Trusts y fideicomisos: como los trata Hacienda en España

El trust es una figura del derecho anglosajón que el ordenamiento español no recoge. España no ha firmado el Convenio de La Haya de 1985 sobre la ley aplicable al trust y a su reconocimiento, así que, a efectos fiscales, la Dirección General de Tributos parte de que el trust se tiene por no constituido y de que las relaciones entre quien aporta los bienes (el settlor o constituyente) y quien los recibe (el beneficiario) se consideran realizadas directamente entre ellos, como si el trust no existiese.

No es una opinión aislada ni reciente: el criterio se repite en consultas vinculantes desde 2008 (V1991-08) y se ha mantenido en las más recientes, entre ellas V0817-18, V3394-19, V1949-22, V2033-22 y V0022-25, ya de 2025. La consecuencia práctica es incómoda pero clara: el vehículo desaparece y la Administración solo mira dos cosas, quién puso los bienes y quién los recibe, y en qué momento.

Lo mismo ocurre con el fideicomiso y con cualquier patrimonio separado sin personalidad jurídica: si la figura no encaja en el derecho español, la Administración la atraviesa y grava a las personas. Por eso el documento de constitución del trust deja de ser un formalismo y pasa a ser la pieza que determina a quién se imputa cada euro.

Conviene saber desde el principio que esto es criterio administrativo, no una ley escrita sobre trusts. No hay una norma que diga cómo tributa un trust: hay una doctrina reiterada de la Dirección General de Tributos que, además, se pronuncia siempre condicionada a los hechos que valoren después los órganos de Inspección y Gestión.

Mientras el constituyente siga siendo el titular a ojos de Hacienda, las rentas que generan los activos (intereses, dividendos, alquileres, plusvalías) se entienden obtenidas por él. Si es residente fiscal en España, entran en su IRPF del ejercicio en que se producen, se hayan distribuido o no.

Este punto sorprende a casi todo el mundo: no hay que esperar a cobrar. La Dirección General de Tributos lo dijo expresamente al resolver que las rentas que va generando el trust deben entenderse obtenidas directamente por el sujeto constituyente, y que su tributación se determina por la ley del IRPF. Los rendimientos del capital mobiliario y las ganancias patrimoniales van a la base del ahorro, cuya escala arranca en el 19 % y llega al 28 % en los tramos más altos.

Los mismos bienes cuentan además para el Impuesto sobre el Patrimonio (modelo 714) y, si el patrimonio neto es muy elevado, para el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas (modelo 718), que según la sede de la Agencia Tributaria alcanza a patrimonios superiores a 3.000.000 de euros. La campaña de Renta y Patrimonio del ejercicio 2025 fue del 8 de abril al 30 de junio de 2026, con el 25 de junio como tope si se domicilia el pago.

Si quien reside en España es el beneficiario y no el constituyente, la pregunta se mueve de sitio: lo que se examina es si usted tiene ya un derecho adquirido sobre esos bienes o solo una expectativa que depende de la decisión del trustee.

En el criterio administrativo, la aportación al trust por sí sola no produce efectos: si la figura se tiene por no constituida, no hay transmisión que gravar en ese momento y el constituyente sigue manteniendo la titularidad de lo aportado.

El impuesto aparece después, y en dos momentos posibles. Si en vida se formaliza la entrega a un beneficiario que la acepta, hay una transmisión entre vivos del constituyente al beneficiario, sujeta al Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Si esa entrega no se ha producido, el fallecimiento del constituyente provoca una transmisión por causa de muerte de los bienes que seguían en el trust, en la medida en que no se entendieran ya transmitidos antes.

La etiqueta de irrevocable no cierra la discusión. En una de sus consultas, la Dirección General de Tributos subrayó que el constituyente podía cambiar de beneficiario pese a que el trust se calificaba como irrevocable, y por eso siguió atribuyéndole los bienes a él. Y cuando el trustee y el beneficiario son la misma persona, hay que valorar si sus facultades de disposición equivalen ya a la titularidad.

Traducido a lo práctico: lo que decide no es el nombre del trust, sino lo que digan sus documentos sobre quién manda. Si el constituyente conserva la última palabra (cambiar beneficiarios, instruir al trustee, revocar), Hacienda seguirá imputándole a él los bienes y las rentas.

Se trata como una sucesión directa del constituyente a usted, no como el cobro de una entidad extranjera. Si usted reside en España, tributa por obligación personal, es decir, por todo lo que recibe, esté donde esté situado.

Plazo y lugar: seis meses desde el fallecimiento, con posibilidad de pedir una prórroga por otros seis si la solicita dentro de los cinco primeros meses. Cuando el fallecido no era residente en España, la gestión corresponde a la Oficina Nacional de Gestión Tributaria de la Agencia Tributaria (modelo 650), y usted puede optar por la normativa de la comunidad autónoma donde se encuentre el mayor valor de los bienes situados en España o, si no hay ninguno, por la de la comunidad en la que reside.

Esa opción es la que decide la factura. El Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones no tiene una cifra única para toda España: la escala estatal convive con las reducciones y bonificaciones de cada comunidad autónoma, y País Vasco y Navarra tienen normativa foral propia. Quien le dé un porcentaje sin preguntarle dónde reside no está calculando nada.

Si ya se pagó un impuesto similar en el extranjero, se deduce la menor de dos cantidades: lo efectivamente satisfecho fuera o el resultado de aplicar el tipo medio del impuesto español al valor de los bienes situados fuera. Conviene saber que, en materia de herencias, la sede de la Agencia Tributaria solo recoge convenio con Francia, Grecia y Suecia: con el resto de países, Estados Unidos y Reino Unido incluidos, la doble imposición se corrige con esa deducción interna y no con un convenio.

Si la distribución llega en vida y consiste en dinero o valores, el impuesto se liquida ante la comunidad autónoma en la que usted reside, con el modelo que esa comunidad tenga aprobado, y el plazo es de treinta días hábiles desde el día siguiente al acto o contrato. Ante la Agencia Tributaria solo van las donaciones de inmuebles situados en el extranjero a favor de residentes y las de bienes situados en España a favor de no residentes (modelo 651).

El trust como tal no se declara. Se declaran los bienes que hay debajo: cuentas, valores, derechos, seguros, rentas e inmuebles. Anotar el trust como si fuera una entidad es uno de los errores más repetidos y deja la declaración mal hecha.

La Agencia Tributaria lo ha resuelto en las preguntas frecuentes del modelo 720. Si el constituyente reside en España, informa de esos bienes y derechos como titular de los mismos. Si el trustee reside en España, informa por su condición de autorizado, persona con poder de disposición o beneficiario de las cuentas, o por la titularidad real del resto de bienes. Y los beneficiarios residentes informan cuando son beneficiarios reales y efectivos, no cuando son solo potenciales.

Umbrales y plazo: hay tres bloques de información (cuentas; valores, derechos, seguros y rentas; inmuebles) con un límite independiente de 50.000 euros cada uno, y la declaración se presenta del 1 de enero al 31 de marzo del año siguiente al ejercicio. Una vez presentada, solo hay que repetirla cuando alguno de los bloques aumenta más de 20.000 euros respecto de la última declaración presentada, o cuando se pierde la titularidad de algo que sí constaba.

Sobre las sanciones hay una buena noticia y un matiz. La buena: tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 27 de enero de 2022 y la Ley 5/2022, el modelo 720 se sanciona con el régimen general de las declaraciones informativas, no con el régimen agravado anterior. El matiz: sigue siendo una infracción, y presentarlo por iniciativa propia antes de que llegue un requerimiento no es lo mismo que presentarlo después. El modelo 720 es una declaración informativa, sin cuota a ingresar, de modo que su presentación fuera de plazo se mueve siempre dentro del régimen sancionador del artículo 198 de la Ley General Tributaria; lo que cambia es que, cuando se presenta sin requerimiento previo de la Administración, la sanción y sus límites mínimo y máximo se reducen a la mitad.

Con papel y con coherencia entre ejercicios. Las contestaciones de la Dirección General de Tributos se emiten condicionadas a la valoración de las cuestiones de hecho que realicen los órganos de Inspección y Gestión, de modo que el expediente que usted pueda enseñar es lo que de verdad decide el resultado.

Lo que le pedimos para armarlo: el documento de constitución del trust y sus anexos, la carta de deseos si existe, los acuerdos o actas del trustee, los extractos y valoraciones de cada activo a 31 de diciembre de cada año, el justificante de cada distribución recibida, los impuestos pagados en el extranjero y la prueba de su residencia fiscal en cada ejercicio. Con traducción cuando el organismo la exija.

No conviene confiar en el silencio: las cuentas financieras situadas fuera llegan a Hacienda a través de los acuerdos internacionales de intercambio automático de información entre administraciones. La pregunta útil no es si van a saberlo, sino con qué versión de los hechos van a encontrarse.

Y una cautela honesta: en los trusts irrevocables y discrecionales, donde ni el constituyente ni el beneficiario tienen derechos firmes, el momento exacto en que la Administración exige el impuesto no está cerrado por una norma escrita. Por eso cada caso se estudia con el documento delante antes de presentar nada.

En territorio común, el modelo 720 y el IRPF son estatales y funcionan igual en todas las comunidades, con la parte autonómica de la escala del IRPF según dónde resida. País Vasco y Navarra quedan fuera de ese territorio común: por el Concierto Económico y el Convenio Económico tienen competencia normativa propia sobre el IRPF y sobre la declaración de bienes y derechos situados en el extranjero, que se rigen por su normativa foral y se presentan ante su propia Hacienda, con sus propios modelos y plazos. Y en todo el país, lo que más cambia el resultado es el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Canarias aprueba sus propias reducciones y bonificaciones como cualquier comunidad de régimen común; Ceuta y Melilla tienen su propio tratamiento dentro de la norma estatal; y País Vasco y Navarra no aplican una bonificación sobre lo estatal, sino normativa foral propia, con su administración y sus propios modelos, tanto en Sucesiones y Donaciones como en IRPF y en las obligaciones informativas sobre bienes en el extranjero. Dar una cifra estatal o un modelo estatal como si valieran en esos territorios es un error de bulto, no un matiz.

Por eso la primera pregunta que hacemos no es cuánto hay en el trust, sino dónde ha tenido usted su residencia habitual en los últimos años: de ahí sale la normativa aplicable y, con ella, el importe.

Si su caso encaja en esta guía, Managora lo prepara y lo presenta por usted: la declaración de bienes y derechos en el extranjero (modelo 720), su declaración de la Renta (modelo 100) y la liquidación en España de una herencia internacional con bienes en el extranjero o en trust. Puede ver el importe actualizado de cada servicio en su ficha.