Materias primas críticas (CRMA): qué exige la ley europea a las empresas y cómo funcionan los proyectos estratégicos

La Ley Europea de Materias Primas Críticas es el Reglamento (UE) 2024/1252, conocido por sus siglas inglesas CRMA (Critical Raw Materials Act). Está en vigor desde el 23 de mayo de 2024 y, como todo reglamento europeo, se aplica directamente en España. La versión española habla de materias primas «fundamentales»; en los buscadores y en la prensa se dice «críticas». Son lo mismo.

Trabaja con dos listas. El anexo I recoge 17 materias primas estratégicas: bauxita, alúmina y aluminio; bismuto; boro de calidad de metalurgia; cobalto; cobre; galio; germanio; litio de calidad de batería; metal de magnesio; manganeso de calidad de batería; grafito de calidad de batería; níquel de calidad de batería; metales del grupo del platino; tierras raras para imanes permanentes; silicio metálico; metal de titanio y wolframio. El anexo II recoge 34 materias primas fundamentales: todas las estratégicas y otras como el antimonio, el helio, el hafnio, el escandio, el tántalo o el vanadio.

La diferencia no es de nombre. Solo una materia estratégica da acceso a la figura de proyecto estratégico. Las tierras raras para imanes (neodimio, praseodimio, terbio, disprosio, gadolinio, samario y cerio) forman una sola entrada estratégica. El antimonio, en cambio, es fundamental pero no estratégico. Y la calidad cuenta: el litio y el níquel son estratégicos en calidad de batería, y la entrada «grafito de calidad de batería» incluye el grafito sintético, no solo el natural.

Una materia entra en la lista de fundamentales si alcanza un riesgo para el suministro de 1 y una importancia económica de 2,8. La Comisión revisará la lista de estratégicas a más tardar el 24 de mayo de 2027 y después cada tres años, así que la clasificación de su materia puede cambiar.

El artículo 5 fija parámetros de referencia para 2030 sobre el consumo anual de materias primas estratégicas de la Unión, en conjunto: capacidad de extracción para cubrir al menos el 10 %, de procesamiento para el 40 % y de reciclado para el 25 %. Además, ningún tercer país debería representar más del 65 % del consumo de la Unión de cada una de ellas.

Son objetivos para la Comisión y los Estados, no cuotas para su empresa: nadie le exige comprar un porcentaje europeo. Pero explican el resto del Reglamento: proyectos estratégicos con permisos acelerados, compras conjuntas y vigilancia de la dependencia de un solo proveedor. El límite del 65 % es el que pone el foco en cadenas como la de las tierras raras y los imanes, que China somete a licencia de exportación desde abril de 2025.

Para medir el avance, la Comisión hace pruebas de resistencia de cada cadena estratégica al menos cada tres años, y los Estados pueden enviar encuestas a los «operadores clave del mercado». Si su empresa recibe una, puede negarse a facilitar los datos que revelen secretos comerciales o empresariales. Los Estados informan también del nivel de sus reservas estratégicas, pero la CRMA no les obliga a mantenerlas ni a liberarlas.

Es la obligación más citada y la que más se malinterpreta. Afecta solo a la «gran empresa» tal como la define la CRMA: más de 500 empleados de media y más de 150 millones de euros de volumen de negocios neto mundial en el último ejercicio cerrado. Y solo si usa materias primas estratégicas para fabricar baterías para almacenamiento de energía o electromovilidad, equipos de hidrógeno o de energía renovable, aeronaves, motores de tracción, bombas de calor, equipos de transmisión y almacenamiento de datos, dispositivos electrónicos móviles, equipos de fabricación aditiva o de robótica, drones, lanzadores, satélites o chips avanzados.

La obligación no nace sola. El artículo 24 encarga a cada Estado identificar a esas empresas, a más tardar el 24 de mayo de 2025 y dentro de los doce meses siguientes a cada actualización de la lista estratégica. La empresa identificada evalúa, al menos cada tres años y en la medida en que disponga de la información, los riesgos de su cadena de suministro: un mapa de dónde se extraen, procesan y reciclan sus materias estratégicas, un análisis de los factores que pueden cortar el suministro y una evaluación de sus vulnerabilidades.

La evaluación no se presenta a ninguna Administración. La empresa puede elevar al consejo de administración un informe con los resultados, la fuente de la información y las medidas de mitigación, y el Estado puede exigir que lo haga. Si un proveedor no facilita los datos, la evaluación puede hacerse con la información que publica la Comisión o con otra pública. Si aparecen vulnerabilidades significativas, la empresa debe esforzarse por mitigarlas, por ejemplo diversificando proveedores o sustituyendo la materia.

La Comisión propuso el 3 de diciembre de 2025 endurecer este artículo (propuesta COM(2025) 946): sería ella quien identificaría a las empresas, que tendrían seis meses para evaluar, deberían presentar los resultados al consejo y contestar a la Comisión en treinta días. A 15 de octubre de 2026 sigue siendo una propuesta, pendiente de la posición del Parlamento Europeo en primera lectura, con votación en el pleno prevista el 20 de octubre. El despacho prepara la evaluación y el informe al consejo como encargo a medida.

El artículo 28 obliga a etiquetar los aparatos de resonancia magnética, aerogeneradores, robots industriales, vehículos de motor, medios de transporte ligeros, generadores de refrigeración, bombas de calor, motores eléctricos (también los integrados en otros productos), lavadoras, secadoras, microondas, aspiradoras y lavavajillas. La etiqueta, visible e indeleble, dirá si llevan imanes permanentes y de qué tipo: neodimio-hierro-boro, samario-cobalto, aluminio-níquel-cobalto o ferrita. Los que lleven imanes de esos tipos incorporarán además un soporte de datos con un identificador único que dé acceso al responsable, al peso, la ubicación y la composición química de cada imán y a la forma de retirarlos con seguridad. Si los imanes solo están dentro de motores, basta con la ubicación y la retirada de los motores.

La obligación empieza dos años después de que entre en vigor el acto de ejecución que fija el formato de la etiqueta, que la Comisión debía adoptar a más tardar el 24 de noviembre de 2025 (una corrección de errores cambió el 2026 del texto original). Para resonancias, vehículos de motor y vehículos de categoría L se aplica desde el 24 de mayo de 2029. Los productos de defensa y espaciales quedan fuera. La obligación es de quien introduce el producto en el mercado, que puede autorizar a otra persona para actuar en su nombre.

El artículo 29 añade una obligación de transparencia: si los imanes de neodimio, samario-cobalto o aluminio-níquel-cobalto de uno de esos productos pesan en total más de 0,2 kg, hay que publicar en una web de libre acceso qué proporción de neodimio, disprosio, praseodimio, terbio, boro, samario, níquel y cobalto procede de residuos posconsumo valorizados. Se aplica a más tardar el 24 de mayo de 2027 o dos años después del acto delegado que fije el método de cálculo, si esa fecha es posterior. Para resonancias, vehículos de motor y vehículos de categoría L, cinco años después de la entrada en vigor de ese acto delegado. Un producto con tres motores de 0,08 kg de imán cada uno suma 0,24 kg y queda dentro.

Si compra a China, el problema llega antes. El Anuncio 18/2025, de 4 de abril de 2025, sigue vigente y somete a licencia la exportación de samario, gadolinio, terbio, disprosio, lutecio, escandio e itrio y de los imanes de samario-cobalto y de neodimio con terbio o disprosio; no menciona los productos terminados con imanes ya montados. El galio, el germanio, el antimonio y determinados grafitos también necesitan licencia china. Los anuncios del 9 de octubre de 2025 están suspendidos hasta el 10 de noviembre de 2026. La licencia la pide su proveedor a MOFCOM, que resuelve en 45 días hábiles, y su empresa firma el certificado de usuario final: Managora se lo redacta con la ficha del certificado de usuario final para China, y puede ver el importe actualizado en la ficha.

Para el coste de la entrada, nuestro estudio de importación razona la partida TARIC, el arancel y el IVA de cada producto. La declaración en aduana la presenta su empresa o un representante aduanero inscrito; nosotros le dejamos preparado el estudio con todo lo que esa declaración necesita.

Puede pedirlo el promotor de un proyecto de extracción, procesamiento o reciclado de materias primas estratégicas, en la Unión o en un tercer país. La Comisión lo reconoce si cumple cinco criterios: contribuir de forma significativa a la seguridad del suministro de la Unión, ser técnicamente viable en un plazo razonable, ejecutarse de forma sostenible (medio ambiente, derechos laborales y humanos, relación con las comunidades locales, prevención de la corrupción) y aportar beneficios transfronterizos si está en la Unión o beneficio mutuo si está en un mercado emergente.

La solicitud la presenta el promotor ante la Comisión con el modelo único del Reglamento de Ejecución (UE) 2025/2194, a través de su cuenta EU Login. Debe incluir, entre otras cosas, la clasificación del proyecto según la Clasificación Marco de las Naciones Unidas para los Recursos, el calendario y la situación de las autorizaciones, un plan de aceptación pública, el control de las empresas participantes, el plan de negocio y la estimación de empleo. La CRMA no prevé ninguna tasa.

Se resuelve por convocatorias con fecha límite. La primera se abrió el 23 de mayo de 2024 y cerró el 22 de agosto de 2024; la segunda cerró el 15 de enero de 2026, y la Comisión anunciará una nueva hacia finales de 2026. Comprueba si la solicitud está completa en 30 días desde la fecha límite y decide en 90 días desde la completitud, prorrogables otros 90 en casos excepcionales. Si el Estado miembro afectado se opone, el proyecto no se reconoce.

Lo que se gana es tiempo y peso. El proyecto se considera de interés público, y puede considerarse de interés público superior a efectos de las normas europeas de hábitats, agua y aves. El proceso de autorización no puede pasar de 27 meses si hay extracción y de 15 si solo hay procesamiento o reciclado (24 y 12 si el proyecto ya estaba en tramitación), con prórroga excepcional de 6 o 3 meses. La preparación del estudio de impacto ambiental no cuenta en esos plazos. Pero el reconocimiento no exime de ninguna autorización.

Después hay deberes: un informe a la Comisión cada dos años sobre avances, autorizaciones y financiación, la notificación de cambios en el proyecto o en el control de las empresas y una web pública para la población local. Managora prepara el expediente jurídico y documental de la solicitud y de los informes; los envía el promotor con su EU Login, y la clasificación de recursos y la viabilidad técnica salen de los estudios técnicos del propio proyecto.

La primera lista (Decisión (UE) 2025/840, de 25 de marzo de 2025) reconoció 47 proyectos en 13 Estados miembros, siete de ellos en España. El 4 de junio de 2025 se aprobaron 13 en terceros países. El 9 de octubre de 2026 la Comisión seleccionó 46 más en 16 Estados miembros, dos de ellos españoles, y el total llegó a 106. La tabla de esta guía recoge los nueve españoles.

Cada Estado debía designar puntos de contacto únicos a más tardar el 24 de febrero de 2025, uno por nivel administrativo y fase de la cadena. España tiene uno por comunidad autónoma y, para los proyectos estatales o que afecten a más de una comunidad, dos: la Subdirección General de Minas (MITECO) para extracción y la Subdirección General para el Impulso de Proyectos Industriales (Ministerio de Industria y Turismo) para procesamiento y reciclaje. En Andalucía, por ejemplo, la Dirección General de Minas lleva extracción y procesado; en Extremadura, la Dirección General de Industria, Energía y Minas; en Galicia, la Dirección General de Planificación Energética y Minas. El punto de contacto debe confirmar en 45 días si la solicitud está completa, y esa fecha abre el plazo.

Ante el punto de contacto el procedimiento es español y admite representante: Managora presenta las solicitudes en su nombre con apoderamiento. Los proyectos técnicos mineros y el estudio de impacto ambiental los firma el técnico competente del proyecto; nosotros no los redactamos. La Ley de Minas sigue siendo la Ley 22/1973, sin cambios desde 2014, aunque el Plan de Acción aprobado el 10 de marzo de 2026 prevé modificarla para integrar la CRMA.

Hay un plazo inmediato que muchos explotadores desconocen: el artículo 27 obliga a los explotadores de instalaciones de residuos de extracción a presentar, a más tardar el 24 de noviembre de 2026, un estudio de evaluación económica preliminar sobre la valorización de las materias primas fundamentales que contengan esos residuos. Se presenta ante la autoridad minera competente. Nosotros podemos presentarlo como representantes; el contenido técnico del estudio no lo redactamos.

El Real Decreto 731/2026, de 16 de septiembre (BOE del 17, en vigor desde el 18 de septiembre de 2026), crea la declaración de Proyecto Estratégico de Inversión. Entre los proyectos que pueden declararse están los de extracción, procesamiento o economía circular de materias primas fundamentales y los de tecnologías de cero emisiones netas. Quedan fuera la compra de acciones o participaciones, las ampliaciones o reducciones de capital y las modificaciones estructurales.

La solicitud es electrónica, en la sede que designe el Comité de Inversiones Estratégicas, e incluye una declaración responsable de estar al corriente con Hacienda, la Seguridad Social y otras Administraciones y de no estar en insolvencia, concurso ni morosidad, en el formulario que aprobará el Comité. El Comité hace la declaración previa en un mes y la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos acuerda la definitiva en tres meses desde la solicitud; si no resuelve, se entiende denegada. El real decreto no prevé tasa. Managora puede presentarla por usted con apoderamiento.

La Net-Zero Industry Act (Reglamento (UE) 2024/1735, aplicable desde el 29 de junio de 2024) es la ley hermana para las fábricas de tecnologías limpias. Los permisos de una fábrica no pueden pasar de 12 meses por debajo de 1 GW de capacidad anual y de 18 a partir de 1 GW. Si es proyecto estratégico de cero emisiones netas, 9 meses por debajo de 1 GW, 12 a partir de 1 GW o cuando no se mide en GW, y 18 para el almacenamiento de CO2. Ese reconocimiento no lo da la Comisión: lo pide el promotor al Estado, que resuelve en un mes desde la solicitud completa; si lo deniega, cabe acudir a la Comisión.

No mezcle las tres figuras: el proyecto estratégico de la CRMA lo reconoce la Comisión, el de la Net-Zero Industry Act el Estado miembro y el Proyecto Estratégico de Inversión el Gobierno de España. Cada una se pide por separado ante su órgano.

El artículo 25 crea un sistema de la Comisión para agregar la demanda de las empresas establecidas en la Unión que consumen materias primas estratégicas y buscar proveedores para ese volumen conjunto. Las empresas participantes pueden negociar juntas precios y condiciones, respetando el Derecho de la competencia, y quedan excluidas como proveedoras las entidades sancionadas por la Unión. Es el Raw Materials Mechanism: el registro abrió el 18 de noviembre de 2025 y, según la Comisión, a 9 de octubre de 2026 ha generado más de 30 casaciones para 10 materias. Se inscribe la propia empresa; nosotros le preparamos el alta.

RESourceEU es el plan de acción de la Comisión de 3 de diciembre de 2025 (COM(2025) 945). Prevé movilizar 3.000 millones de euros de fondos europeos en doce meses, crear en 2026 un Centro Europeo de Materias Primas Fundamentales para inteligencia de mercado, almacenamiento y compras conjuntas, y lanzar un piloto de almacenamiento a principios de 2026. También anunció que, a más tardar en el segundo trimestre de 2026, la Comisión propondría restringir la exportación de chatarra y residuos de imanes permanentes. Es una comunicación, no una norma: por sí sola no impone obligaciones a su empresa.

La CRMA no fija multas. Su artículo 47 encarga a cada Estado establecer su régimen sancionador, con un plazo que vencía el 24 de noviembre de 2025 según la corrección de errores. Cualquier cifra de multa que lea atribuida directamente al Reglamento no sale de él.