Se acabo la golden visa: que alternativas quedan

Sí. La ley orgánica de eficiencia del Servicio Público de Justicia, publicada el 3 de enero de 2025, dejó sin contenido los artículos de la Ley 14/2013 que regulaban el visado y la autorización de residencia para inversores. La supresión tiene efectos desde el 3 de abril de 2025.

Desde esa fecha no existe ninguna vía para obtener la residencia española comprando un inmueble, deuda pública, acciones o depósitos bancarios. No hay importe mínimo que valga, ni siquiera muy por encima de los 500.000 euros de la antigua norma. La solicitud no se deniega por insuficiente: es que no hay procedimiento donde presentarla.

Conviene además desconfiar de lo que se lea por ahí, incluidas algunas páginas institucionales que todavía no han retirado la ficha del inversor. La norma manda sobre la página web, y la norma la suprimió.

No. La propia reforma incluyó dos reglas de transición que protegen a quien ya estaba dentro. Los visados y autorizaciones de inversor que estuvieran en vigor conservan su validez durante todo el tiempo para el que fueron expedidos.

Y si usted pide la renovación, se tramita y se resuelve conforme a la normativa vigente en la fecha en que le concedieron la autorización inicial, no con la de hoy. Es decir: el régimen antiguo le sigue acompañando mientras mantenga las condiciones que le dieron derecho a la autorización.

La tercera regla afecta a los expedientes que estaban en el aire: quien presentó su solicitud, o la de un familiar, antes del 3 de abril de 2025 puede recibir el visado o la autorización conforme a la norma vigente el día en que la presentó.

Si su autorización de inversor vence pronto, la renovación es el momento delicado del expediente: hay que acreditar que la inversión se ha mantenido. Managora la prepara y la presenta por usted, con el criterio de la norma que se le aplicaba a usted, no el de la actual.

Quedan las cuatro figuras de la Ley 14/2013 que nunca dependieron de invertir dinero, más la residencia no lucrativa del régimen general. Todas se resuelven rápido en comparación con el resto de extranjería, y las de la Ley 14/2013 tienen una ventaja poco conocida: si la Administración no contesta en 20 días, la autorización se entiende concedida.

El teletrabajador de carácter internacional, conocido como nómada digital, es para quien cobra de empresas de fuera de España. Si es asalariado, su empleador debe estar fuera; si factura como autónomo, puede tener clientes españoles hasta un máximo del 20 % de su actividad profesional.

El profesional altamente cualificado es para quien llega con una oferta de trabajo de una empresa en España, en un puesto directivo o cualificado que alcance el umbral salarial de referencia. Aquí la solicitud la presenta la empresa que contrata, no el trabajador.

El emprendedor es para quien viene a montar un proyecto innovador y de interés económico para España. Exige un informe favorable previo, que es preceptivo y se emite en diez días hábiles, sobre el plan de negocio, el empleo que va a crear y el valor que aporta. El investigador y el personal de formación, desarrollo e innovación entran por una vía paralela, normalmente de la mano de la universidad o del centro que le acoge.

La residencia no lucrativa es la única de las cinco que no exige ni trabajo ni proyecto: exige rentas o ahorro. A cambio, prohíbe trabajar. Es la vía natural del jubilado o del rentista, y es también la elección equivocada más habitual de quien venía buscando la golden visa. Puede ver el importe actualizado de cada trámite en su ficha.

El derecho a trabajar es la diferencia que más dinero cuesta equivocar. Las cuatro figuras de la Ley 14/2013 autorizan a residir y a trabajar en todo el territorio nacional, cada una en su ámbito: el nómada digital a distancia para su empresa extranjera, el altamente cualificado para la empresa que lo contrata, el emprendedor en su propio proyecto.

La residencia no lucrativa no permite realizar ninguna actividad laboral ni profesional. Incluye el trabajo en remoto desde España para una empresa o un cliente de fuera: aunque el dinero venga de otro país y el ordenador sea suyo, la actividad se desarrolla aquí y está prohibida. Quien teletrabaja tiene su vía propia, que es la de nómada digital.

En familia, la Ley 14/2013 es claramente más cómoda: el cónyuge o la pareja de hecho acreditada, los hijos menores y los mayores que dependan económicamente sin haber formado su propia unidad familiar, y los ascendientes a cargo pueden pedir el visado y la autorización de forma conjunta y simultánea con el titular, o después. No hay que esperar a un procedimiento separado de reagrupación ni cumplir un año previo de residencia.

En la no lucrativa la familia también puede entrar en el expediente, pero cada miembro suma medios económicos y documentación propia. Managora presenta el grupo entero como un solo expediente para que nadie se quede fuera por un papel.

Cada vía mide el dinero con una regla distinta, y las dos reglas se han movido este año en sentidos opuestos. El nómada digital se calcula sobre el salario mínimo, que subió en febrero de 2026 a 1.221 euros al mes en catorce pagas, 17.094 euros brutos al año. El titular acredita el 200 % de esa cifra, el primer familiar el 75 % y cada familiar adicional el 25 %.

La residencia no lucrativa se calcula sobre el IPREM, que sigue congelado en 600 euros al mes: 400 % para el solicitante, es decir 2.400 euros mensuales, y un 100 % más, 600 euros al mes, por cada familiar. Se acredita con ingresos periódicos, con ahorro disponible o con ambos, y hay que demostrar que ese dinero se percibe sin necesidad de trabajar.

El profesional altamente cualificado no acredita ahorro: lo acredita su contrato. El umbral de referencia no lo fija una orden ministerial, sino los criterios de gestión que dicta la Dirección General de Migraciones y que aplica la Unidad de Grandes Empresas y Colectivos Estratégicos: hoy equivale a 1,4 veces la ganancia media anual que publica el Instituto Nacional de Estadística, y tras la publicación de la ganancia media de 2024 quedó en 41.356,36 euros brutos anuales, con un umbral reducido de 33.085,09 euros en los supuestos tasados de la Tarjeta Azul-UE.

El emprendedor no tiene umbral cerrado: se valoran los recursos económicos del proyecto y del solicitante junto con el plan de negocio. Por eso el expediente se prepara a medida.

Este es el punto que la golden visa disimulaba y las vías que quedan no disimulan: se piden para vivir en España. Y quien permanece en territorio español más de 183 días dentro del año natural es residente fiscal, con obligación de declarar aquí su renta mundial, venga de donde venga. No empadronarse no evita nada: lo que cuenta son los días y el centro de intereses, no el padrón.

Que España pueda gravar una renta concreta de su país de origen, y en qué medida, depende del convenio para evitar la doble imposición que haya firmado con ese Estado, y varios convenios han sido modificados por el convenio multilateral. Antes de mover dividendos, pensiones o la venta de un inmueble conviene mirar el convenio que le aplica, no la regla general.

Quien se desplaza a España por un trabajo, por una actividad emprendedora con informe favorable o como profesional altamente cualificado puede optar por el régimen especial de trabajadores desplazados, que tributa como no residente durante el año del traslado y los cinco siguientes, con un tipo del 24 % sobre los rendimientos del trabajo hasta 600.000 euros. Exige no haber sido residente fiscal en España en los cinco años anteriores y comunicar la opción en un plazo máximo de seis meses desde el alta en la Seguridad Social.

La residencia no lucrativa no da acceso a ese régimen, precisamente porque no hay desplazamiento por trabajo. El rentista que se instala aquí tributa por el régimen ordinario, con su renta mundial.

Y una advertencia sobre las cifras: el IRPF tiene un tramo autonómico que cambia según la comunidad donde fije su residencia habitual, y País Vasco y Navarra tienen normativa propia. Canarias, Ceuta y Melilla tienen además su propio régimen indirecto. Ninguna cifra estatal sirve para todo el territorio sin comprobarlo.

Empezamos por la decisión, que es lo que más caro sale equivocar: revisamos de dónde vienen sus ingresos, si va a trabajar aquí y quién viaja con usted, y le decimos qué vía encaja con su situación y cuáles no reúnen los requisitos en su caso. Quien concede o deniega es la Administración, así que nadie puede anticiparle el sentido de la resolución; lo que sí hacemos es no presentar por una vía cuyos requisitos usted no cumple.

Después montamos el expediente entero: documentación, legalizaciones y traducciones, tasa, formulario y presentación. Las autorizaciones de la Ley 14/2013 las presentamos nosotros por vía telemática ante la UGE, que resuelve en 20 días con silencio positivo. Cuando lo que toca es un visado, el expediente se lo dejamos revisado y cerrado y la cita en el consulado la hace usted en persona, porque el consulado exige comparecencia.

Lo que sigue también lo llevamos: la tarjeta de identidad de extranjero, que se pide en el mes siguiente a su entrada en España, la renovación cuando venza y la parte fiscal, incluida la opción por el régimen de trabajadores desplazados si le corresponde y le conviene. Puede ver el importe actualizado de cada servicio en su ficha.

Si tenía previsto invertir en España y se ha quedado sin vía, dígalo antes de mover el dinero: la inversión ya no da residencia, pero montar aquí una sociedad con actividad real sí puede encajar en la vía de emprendedor. Es un expediente distinto, y se prepara distinto.