partida TARIC de cada producto, calculamos aranceles e IVA y le decimos qué controles y registros le tocan: umbrales del Reglamento 2017/821, RII-PYA, SOIVRE u otros registros de productor, como el de envases. Puede ver el importe actualizado en la ficha. Los demás controles están en nuestra guía de productos con marcado CE, SOIVRE y registros de productor y en la de tierras raras e imanes de China.