Herencia internacional: que ley se aplica y que se puede elegir

La ley del Estado en el que el causante tuviera su residencia habitual en el momento de fallecer, y esa misma ley rige la sucesión entera. No importa la nacionalidad, no importa en qué país estén los bienes y no importa si son cuentas, acciones o inmuebles. Una sola ley para toda la herencia, incluidas las legítimas, es decir, la parte que la ley reserva obligatoriamente a determinados familiares.

Esta regla llegó con el Reglamento europeo de sucesiones (Reglamento 650/2012) y se aplica a las personas fallecidas a partir del 17 de agosto de 2015. Antes, en España decidía la nacionalidad del fallecido, que es justo lo contrario. Por eso un testamento pensado con la regla antigua puede estar produciendo hoy un reparto que su autor no habría firmado nunca.

El sistema es universal: funciona aunque la ley designada sea la de un país que no pertenece a la Unión Europea. Un fallecido con residencia en Estados Unidos, en Marruecos o en Emiratos Árabes Unidos entra igualmente en el esquema, y también un residente en España con cualquiera de esas nacionalidades.

La residencia habitual no es el empadronamiento, ni la tarjeta de residencia, ni una casilla de la declaración de la renta. Se valora el conjunto de la vida del causante en los años anteriores al fallecimiento: dónde vivía de verdad, dónde estaba su familia, dónde tenía su centro de intereses y con qué país mantenía un vínculo estable y duradero. Quien reparte el año entre dos países deja abierta una discusión que tendrán que cerrar sus herederos, con la factura y el retraso que eso supone.

Existe una válvula de escape, y es excepcional de verdad: si de todas las circunstancias del caso resulta con claridad que el fallecido mantenía un vínculo manifiestamente más estrecho con otro Estado, se aplica la ley de ese otro Estado. No es una opción que los herederos puedan activar porque les convenga, la aprecia la autoridad que tramita la sucesión a la vista de los hechos, y los criterios no están tasados en la norma.

Dos matices que conviene tener claros desde el principio: Dinamarca e Irlanda no aplican estas reglas, y el Reino Unido tampoco, de modo que con esos tres países el problema se resuelve por otras vías.

Sí, y es la decisión más importante de toda la planificación. Se llama professio iuris y consiste en designar, en el propio testamento, la ley del Estado cuya nacionalidad se posee. Vale la nacionalidad que se tenga al hacer la elección o la que se tenga al fallecer, y quien tiene varias nacionalidades puede elegir la ley de cualquiera de ellas.

La elección está acotada, y aquí se cometen la mayoría de los errores. No puede elegir la ley del país donde estén sus bienes, ni la ley de su residencia, ni la de un tercer Estado que le resulte más cómoda. Solo la de su nacionalidad. Si esa ley no le sirve para lo que quiere, la solución pasa por planificar el patrimonio, no por elegir otra ley.

Tiene que hacerse de forma expresa, en una disposición mortis causa, o resultar con claridad de los términos del propio testamento. La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública lo ha repetido en resolución tras resolución al revisar herencias que el registro de la propiedad había rechazado: si el testamento no dice qué ley rige la sucesión, el notario y el registrador tienen que averiguarlo, y el resultado puede no ser el que el testador imaginaba.

Lo que consigue la elección es mucho más que una preferencia. Desplaza la regla general de la residencia habitual, de modo que su sucesión queda fijada aunque usted cambie de país tres veces más. Cierra la puerta al reenvío, que es el mecanismo que explicamos en la sección siguiente. Y abre la posibilidad de que los interesados acuerden a qué tribunales someterse si acaban discutiendo.

Hay un régimen transitorio que salva muchos testamentos antiguos. Los otorgados antes del 17 de agosto de 2015 en los que el testador manifestó que disponía conforme a su ley nacional pueden valer como elección de ley, aunque en aquel momento el derecho español no conociera esta figura. Es una revisión que merece la pena hacer antes de dar por perdido un testamento viejo.

Managora redacta el testamento con la cláusula de elección de ley, revisa si tiene usted testamentos anteriores que lo contradigan y prepara la firma ante notario, que es el paso que le da plena eficacia. Puede ver el importe actualizado en la ficha del servicio.

Depende de dos cosas: dónde tenga su residencia habitual cuando fallezca y si eligió o no su ley nacional en testamento. Es el caso que más discusiones genera y casi siempre por la misma creencia equivocada: que a un inmueble situado en España se le aplica siempre la ley española y que al resto del patrimonio se le aplica otra. No funciona así. La sucesión no se trocea por países ni por tipo de bien.

Si usted reside en España y no eligió su ley nacional, se aplica el derecho español a toda su herencia, también a las cuentas que tenga en Londres o en Nueva York. Y el derecho civil común español reserva a los hijos y descendientes dos tercios del haber hereditario: un tercio de legítima estricta y un tercio de mejora. Le queda un tercio de libre disposición. Ese es el margen real para dejarle la vivienda a su pareja, a un amigo o a una fundación.

Si usted reside fuera de la Unión Europea y solo tiene la casa en España, el camino es más enrevesado. La ley aplicable es la del tercer Estado donde reside, pero si las normas de conflicto de ese Estado devuelven los inmuebles a la ley del país donde están situados, cosa habitual en los sistemas anglosajones, el Reglamento acepta ese reenvío y la vivienda española puede terminar regida por el derecho español, con sus legítimas. Precisamente eso es lo que bloquea la elección de ley: cuando hay professio iuris, el reenvío no opera.

El derecho de Inglaterra y Gales no conoce legítimas y permite disponer con mucha más libertad, si bien admite reclamaciones de familiares y personas dependientes en determinados supuestos. Los derechos de los distintos Estados de Estados Unidos varían entre sí y hay que mirar el que corresponda. Lo relevante es que esa libertad solo llega a su herencia española si usted la trae de forma expresa con la elección de ley.

Y un aviso práctico: aunque el reparto sea correcto, el registro de la propiedad español no inscribe una herencia internacional sin que quede acreditado qué ley rige la sucesión y qué dice esa ley. Las herencias que se atascan al final suelen atascarse ahí, no en el notario.

Managora revisa su testamento actual, le dice qué ley se le está aplicando hoy y prepara el que necesita para que el reparto sea el que usted quiere.

España no tiene un único derecho de sucesiones. Junto al derecho civil común conviven los derechos civiles propios de Cataluña, Aragón, Navarra, Baleares, Galicia y el País Vasco, y las legítimas que fijan son muy distintas entre sí. Decir que se aplica la ley española no termina el problema: falta decidir cuál.

Cuando el causante es español, la respuesta la da su vecindad civil, que es el vínculo que le sujeta a uno u otro derecho civil. Y aquí está la trampa que casi nadie ve venir: la vecindad civil cambia sola por residencia continuada. Diez años de residencia en un territorio con derecho civil propio la modifican si no se declara lo contrario, y bastan dos años si se manifiesta esa voluntad ante el Registro Civil. Alguien que se mudó hace doce años puede tener hoy una vecindad civil distinta de la que cree, y con ella una legítima distinta.

Cuando el causante es extranjero la cosa cambia, porque un extranjero no tiene vecindad civil. El Reglamento remite a las normas internas del Estado para repartir entre sus unidades territoriales y, cuando esas normas no resuelven el caso, la ley aplicable es la de la unidad territorial con la que el causante tenía la conexión más estrecha, que en la práctica suele ser la de su residencia habitual. Dicho en claro: un alemán que vivía en Denia y un alemán que vivía en Girona pueden no tener la misma legítima.

Por eso en esta guía no encontrará una tabla de porcentajes por comunidad autónoma. Las cifras de los derechos civiles propios cambian de un territorio a otro y cualquier cálculo hay que hacerlo con la norma concreta que corresponda a su caso, no con una media.

Con el Certificado Sucesorio Europeo. Es un documento creado por el propio Reglamento para que un heredero, un legatario, un ejecutor testamentario o un administrador de la herencia acredite su condición y sus facultades en cualquier Estado miembro participante, sin tener que homologar nada. Una vez expedido se reconoce en todos ellos sin procedimiento especial alguno: no hace falta exequátur, ni apostilla, ni una segunda declaración de herederos en cada país.

Se pide con el formulario IV del reglamento europeo que aprobó los modelos, y el certificado se expide en el formulario V. La autoridad que lo emite entrega copias auténticas, y esas copias tienen una validez limitada de seis meses desde su expedición. Pasado ese plazo hay que pedir una ampliación o una copia nueva, lo que en la práctica obliga a ordenar bien los tiempos: no tiene sentido obtenerlo antes de saber qué banco o qué registro va a pedirlo.

El certificado no es obligatorio y no sustituye a los documentos españoles. El testamento, el certificado de defunción, el certificado de actos de última voluntad y el acta notarial de declaración de herederos siguen siendo el título con el que se tramita la herencia dentro de España. El Certificado Sucesorio Europeo es la llave para lo que está fuera: desbloquear una cuenta en Fráncfort, vender un apartamento en Lisboa o cobrar un seguro en Países Bajos sin que cada entidad le pida un papel distinto.

También funciona en sentido inverso. Si el causante falleció en otro Estado miembro y los herederos tienen que inscribir un inmueble en España, el certificado sirve como título para la inscripción registral. Donde no sirve es en Dinamarca, en Irlanda y en el Reino Unido, que no aplican estas reglas.

Managora tramita el Certificado Sucesorio Europeo y la gestión completa de la herencia transfronteriza, incluida la relación con las entidades del país donde estén los bienes. El importe actualizado está en la ficha del servicio.

La regla general repite la de la ley aplicable: son competentes para el conjunto de la sucesión los tribunales del Estado miembro en el que el causante tuviera su residencia habitual al fallecer. Ley y tribunal coinciden, que es exactamente lo que se buscaba al escribir el Reglamento.

Si el fallecido eligió su ley nacional y esa ley es la de un Estado miembro, el esquema se puede alinear: los interesados pueden acordar por escrito someterse a los tribunales de ese Estado, o el tribunal que estaba conociendo puede abstenerse en su favor. Es otra de las ventajas prácticas de haber hecho la elección de ley en vida, y se nota cuando la herencia acaba en pleito.

Cuando la última residencia habitual estaba fuera de la Unión Europea, siguen existiendo foros en España, basados sobre todo en los bienes situados aquí y en la nacionalidad del causante. No queda usted sin tribunal, pero el alcance de lo que ese tribunal puede decidir es más limitado.

Conviene no confundir el pleito con la tramitación ordinaria. La inmensa mayoría de las herencias no van a juicio: se tramitan ante notario y se inscriben en el registro de la propiedad, y esas actuaciones no contenciosas no siguen las reglas de competencia judicial del Reglamento.

La ley civil y la ley fiscal se deciden con reglas distintas y es el segundo gran malentendido de esta materia. Que su sucesión se rija por la ley alemana no traslada el impuesto a Alemania, y que sus hijos hereden conforme a la ley británica no les libra del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones español.

En España la regla es de quién recibe, no de quién fallece. Si el heredero reside en España tributa por obligación personal, es decir, por todo lo que recibe, con independencia de dónde estuviera el causante y de en qué país estén los bienes. Si el heredero no reside en España, tributa por los bienes y derechos situados en territorio español.

No existe una cifra única para toda España. El impuesto es estatal pero está cedido a las comunidades autónomas de régimen común, que sobre ese marco estatal fijan sus propias reducciones, tarifas, coeficientes y bonificaciones; ahí entra Canarias. Ceuta y Melilla son ciudades autónomas, no tienen asamblea legislativa y no fijan por ley normativa propia del impuesto: se les aplica la ley estatal, que establece una bonificación del 50 por 100 de la cuota en las adquisiciones por causa de muerte cuando el causante tenía allí su residencia habitual a la fecha del devengo. El caso realmente distinto es el del País Vasco y el de Navarra: por sus regímenes forales de Concierto y de Convenio tienen una normativa propia del impuesto, no una rebaja sobre la estatal. Cualquier número que vea en internet sin decir a qué territorio corresponde no le sirve para calcular su caso.

Para lo ya pagado fuera existe una deducción por doble imposición internacional: se resta la menor de dos cantidades, el impuesto efectivamente satisfecho en el extranjero por esos bienes o el resultado de aplicar el tipo medio del impuesto español al valor de los bienes situados fuera. Y hay un plazo corto que se pasa con facilidad cuando la documentación viene de otro país: el impuesto se presenta dentro de los seis meses siguientes al fallecimiento, con posibilidad de pedir una prórroga si se solicita dentro de los cinco primeros meses.

Managora cubre las tres piezas de este asunto: el testamento con elección de ley para que su patrimonio pase a quien usted decida, el Certificado Sucesorio Europeo para acreditar la condición de heredero fuera de España, y la liquidación en España de la herencia con bienes en el extranjero. Puede ver el importe actualizado de cada servicio en su ficha y abrir el expediente hoy mismo, sin desplazarse.