Exportar o importar obras de arte y antigüedades: permiso de exportación, tasa y declaración de importación

La Ley del Patrimonio Histórico Español llama exportación a cualquier salida del territorio español de un bien del patrimonio histórico, vaya a donde vaya. Necesitan autorización expresa y previa del Estado dos grupos de bienes: los que tienen más de cien años de antigüedad y, sea cual sea su edad, los inscritos en el Inventario General de bienes muebles. Da igual que sea un cuadro, un mueble, un libro, una pieza arqueológica o una colección entera: la regla mira la antigüedad y la protección, no el tipo de objeto.

Hay bienes que no pueden salir de forma definitiva en ningún caso: los declarados bien de interés cultural (BIC) y los que la Administración del Estado declare expresamente inexportables, una medida cautelar que se adopta mientras se abre el expediente para protegerlos. La ley deja a salvo la salida temporal autorizada, que se explica más abajo.

La obligación es del propietario o poseedor del bien, no de la empresa de transporte ni de la casa de subastas. Suele aparecer en una herencia, en una mudanza internacional o en la venta a un comprador extranjero, y conviene resolverla antes de cerrar el precio o la fecha del traslado, porque el plazo para resolver es de tres meses.

Si el bien sale de la Unión Europea entra en juego además el Reglamento (CE) 116/2009: la exportación fuera del territorio aduanero de la Unión de los bienes culturales de las categorías de su anexo exige una autorización de exportación, que concede el Estado miembro donde se encuentra el bien y que vale en toda la Unión. El propio reglamento permite denegarla cuando el bien está amparado por la legislación nacional de protección del patrimonio. Los bienes que no entran en esas categorías salen solo con el permiso español.

La solicitud la presenta el propietario o una persona autorizada por él, por la sede electrónica del Ministerio de Cultura o ante la comunidad autónoma que tenga la competencia. Pasa después a la Junta de Calificación, Valoración y Exportación de Bienes del Patrimonio Histórico Español, que emite dictamen, y la resuelve el Director General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes.

El plazo para resolver es de tres meses. Si transcurre sin respuesta, el silencio es positivo, pero solo surte efecto cuando se obtiene la certificación correspondiente: sin ese documento no conviene mover la obra.

El punto que más sorprende es el valor. En la salida definitiva, el valor que usted declara en la solicitud se considera una oferta de venta irrevocable a favor de la Administración General del Estado. Si declara poco para pagar menos tasa, el Estado puede quedarse la obra por ese precio; si declara de más, paga más tasa. El valor tiene que ser el real y estar respaldado por una factura, una adjudicación en subasta o una tasación.

Managora prepara el expediente completo (descripción técnica, fotografías, justificación de la titularidad y del valor), lo presenta en su nombre ante el Ministerio de Cultura con su autorización, sigue el dictamen de la Junta y contesta los requerimientos. Puede ver el importe actualizado en la ficha del permiso de exportación de bienes culturales.

La autorización de exportación paga la tasa del artículo 30 de la Ley 16/1985. La paga la persona a cuyo favor se concede la autorización y se devenga en el momento de la concesión. La base es el valor real del bien: el que declara el solicitante, salvo que la comprobación de la Administración dé uno superior, que entonces prevalece.

La ley conserva los tramos en pesetas. El Ministerio de Cultura los aplica en euros y de forma progresiva: 5 % hasta 6.000 euros, 10 % de 6.001 a 60.000 euros, 20 % de 60.001 a 600.000 euros y 30 % desde 600.001 euros. Cada tipo grava solo la parte del valor que cae en su tramo, y la tasa se calcula por separado para cada lote. El ejemplo oficial: un bien de 10.000 euros paga 700 euros (300 del primer tramo y 400 del segundo).

Según Cultura, la tasa grava la autorización de exportación definitiva y la temporal con posibilidad de venta fuera de la Unión Europea. Hay tres exenciones: la exportación dentro de los diez años siguientes a una importación legal y documentada, siempre que el bien no se haya declarado BIC; la salida temporal legalmente autorizada; y la exportación de obras de autores vivos.

La primera exención es la que más dinero ahorra y la que más se pierde, porque exige demostrar la importación. Por eso la declaración de importación ante Cultura es el mejor seguro para quien compra arte fuera de España.

Sí. El permiso nacional no depende del destino: la ley española llama exportación a cualquier salida del territorio español, y la normativa de contrabando castiga sacar sin autorización bienes del patrimonio histórico aunque vayan a otro Estado miembro. Mudarse a Francia con una cómoda del siglo XVIII exige el mismo permiso que venderla a un comprador de Estados Unidos.

Lo que cambia es dónde se enseña la autorización. Para los movimientos fuera de la Unión, Cultura indica que se presenta en la aduana correspondiente; dentro de la Unión, que se incluye en la hoja de ruta del transporte.

Para salir de la Unión, si el bien entra en las categorías del anexo del Reglamento 116/2009, hace falta además la autorización de ese reglamento, que concede la autoridad española cuando el bien se encuentra legalmente en España y que sirve en cualquier aduana de salida de la Unión. La declaración de exportación (el AES) la presenta usted o su empresa, o un representante aduanero inscrito; nosotros le dejamos preparado el permiso y la documentación que tiene que acompañarla.

La Administración del Estado puede autorizar la salida temporal de los bienes sometidos al régimen de exportación. La autorización fija el plazo de la salida y las garantías, y sobre los bienes que salen así no se ejerce el derecho de adquisición preferente. Es la vía para préstamos a museos, exposiciones, restauraciones y ferias en el extranjero.

La salida temporal legalmente autorizada está exenta de la tasa. La excepción, según Cultura, es la exportación temporal con posibilidad de venta fuera de la Unión Europea, la habitual en las ferias comerciales: esa sí paga, porque puede acabar en una venta.

El riesgo está en la vuelta. Si no se cumplen las condiciones de retorno, la ley considera la salida una exportación ilícita, con las mismas consecuencias que sacar el bien sin permiso. Si la obra se vende durante la feria o el préstamo se alarga, hay que tramitarlo antes de que venza el plazo, no después.

Quien trae a España un bien cultural, desde fuera de la Unión o desde otro Estado miembro, puede presentar una declaración de importación ante el Ministerio de Cultura (Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico) en un plazo máximo de tres meses desde la importación. No paga tasa y se presenta por registro o por la sede electrónica.

La ventaja es grande: durante diez años, prorrogables otros diez, permite volver a exportar el bien sin que se le deniegue el permiso y sin pagar la tasa. Para una obra comprada como inversión, o que puede tener que salir otra vez por una herencia o un traslado, es la diferencia entre no pagar nada y pagar hasta el 30 % del tramo alto de su valor.

Se acompaña la acreditación de la propiedad y, si el bien viene de fuera de la Unión, la declaración aduanera de importación; si llega desde otro Estado miembro, un justificante de la fecha de entrada. Los tres meses pasan rápido y el trámite se olvida con facilidad: lo práctico es encargarlo el mismo día en que la obra llega.

Managora presenta la declaración de importación en su nombre con su autorización y le guarda el justificante para la futura salida. Puede ver el importe actualizado en la ficha de la declaración de importación de bienes culturales.

El Reglamento (UE) 2019/880 controla la entrada de bienes culturales desde fuera de la Unión. Prohíbe introducir los bienes de la parte A de su anexo que salieron ilegalmente del país donde se crearon o descubrieron, y para importar los de las partes B y C exige un documento previo: una licencia de importación (parte B) o una declaración del importador (parte C).

La parte B recoge los productos de excavaciones arqueológicas y los elementos de monumentos desmembrados con más de 250 años, sea cual sea su valor: necesitan licencia. La parte C recoge otras categorías de bienes con más de 200 años y un valor en aduana de 18.000 euros o más por artículo: basta la declaración firmada por el titular de las mercancías. Las dos se tramitan en el sistema electrónico ICG de la Comisión Europea, que funciona desde el 28 de junio de 2025 y está conectado con la aduana. En España es competente la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico.

La licencia se pide antes de importar. La autoridad pide lo que falte en 21 días y resuelve en 90 días desde que la solicitud está completa. Hay que probar que el bien salió legalmente del país donde se creó o descubrió, con su certificado o licencia de exportación si ese país los tenía; si el país no puede determinarse con fiabilidad o el bien salió antes del 24 de abril de 1972, vale la prueba de que salió legalmente del último país donde estuvo más de cinco años. La licencia vale en toda la Unión, pero no prueba la procedencia ni la titularidad lícitas.

En la aduana, la declaración de importación (H1) lleva el código del documento: L049 para la licencia, L050 para la declaración del importador y L065 para las ferias. Sin él, la AEAT no admite la declaración. Quedan fuera los bienes de retorno, los que entran para su custodia por una autoridad pública y la importación temporal con fines educativos, científicos, de conservación, restauración, exposición, digitalización, artes escénicas, investigación o cooperación entre museos. Para las ferias de arte comerciales en importación temporal basta la declaración del importador; si después el bien pasa a otro régimen, hace falta la licencia.

En el ICG presenta el titular de las mercancías, y la declaración la firma él. Managora le prepara la solicitud, el documento normalizado que describe el bien y el dosier de procedencia para que lo presente con todo en orden. Pídala antes de embarcar: la mercancía puede estar en depósito temporal 90 días, y la licencia puede tardar más. La declaración en aduana la presenta su empresa o un representante aduanero inscrito; nosotros le dejamos preparados la licencia o la declaración del importador y su código.

La primera consecuencia es la pérdida del bien: los bienes del patrimonio histórico exportados sin la autorización pasan a pertenecer al Estado, y son inalienables e imprescriptibles. No hay plazo que lo sanee ni venta posterior que lo arregle.

La segunda es sancionadora. Exportar o expedir bienes del patrimonio histórico sin la autorización necesaria, o con una obtenida con datos o documentos falsos, es delito de contrabando cuando el valor llega a 50.000 euros. Por debajo de esa cifra es infracción administrativa de contrabando, con multa del 200 al 350 % del valor (como mínimo, 1.000 euros) y comiso del bien.

Managora no lleva defensas penales. Lo que hacemos es evitar que se llegue ahí: comprobar antes de mover la obra si necesita permiso, tramitarlo, y dejar documentada la importación para que la siguiente salida sea limpia.