Partida arancelaria (TARIC), origen preferencial y antidumping: cómo pagar el arancel correcto con IAV, IVO, REX y EUR.1

La partida arancelaria es el código de su mercancía en el arancel de la Unión Europea, y se construye por capas: los seis primeros dígitos son los del Sistema Armonizado, común a casi todo el mundo; los ocho de la nomenclatura combinada (NC) son los de la Unión; y el código TARIC añade dos más con las subdivisiones que la Unión usa para aplicar medidas concretas, como un antidumping o un contingente.

Clasificar no es buscar una palabra en un buscador. Se aplican las reglas generales de interpretación en su orden: manda el texto de las partidas y de las notas de sección y de capítulo (los títulos solo orientan); un artículo sin montar va como el terminado si ya tiene su carácter esencial; entre dos partidas gana la más específica y, en mezclas y juegos, lo que da el carácter esencial. Para interpretar se usan las notas explicativas de la NC y del Sistema Armonizado, los reglamentos de clasificación de la Comisión y las sentencias del Tribunal de Justicia.

La partida no decide solo el arancel: el resto de medidas de la Unión sobre el comercio de mercancías se aplica también según la clasificación. Certificados, licencias y, desde el 1 de julio de 2026, el derecho fijo de 3 euros de las ventas a distancia en envíos de hasta 150 euros, que se paga por cada categoría de artículos con la misma clasificación. Un código mal elegido arrastra todo lo demás.

La declaración en aduana la presenta su empresa o un representante aduanero inscrito; nosotros le dejamos preparados la clasificación, el estudio de origen y el cálculo de aranceles e IVA. Puede ver el importe actualizado en la ficha de estudio de importación de mercancía.

TARIC es la base pública de la Comisión Europea que reúne, para cada código, todo lo que se aplica al importar y al exportar. Se consulta por código y por país de origen, y muestra el derecho normal, las preferencias de cada acuerdo, los antidumping, compensatorios y salvaguardias, los contingentes y suspensiones, y los certificados exigidos. Cuenta el país de origen, no el país donde compró ni el puerto de embarque.

En las medidas de defensa comercial la partida no basta. El reglamento que impone un antidumping describe el producto afectado y fija un tipo para cada fabricante identificado, otro para las empresas que cooperaron y uno residual para el resto. Hay que comprobar que su producto encaja en esa descripción y saber quién lo fabricó.

La Comisión crea códigos TARIC para el producto desde que abre una investigación, y el Tribunal Económico-Administrativo Central presume que el importador conoce la posible elusión de un antidumping desde que se publica el anuncio de reconsideración en el Diario Oficial de la Unión Europea. Si importa productos con medidas, alguien tiene que leer el Diario Oficial por usted.

La IAV (binding tariff information, BTI) es una decisión de la aduana, que solo se adopta a petición del interesado, en la que fija la clasificación arancelaria de su mercancía. En España se pide con el procedimiento DD02 de la Agencia Tributaria, por vía telemática o en sus oficinas, con el modelo del anexo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2016/341. Se presenta en el Estado donde está establecido el solicitante o en el que se va a usar.

La aduana tiene 30 días para aceptar la solicitud y 120 desde la aceptación para resolver, ampliables 30 días si lo avisa antes, y más si hace falta laboratorio. No hay tasa: solo pueden cobrarse los análisis de las muestras y su devolución.

La IAV vale 3 años desde que surte efecto (no 6, como en el antiguo Código Aduanero Comunitario). Vincula solo a su titular, solo para lo que se declare después, y hay que poder probar que lo declarado coincide en todo con lo descrito. Cada solicitud cubre un producto o una familia cuyas diferencias no cambien la clasificación, y se publica en la base de la Comisión, salvo los datos confidenciales.

Una IAV no se modifica. Se anula si se basó en información incorrecta o incompleta del solicitante, y se revoca si deja de ser compatible con las notas explicativas, con una sentencia del Tribunal de Justicia o con un criterio del Sistema Armonizado. Si cae por un reglamento de clasificación o se revoca, puede usarse hasta 6 meses más para contratos firmes ya celebrados, pidiéndolo en los 30 días siguientes; no si lo que cambia es la nomenclatura.

Merece la pena cuando el producto está entre dos partidas con arancel o medidas distintas, cuando hay un antidumping en juego o cuando el volumen es recurrente. La consulta vinculante a la Dirección General de Tributos no sirve para esto: la ley remite la materia aduanera al Código Aduanero. Managora le prepara la solicitud completa y la tramita con su apoderamiento; puede ver el importe actualizado en la ficha de información arancelaria vinculante.

El origen no preferencial es la nacionalidad económica de la mercancía: la del país donde se obtuvo enteramente o, si intervienen varios, la del país de la última transformación sustancial, económicamente justificada, hecha en una empresa equipada y que dio un producto nuevo o una fase importante de fabricación. Es el que se mira para el arancel normal, las medidas no arancelarias y el antidumping. Reetiquetar o desviar el envío por otro país no lo cambia.

El origen preferencial es el que da derecho a la rebaja o al arancel cero de un acuerdo comercial de la Unión o de una preferencia unilateral, como el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG). Sus reglas están en cada acuerdo, producto por producto. La preferencia no se aplica sola: hay que pedirla en la declaración y probar el origen.

Si la duda es de origen, la decisión equivalente es la información vinculante en materia de origen (IVO): 120 días desde la aceptación, prorrogables 30, sin tasa, 3 años de validez, y puede pedirla un representante directo con poder.

Depende del acuerdo con el país de destino. En los acuerdos con Canadá (CETA), Japón, Vietnam, Singapur, Reino Unido y Nueva Zelanda, y en los acuerdos de asociación económica con Costa de Marfil, Ghana y África Oriental y Meridional, el exportador de la Unión declara el origen él mismo en la factura con su número de exportador registrado (REX). Con esos países no existe EUR.1.

La inscripción en el REX se pide en la sede de la Agencia Tributaria (procedimiento DC47) y se resuelve en 120 días naturales. Puede pedirla cualquier exportador, fabricante, comerciante o reexpedidor establecido en la Unión que pueda probar el origen, y es una formalidad única: no hay certificado en cada envío. Si el acuerdo no dice otra cosa, quien no está registrado ni autorizado solo puede declarar el origen en envíos de hasta 6.000 euros.

El exportador autorizado es una autorización distinta (procedimiento DC12) para los acuerdos cuya prueba de origen es la declaración en factura de un exportador autorizado, como los de Marruecos, Suiza, México o Corea. El umbral a partir del cual hace falta depende de cada protocolo.

El EUR.1 y el EUR-MED solo existen en los acuerdos que los prevén, como los de la zona paneuromediterránea, y se expiden a petición escrita del exportador o de su representante. En todos los casos hay que conservar las declaraciones de origen y sus justificantes (escandallos, declaraciones de proveedor) al menos 3 años; el exportador registrado los cuenta desde el final del año en que extendió la comunicación, y el acuerdo o la ley pueden exigir más.

La declaración de origen la firma el exportador, que responde de ella. Managora hace el estudio de la regla de origen, redacta el texto de la declaración en factura y le deja preparadas las solicitudes del REX o de exportador autorizado, que firma su empresa.

La aduana puede revisar después del levante. Si tiene dudas razonables sobre la prueba de origen, puede exigir cualquier prueba complementaria y, si la preferencia cae o la partida era otra, liquidar la diferencia. Esa deuda puede notificarse durante 3 años desde que nació, plazo que sube a entre 5 y 10 años si los hechos podían dar lugar a un proceso penal.

El importador de buena fe tiene una protección concreta: si el certificado de origen que expidieron las autoridades del país exportador resulta incorrecto, se considera un error que no podía detectar, y puede pedir la devolución o condonación. No vale si el certificado se basó en datos falsos del exportador ni si la Comisión había publicado en el Diario Oficial un aviso de dudas sobre ese país, y hay que demostrar que se aseguró de que se cumplían las condiciones.

Frente a la liquidación caben el recurso de reposición o la reclamación económico-administrativa en un mes desde la notificación. La devolución o condonación por error de las autoridades, exceso de cobro o equidad se pide en los 3 años siguientes a la notificación de la deuda. Nuestro abogado colegiado lo presenta con su poder; puede ver el importe actualizado en la ficha de devolución o condonación de derechos de importación.

Si hubo ocultación, puede ser contrabando: delito desde 150.000 euros (50.000 en doble uso, material de defensa, CITES, precursores, patrimonio histórico y géneros estancados o prohibidos; 15.000 en labores de tabaco; sin umbral en drogas y armas) y, por debajo, infracción administrativa con multa del 100 al 350 % (hasta el 600 % en tabaco) y comiso. Managora no lleva defensas penales.

El antidumping grava las importaciones vendidas por debajo de su valor normal; el derecho compensatorio, las subvencionadas por el país de origen; y las salvaguardias frenan un aumento brusco de importaciones, por ejemplo con contingentes. Se cobran además del arancel normal, aunque no puede pagarse antidumping y compensatorio por la misma situación.

Los derechos antidumping provisionales no se pagan en el momento: se garantizan, y si el definitivo resulta mayor, la diferencia no se cobra. Los definitivos caducan a los 5 años, salvo que una reconsideración por expiración los prorrogue, y mientras esa reconsideración se resuelve siguen vigentes.

Tres ejemplos vigentes a octubre de 2026 (detalle en la tabla): la tornillería china, del 22,1 % al 86,5 % según el fabricante; los coches eléctricos de batería chinos, con derechos compensatorios desde el 30 de octubre de 2024; y el acero, que desde el 1 de julio de 2026 tiene contingentes libres de derechos y un 50 % fuera de contingente, con prueba del país de fusión y colada desde el 1 de octubre.

Esquivar la medida suele salir caro. El antidumping puede ampliarse a productos ligeramente modificados para cambiarlos de código, a envíos que pasan por terceros países y a montajes en la Unión o en otro país cuando las piezas del país afectado suponen el 60 % o más del valor total de las piezas del producto montado y el valor añadido no supera el 25 % del coste de fabricación.

Una suspensión arancelaria es una medida autónoma de la Unión que reduce o elimina el arancel de ciertas mercancías, normalmente insumos que no se fabrican en la Unión. Un contingente da esa rebaja solo hasta un volumen: en cuanto se agota, se vuelve al derecho normal. Las dos figuran en TARIC con su código y sus condiciones.

Ninguna se aplica de oficio. El Código Aduanero dice que estas medidas se aplican previa solicitud del declarante, de modo que hay que pedirlas en la declaración con el código correcto y cumplir sus condiciones; si no se piden, se paga el derecho normal. En los contingentes, además, el saldo se consume con las importaciones, así que el momento del despacho importa.

Si importa un insumo que no se fabrica en la Unión y no tiene suspensión, su empresa puede solicitarla a través del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que la traslada a la Comisión. Managora prepara el expediente y lo firma su empresa, que responde de los datos.