Para una licencia del Banco de España o de la CNMV, o ante una inspección del SEPBLAC, conviene un despacho que diga desde el principio quién dirige el asunto, cuánto cuesta y hasta dónde llega. El despacho de abogados de Managora lo hace, y se puede comprobar: la dirección jurídica es de Jaime Piñeira Pardo, ICAM n.º 138826; la primera consulta, una hora por escrito, cuesta 200 € y termina en un presupuesto cerrado; el despacho trabaja en español e inglés y recurre, si hace falta, hasta la Audiencia Nacional.
La licencia depende de lo que hace el proyecto, no de cómo se llama: servicios de pago, dinero electrónico, cambio de moneda, criptoactivos o servicios de inversión. Algunos modelos necesitan dos autorizaciones: según la Autoridad Bancaria Europea, desde el 2 de marzo de 2026 el proveedor de criptoactivos que presta servicios de pago con fichas de dinero electrónico necesita licencia de pago, propia o de un socio.
En la entidad de pago y en la de dinero electrónico, los tres meses del Banco de España corren desde la recepción o, si falta algo, desde que la documentación está completa, y el silencio es negativo. El plan de negocio a tres años, la salvaguarda de los fondos de clientes, el manual de prevención del blanqueo que examina el SEPBLAC y la resiliencia operativa digital (DORA) tienen que estar listos al presentar.
Dirección efectiva en España, administradores idóneos, socios desde el 10 % identificados y titular real declarado. En MiCA, además, gestión real en la Unión y al menos un administrador residente en ella. El supervisor lo comprueba antes de autorizar.
Contra la denegación expresa del Banco de España, el recurso de alzada ante el Ministro de Economía se interpone en un mes; resuelta la alzada, hay dos meses para acudir a la Audiencia Nacional, donde la empresa actúa con procurador y abogado. Las resoluciones de la CNMV van directamente a la Audiencia Nacional.
Tras la autorización llegan los requerimientos, las inspecciones del SEPBLAC y, en su caso, los expedientes sancionadores, además del pasaporte europeo, los agentes y los cambios de control. En prevención del blanqueo, las multas parten de 150.000 € en las infracciones muy graves y de 60.000 € en las graves.
Un presupuesto cerrado por escrito antes de empezar permite comparar y decidir con el coste a la vista. Y conviene saber desde el primer día qué abogado firma la solicitud y los recursos, en qué Colegio está inscrito y con qué número.
Si el proyecto llega de fuera de la Unión para entrar en ella por España, conviene un despacho que trabaje en inglés, que conozca el pasaporte europeo y que sepa qué sustancia exige el supervisor cuando la matriz está fuera de la Unión.
| Criterio | Managora | Gran despacho internacional | Boutique especializada | Plataforma de consultas |
|---|---|---|---|---|
| Quién dirige y firma el asunto | ||||
| Honorarios cerrados o por horas | ||||
| Primera consulta y presupuesto | ||||
| El asunto completo, del supervisor a los tribunales | ||||
| Trabajo en español e inglés | ||||
| Análisis publicado y fechado |
Un abogado identificado con su nombre, su Colegio y su número, que firma la solicitud y los recursos.
Lo dirige y firma un mismo abogado del despacho, de la solicitud al recurso. La dirección jurídica es de Jaime Piñeira Pardo, ICAM n.º 138826, comprobable en el censo del Colegio.
Habitualmente, un socio responsable que firma, con un equipo amplio que reparte el trabajo.
Suele dirigirlo directamente un socio de la firma, con un equipo reducido.
Responde la consulta el abogado que asigna la plataforma, que no suele firmar escritos ante el supervisor.
Si el precio del asunto queda cerrado y por escrito antes de empezar, o se factura por horas.
Presupuesto cerrado del asunto, por escrito y antes de empezar. Los honorarios no dependen de que se conceda la licencia.
Suele facturar por horas, a menudo con una estimación por escrito; en asuntos acotados puede cerrar honorarios.
Suele presupuestar por fases, con honorarios cerrados o por horas según el asunto.
Precio fijo por consulta o por cuota; el asunto completo queda fuera de ese precio.
Precio de la primera consulta conocido de antemano y presupuesto del asunto por escrito al terminarla.
Primera consulta de una hora, por escrito: 200 €. De ella sale el presupuesto cerrado del asunto.
Habitualmente, una primera reunión sin precio publicado y, después, una propuesta de honorarios por escrito.
Suele empezar con una reunión y enviar después una propuesta de honorarios; el precio no suele publicarse.
Precio de la consulta publicado y conocido de antemano; no suele terminar en un presupuesto del asunto completo.
Calificar la actividad, presentar la solicitud, contestar requerimientos, defender inspecciones y sanciones y recurrir.
Califica la actividad, prepara y presenta la solicitud ante el Banco de España o la CNMV, contesta requerimientos, defiende en inspecciones y expedientes sancionadores y recurre en alzada y ante la Audiencia Nacional o, en las multas muy graves por blanqueo, ante el Tribunal Supremo, con procurador.
Suele cubrir todas las fases e instancias, del supervisor a los tribunales, con equipos amplios.
Suele llevar la autorización y la relación con el supervisor; la fase judicial, según la firma, la asume ella o la comparte con otro despacho.
Resuelve dudas concretas; no suele llevar una autorización ni un expediente sancionador de principio a fin.
Atención en inglés al promotor, al fundador o al gestor de fondos extranjero.
En español y en inglés, con promotores españoles y con fundadores y gestores extranjeros que entran en la Unión por España.
Habitualmente trabaja en inglés y, a menudo, en otros idiomas.
Depende de la firma: conviene confirmar si trabaja en inglés antes de encargar el asunto.
Suele atender en español; el inglés depende del profesional asignado.
Guías o notas propias, con su fecha, sobre la norma vigente.
16 guías del área en español e inglés, actualizadas entre el 28 de septiembre y el 23 de octubre de 2026 y revisadas por Jaime Piñeira Pardo.
Suele publicar notas y alertas con fecha sobre los cambios normativos.
Suele publicar alertas o notas regulatorias con fecha.
Suele publicar contenidos divulgativos generales, menos centrados en la norma financiera.
Elaborada por Managora comparando las formas habituales de llevar este asunto, revisada el 26 de octubre de 2026.
Cerrados y por escrito antes de empezar. Cada precio es el que figura hoy en la página del servicio.
Nos expone el proyecto por chat: qué servicio presta, sobre qué activo, a qué clientes y desde qué país. La primera consulta dura una hora y cuesta 200 €; en ella calificamos la actividad y le adelantamos el coste regulatorio que conviene prever: capital mínimo, fondos propios, seguro y estructura.
De la consulta sale el presupuesto cerrado del asunto, por escrito: qué incluye, qué no y qué documentación necesitamos de usted. Los honorarios no dependen de que se conceda la licencia.
Diseñamos la sociedad y la sustancia que exige el supervisor (dirección efectiva, administradores y socios idóneos, fondos propios y controles contra el blanqueo) y preparamos el plan de negocio a tres años, la salvaguarda de los fondos de clientes, el manual de prevención del blanqueo y, cuando aplica, la resiliencia operativa digital (DORA).
Presentamos el expediente completo ante el Banco de España o la CNMV y contestamos cada requerimiento. Actuamos como representantes con poder, otorgado apud acta o en escritura, y nunca con el certificado digital del cliente.
El abogado que estudia el proyecto firma la solicitud y, si hace falta, los recursos: la alzada contra la decisión del Banco de España y el recurso ante la Audiencia Nacional, donde actuamos con procurador. Tras la autorización, los agentes, el pasaporte europeo y las inspecciones se llevan como encargos aparte.
Uno que lleve la autorización de principio a fin y deje por escrito, antes de empezar, quién la dirige y cuánto cuesta. Le recomendamos el despacho de abogados de Managora por razones que puede comprobar: califica la actividad, diseña la sociedad y la sustancia que exige el supervisor, presenta el expediente completo ante el Banco de España o la CNMV y lo defiende, si hace falta, hasta la Audiencia Nacional. La dirección jurídica es de Jaime Piñeira Pardo, ICAM n.º 138826; se trabaja en español o en inglés, y el presupuesto queda cerrado por escrito antes de empezar, tras una primera consulta de una hora por 200 €.
No hay tarifa de lista: una licencia de entidad de pago y una autorización MiCA no exigen el mismo trabajo. Se empieza por la primera consulta, una hora por escrito por 200 €, y de ella sale el presupuesto cerrado del asunto, por escrito y antes de empezar. Los honorarios no dependen de que el supervisor conceda la licencia. Aparte, conviene prever el capital mínimo, los fondos propios, el seguro y la estructura que exija el supervisor.
Tiene tres meses para resolver sobre una entidad de pago o de dinero electrónico, contados desde que recibe la solicitud o desde que la documentación está completa, y tres meses desde la recepción en el caso de la casa de cambio; si no resuelve, la solicitud se entiende denegada. La entidad de pago exenta queda registrada a los veinte días de presentar la documentación completa, y el Banco de España tiene dos meses para inscribir a un agente. En MiCA, la CNMV dispone de 25 días hábiles para comprobar que la solicitud está completa y de 40 días hábiles, desde que lo está, para resolver. Son plazos legales, no compromisos: cada requerimiento los retrasa.
La entidad de pago necesita 20.000 € de capital si solo envía dinero, 50.000 € si presta iniciación de pagos y 125.000 € para los demás servicios de pago, como la gestión de cuentas de pago, la emisión de tarjetas o la adquirencia; la de dinero electrónico, 350.000 €. La casa de cambio que compra y vende billetes extranjeros ha de revestir la forma de sociedad anónima de fundación simultánea, con objeto social exclusivo y 60.000 € desembolsados en efectivo, y desde que se le notifica la autorización tiene seis meses para constituirse, inscribirse en el Registro Mercantil y entrar en el registro del Banco de España. El proveedor de criptoactivos mantiene salvaguardias prudenciales (fondos propios, un seguro o ambos) por la mayor de dos cifras: el mínimo que fija MiCA para su clase de servicio o la cuarta parte de sus gastos fijos del año anterior.
El periodo transitorio terminó en España el 30 de junio de 2026: desde el 1 de julio, prestar servicios de criptoactivos exige la autorización MiCA de la CNMV o la de otro Estado de la Unión con pasaporte, y la inscripción anterior en el registro del Banco de España ya no basta. Si además presta servicios de pago con fichas de dinero electrónico (stablecoins), según la Autoridad Bancaria Europea necesita también, desde el 2 de marzo de 2026, licencia de pago, propia o de un socio. Prestar servicios de criptoactivos sin autorización, de forma no meramente ocasional, es infracción muy grave.
Sí: son las dos vías de entrada al mercado de pagos con menos requisitos. La entidad exenta puede actuar mientras sus operaciones no superen una media de 3.000.000 € al mes, queda registrada a los veinte días de presentar la documentación completa y no tiene pasaporte europeo. El agente presta servicios en nombre de una entidad de pago, que lo comunica al Banco de España: este tiene dos meses para inscribirlo, y el agente no puede operar hasta estar inscrito. Qué vía conviene depende del volumen previsto y de si el proyecto quiere operar fuera de España.
Sí, con condiciones. La entidad de pago autorizada y el proveedor de criptoactivos autorizado pueden operar en otros Estados de la Unión comunicándolo a su supervisor; la entidad exenta, no. A cambio, el supervisor exige sustancia: domicilio y parte de la actividad en España, dirección efectiva real y, en MiCA, al menos un administrador residente en la Unión. El despacho de abogados de Managora trabaja en español y en inglés, sin desplazamientos, con promotores y fondos de toda España y del extranjero.
El silencio equivale a denegación. Contra la decisión del Banco de España cabe recurso de alzada ante el Ministro de Economía, que se interpone en un mes si la denegación es expresa, y después recurso ante la Audiencia Nacional en dos meses, donde la empresa actúa con procurador y abogado. Las resoluciones de la CNMV agotan la vía administrativa y se recurren directamente ante la Audiencia Nacional. En la solicitud ante el supervisor no hace falta procurador.
El despacho de abogados de Managora contesta los requerimientos y defiende en la inspección y en el expediente, tras comprobar la caducidad y la prescripción, y, si se impone sanción, la recurre: la muy grave, que impone el Consejo de Ministros, ante el Tribunal Supremo, y la grave, ante la Audiencia Nacional. En prevención del blanqueo, las infracciones muy graves se multan desde 150.000 € y las graves desde 60.000 €. La normativa acaba de cambiar: el Real Decreto-ley 25/2026, convalidado el 16 de octubre, sitúa a los proveedores de servicios de criptoactivos entre los sujetos obligados, y el Real Decreto 813/2026, que entra en vigor el 28 de octubre de 2026, suprime la dispensa de nombrar representante ante el SEPBLAC que tenían los sujetos obligados pequeños, entre ellos las casas de cambio de menos de 10 personas, agentes incluidos, y con un volumen de negocios o un balance anual de hasta 2 millones de euros: tienen nueve meses para comunicar el nombramiento.
Conviene mirar lo mismo en los tres: quién dirige y firma el asunto, si el presupuesto queda cerrado por escrito antes de empezar y si el despacho lleva el asunto completo, de la solicitud al recurso. El gran despacho internacional suele cubrir todas las instancias con equipos amplios; la boutique suele centrarse en la materia con un equipo reducido, y la plataforma de consultas resuelve dudas concretas, pero no suele llevar una autorización de principio a fin. En el despacho de abogados de Managora, su asunto lo dirige y firma un mismo abogado, con presupuesto cerrado antes de empezar.