Nacionalidad espanola por residencia: requisitos, plazos y examenes

La nacionalidad por residencia es la vía para obtener la nacionalidad española demostrando que ha residido en España de forma legal, continuada e inmediatamente anterior a la solicitud durante el periodo que la ley exige para su caso. Está regulada en el Código Civil (artículos 21 a 23) y en el Real Decreto 1004/2015.

Puede solicitarla toda persona extranjera mayor de edad (o emancipada) que resida legalmente en España y cumpla el plazo de residencia de su supuesto. Los menores de 14 años y las personas con la capacidad modificada judicialmente la solicitan a través de su representante legal, con autorización previa del encargado del Registro Civil.

No basta con haber vivido muchos años en España: la residencia debe ser legal (con tarjeta de residencia o TIE en vigor durante todo el periodo). Managora comprueba su historial de residencia y confirma qué plazo le corresponde antes de iniciar nada.

El plazo general es de 10 años de residencia legal y continuada. La ley reduce ese plazo en varios supuestos: 5 años para quien tiene reconocida la condición de refugiado, y 2 años para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal y para los sefardíes originarios de España.

El plazo se reduce a 1 año en supuestos como haber nacido en territorio español, llevar un año casado con español o española (sin separación legal ni de hecho), ser viudo o viuda de español sin separación al fallecer, haber nacido fuera de España de padre, madre, abuelo o abuela originariamente españoles, o haber estado bajo tutela, guarda o acogimiento de un ciudadano o institución españoles durante dos años.

La residencia debe ser continuada: las ausencias prolongadas de España pueden interrumpirla. Managora revisa sus periodos de residencia y ausencias para evitar que el expediente se deniegue por este motivo.

Además del plazo de residencia, la ley exige acreditar buena conducta cívica y un suficiente grado de integración en la sociedad española.

La buena conducta cívica se valora con los certificados de antecedentes penales de España y de su país de origen (y de los países donde haya residido). Un antecedente no siempre impide obtener la nacionalidad, pero debe estar cancelado o justificado; se estudia caso por caso.

La integración se acredita, con carácter general, superando dos pruebas del Instituto Cervantes: el examen CCSE (conocimientos constitucionales y socioculturales de España), obligatorio para todos, y el examen DELE de nivel A2 o superior, del que están exentos los nacionales de países donde el español es lengua oficial. Los menores de edad y las personas con la capacidad modificada judicialmente están exentos de las pruebas y acreditan la integración por otros medios.

El expediente se presenta con documentos personales y con documentos de su país de origen debidamente legalizados. Los documentos españoles (empadronamiento, tarjeta de residencia) se obtienen aquí; los extranjeros deben venir apostillados (Convenio de La Haya) o legalizados por vía consular, y traducidos al español por traductor jurado cuando estén en otro idioma.

Los documentos habituales son: certificado de nacimiento del país de origen (apostillado o legalizado y traducido), certificados de antecedentes penales de España y del país de origen (apostillado y traducido), pasaporte completo y en vigor, tarjeta de residencia o TIE en vigor, certificado de empadronamiento, certificados de haber superado el CCSE y el DELE A2 (o la exención) y el justificante de pago de la tasa 790 026.

En los supuestos especiales se añaden documentos concretos: por ejemplo, certificado de matrimonio y certificado de nacimiento del cónyuge español si solicita por matrimonio. Managora le indica la lista exacta para su caso, gestiona la apostilla y la traducción jurada, y monta el expediente completo.

La solicitud se presenta de forma telemática ante el Ministerio de Justicia, en su sede electrónica, con certificado digital o Cl@ve y la aplicación AutoFirma. Una vez creada la solicitud, dispone de un plazo para completarla y adjuntar toda la documentación digitalizada; al presentarla, el sistema genera un justificante con número de expediente para el seguimiento.

El Ministerio (Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública) tiene un plazo máximo de un año para resolver, contado desde que el expediente entra completo. Si transcurre ese año sin resolución expresa, la solicitud se entiende desestimada por silencio administrativo negativo, lo que abre la vía del recurso.

En la práctica los tiempos varían según la carga de trabajo y, sobre todo, según lo bien armado que esté el expediente: un expediente incompleto genera requerimientos y demoras. Managora presenta el expediente por usted, hace el seguimiento en la sede y responde a los requerimientos que lleguen.

La concesión no le convierte automáticamente en español. A partir de la notificación de la concesión, dispone de un plazo improrrogable de 180 días naturales para cumplir tres actos: jurar o prometer fidelidad al Rey y obediencia a la Constitución y a las leyes, renunciar a su nacionalidad anterior (cuando proceda) e inscribir la adquisición en el Registro Civil.

La jura o promesa puede realizarse ante notario o ante el encargado del Registro Civil. La renuncia a la nacionalidad anterior no se exige a los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial y Portugal, ni a los sefardíes, que conservan su nacionalidad de origen.

Si no completa la jura e inscripción dentro de los 180 días, la concesión caduca y habría que iniciar el procedimiento de nuevo. Managora le avisa de los plazos, coordina la cita de jura y tramita la inscripción para que no pierda la concesión ni tenga que empezar otra vez.